no se puede celebrar la consulta

Puyazo del Gobierno a los abolicionistas: habrá toros en San Sebastián este verano

El Gobierno retrasa hasta marzo el plazo para responder a la petición del ayuntamiento para celebrar una consulta antitaurina, lo que hace inviable que se pueda anular la feria

Foto: López Simón sale a hombros en la última corrida de la feria de la Semana Grande de San Sebastián, de 2016. (EFE)
López Simón sale a hombros en la última corrida de la feria de la Semana Grande de San Sebastián, de 2016. (EFE)

El Ayuntamiento de San Sebastián ha asumido que habrá toros en la próxima Semana Grande, aunque se celebre la pretendida consulta antitaurina y los resultados sean contundentes en contra de las corridas. La decisión del Gobierno central de ampliar hasta mediados de marzo el plazo para responder a la petición sobre la convocatoria del referéndum hace que esta cita con las urnas no se pueda celebrar, en su caso, hasta mayo o junio, lo que hace prácticamente inviable que se pueda anular una feria taurina con tan estrecho margen de tiempo.

Como primer efecto, la jugarreta del Ejecutivo de Mariano Rajoy de ampliar en un mes y medio el plazo para tomar una decisión, y que expiraba este 28 de enero, ha provocado que el consistorio donostiarra no pueda celebrar la consulta el próximo 19 de febrero, como era la pretensión del alcalde, Eneko Goia (PNV). Pero en última instancia, las consecuencias de este juego con los tiempos van más allá de la mera celebración del referéndum en sí y abren la puerta de par en par a que los toros regresen este año a la arena de Illumbe. De este modo, el Gobierno español ya ha puesto una primera banderilla a los antitaurinos sin necesidad de tener que posicionarse sobre el fondo de la cuestión.

En todo caso, el Gobierno español puede allanar el camino a los toros y negar el permiso para la celebración de la consulta al ayuntamiento, a quien entonces solo le quedaría la baza de la Justicia para poder preguntar a la ciudadanía sobre la continuidad o no de la fiesta nacional en la ciudad. Sin embargo, los precedentes no son nada buenos para los intereses del Ejecutivo local, que ha sufrido dos cornadas de los tribunales con sendas sentencias en contra del referéndum.

De hecho, la actuación judicial obligó al alcalde a tener que dar su brazo a torcer y pedir permiso al Gobierno para poder celebrar la consulta. Goia siempre se había negado a pedir al Estado que avalara el referéndum antitaurino, pero finalmente se vio forzado al no tener otra vía. En primer lugar, por la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de declarar la “nulidad radical” del Reglamento Municipal de Consultas Ciudadanas aprobado la pasada legislatura, que constituía el marco legal para la celebración de la consulta. Y en última instancia por la decisión del Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo de San Sebastián de suspender cautelarmente la consulta del 19 de febrero que había convocado el ayuntamiento mientras se dirimía en el Supremo el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del TSJPV. El tribunal fundamentó su decisión ante el “riesgo” de que la sentencia definitiva del Supremo llegara más tarde de la fecha establecida para el referéndum, por lo que el fallo no tendría efectividad.

A expensas de la decisión que adopte el Gobierno sobre la consulta, de momento el ayuntamiento ya ha asumido que, de gozar del permiso, no va a haber tiempo material para suspender la feria taurina. Goia ha reconocido este martes que hasta junio, “previsiblemente”, no se podría celebrar la consulta, ya que existen unos plazos que marca la Norma Orgánica de Participación Ciudadana que se aprobó en pleno en octubre para dar sustento legal al referéndum antitaurino a raíz de los varapalos judiciales, y que obliga a tener el permiso del Estado para poder sacar las urnas a la calle, en virtud de lo que establece la Ley de Bases de Régimen Local.

Las protestas antitaurinas han llegado hasta Sevilla. (EFE)
Las protestas antitaurinas han llegado hasta Sevilla. (EFE)

“No nos queda más que esperar”, se ha resignado el alcalde, molesto por la situación de “incertidumbre” para el ayuntamiento que ha generado la decisión del Gobierno español de demorar su respuesta, comunicada a través de una resolución remitida al consistorio. Este retraso obligará a “tomar algunas decisiones”, si bien Goia ha rehusado aportar mayor concreción. A este respecto, los servicios jurídicos están analizando si el acuerdo alcanzado entre los gobiernos vasco y central para no llevar a los tribunales la Ley Municipal Vasca, que regula la celebración de consultas populares por los municipios, abre una posible salida. Pero el regidor ‘jeltzale’ no tiene muchas esperanzas en esta vía. Intuye que esta normativa no supondrá “cambios sustanciales” en este sentido, porque determina que se debe seguir el procedimiento que marca la Ley de Bases de Régimen Local, que no es otro que pedir autorización al Consejo de Ministros.

La familia Chopera, que ha posibilitado el regreso de los toros a Illumbe en los dos últimos veranos tras el veto que había impuesto la anterior legislatura del Gobierno municipal de EH Bildu, ya está trabajando para configurar el cartel de la próxima feria taurina y tiene previsto solicitar el alquiler del coso donostiarra. Ante esta segura petición, Goia no se ha querido pronunciar y ha señalado que habrá que “analizarla”. No obstante, ha sido muy sintomático que afirme que será “complicado” negar el permiso sin que se haya celebrado una consulta y se haya dado un posicionamiento claro de la ciudadanía (aunque el referéndum no es vinculante, el alcalde se ha comprometido a respetar el resultado si es “contundente”). Según ha expuesto, tratándose de una actividad “legal, con independencia de lo que cada uno opine, y no hay ninguna otra” propuesta, el ayuntamiento debería dar una respuesta en tiempo “razonable” para que se pudiera organizar la feria taurina.

Pero las experiencias vividas en Euskadi hacen que todas las posibilidades estén abiertas, incluso la denegación del permiso. Cabe recordar que la familia Chopera y el Grupo Bailleres solicitaron en diciembre el arrendamiento de la plaza de toros de Vitoria del 4 al 6 de agosto con motivo de las Fiestas de la Virgen Blanca, tras quedar en primera instancia desierto el concurso para el alquiler del coso, pero el ayuntamiento, gobernado por el PNV, ha rechazado esta petición.

La pregunta que el Gobierno donostiarra de PNV y PSE ha planteado al Gobierno para recibir el visto bueno es: “¿Quiere usted que el ayuntamiento destine recursos municipales para la realización de corridas de toros?”. En la práctica, esta formulación implica la prohibición o no de los festejos taurinos, ya que Illumbe, de propiedad municipal, es la única plaza habilitada para celebrar corridas de toros. La consulta que el consistorio pretende celebrar cuenta con el impulso de la plataforma Donosti Antitaurina Orain, que, con 9.000 firmas recogidas, superó el requisito del 5% del censo de San Sebastián que establecía el Reglamento Municipal de Consultas Ciudadanas, el cual fue anulado por el TSJPV.

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