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El alcalde recula y San Sebastián pedirá permiso para la consulta sobre los toros
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El alcalde recula y San Sebastián pedirá permiso para la consulta sobre los toros

Eneko Goia (PNV) siempre se había negado a pedir autorización al Estado y ahora se ha visto forzado ante los reveses judiciales sufridos para llevar adelante la consulta

Foto: Manifestación convocada por la plataforma Donostia Antitaurina Orain! para protestar por la recuperación de las corridas de toros durante las fiestas de Semana Grande. (EFE)
Manifestación convocada por la plataforma Donostia Antitaurina Orain! para protestar por la recuperación de las corridas de toros durante las fiestas de Semana Grande. (EFE)

La consulta popular sobre la continuidad de los toros en San Sebastián estará en manos del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, que tendrá que determinar si autoriza al ayuntamiento a preguntar a la ciudadanía por la prohibición de los festejos taurinos en la ciudad. El alcalde, Eneko Goia (PNV), va a dar este jueves el paso que siempre se había negado a acometer: pedir al Estado que avale el referéndum antitaurino. Y lo hará obligado por la actuación de la Justicia, que ha cortado las vías emprendidas por el Gobierno municipal para celebrar la consulta sin tener que recurrir al permiso del Ejecutivo del PP.

El pleno del ayuntamiento aprobará este jueves “la solicitud de autorización al Gobierno de la nación para la realización de la consulta popular sobre las corridas de toros” a instancias del propio Goia, que ha decidido emprender el camino previsto en la legislación estatal para poder llevar a cabo este refrendo ante los dos varapalos judiciales sufridos. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) declaró en abril la “nulidad radical” del Reglamento Municipal de Consultas Ciudadanas aprobado la pasada legislatura por unanimidad de todos los grupos, incluido el PP, y que constituía el marco legal para la celebración del referéndum antitaurino, al aceptar el recurso presentado por la Abogacía del Estado. El ayuntamiento recurrió la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo y, a la espera de la resolución judicial definitiva, convocó la consulta para el próximo 19 de febrero. Sin embargo, el Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo de San Sebastián suspendió cautelarmente la celebración de la consulta en un auto fechado en septiembre, ante el “riesgo” de que la sentencia definitiva llegue más tarde de la fecha establecida para el referéndum, con lo que el fallo no tendría efectividad.

La autorización o no de la consulta sobre los toros en la capital guipuzcoana será de las primeras decisiones que deba adoptar el nuevo Consejo de Ministros

Cerrada esta vía, el ayuntamiento, gobernado en coalición con mayoría absoluta por PNV y PSE, aprobó en pleno una nueva Norma Orgánica de Participación Ciudadana para dar sustento legal al referéndum antitaurino con un reglamento alternativo. Esta requiere del permiso del Estado para poder sacar las urnas a la calle, tal y como establece la Ley de Bases de Régimen Local. Ahora, el Gobierno municipal va a cumplir con este requisito, al aprobar en sesión plenaria el acuerdo para solicitar de forma oficial la correspondiente autorización.

De este modo, la autorización o no de la consulta antitaurina será una de las primeras decisiones que deba adoptar el Consejo de Ministros que se derive del nuevo Gobierno, que oficializará este lunes Rajoy en la jura de su cargo en presencia de Felipe VI, una vez sea investido presidente del Gobierno este sábado en segunda votación en el Congreso de los Diputados. La decisión en torno al referéndum por la continuidad de los toros en San Sebastián llegará, además, en plena tormenta taurina en Cataluña, tras la decisión del Constitucional de anular la ley de esta comunidad que prohíbe las corridas de toros.

El alcalde siempre se había negado

Goia siempre se ha negado a tener que pedir permiso al Estado para llevar a cabo una consulta popular impulsada por las cerca de 9.000 firmas recogidas por la plataforma Donostia Antitaurina Orain, y que superan el requisito del 5% del censo de San Sebastián establecido por el Reglamento Municipal de Consultas Ciudadanas, ahora anulado por el TSJPV. Pero el alcalde ha tenido que dar su brazo a torcer y se ha visto forzado a seguir la vía que determina la Ley de Bases de Régimen Local, que recoge la posibilidad de que los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno y autorización del Gobierno de la nación, sometan a consulta popular aquellos asuntos de competencia municipal y de carácter local que sean de “especial relevancia para los intereses de los vecinos”, con excepción de los relativos a la Hacienda local.

Se trata, en todo caso, de un permiso crítico. El regidor del PNV ha censurado el ataque de la Justicia a la “autonomía municipal”, con una intromisión que ha tildado de “negativa” e “incoherente” con la “democrática participación de los ciudadanos en las decisiones de las instituciones”. Sin embargo, el delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, impulsor de los recursos judiciales, ha replicado que el “único responsable” de este “despropósito” es el Gobierno municipal, por negarse a respetar la Ley de Bases de Régimen Local y continuar con la convocatoria de una consulta “al margen de la ley”, una vez anulado el reglamento municipal por los tribunales. El representante del Ejecutivo español en el País Vasco ha acusado a Goia de “generar frustración” y de “endosar la responsabilidad de su fracaso a quienes solo defendemos que se respete la ley”.

La pregunta del referéndum

La pregunta que planteará el Ejecutivo local para recibir el aval del Gobierno es la siguiente: “¿Quiere usted que el ayuntamiento destine recursos municipales para la realización de corridas de toros?”. En la práctica, esta formulación equivale al veto o no a los festejos taurinos en la ciudad, ya que el coso de Illumbe, de propiedad municipal, es la única plaza en la que se pueden celebrar corridas de toros. Para fundamentar la solicitud de permiso, el acuerdo que se aprobará en pleno defiende que “existe interés en conocer la voluntad de la ciudadanía de este municipio” en relación a la realización de las corridas de toros.

Una manifestación antiturina inaugura la Semana Grande de San Sebastián

La pretensión del Gobierno liderado por Goia es poder llevar a cabo el refrendo antitaurino el 19 de febrero de 2017. Para ello, confía en contar con el aval del Consejo de Ministros a una cita con las urnas que, si bien no es vinculante, el alcalde se ha comprometido a respetar si el resultado es “contundente”. De no obtener el permiso, el ayuntamiento se tendría que agarrar a la última bala judicial del Supremo. El no del gabinete de Rajoy dejaría la celebración del referéndum a expensas de la decisión que adopte este tribunal ante el recurso que presentó el consistorio al fallo del TSJPV, que enterró el camino inicial emprendido para que la ciudadanía se posicione sobre la continuidad de la fiesta nacional en la ciudad.

De obtener el aval del Gobierno, la consulta estará abierta a los mayores de 18 años. Es la principal diferencia que recoge el nuevo reglamento de consultas ciudadanas en relación al anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que abría la participación a partir de los 16 años. Antes de que los tribunales decretasen la suspensión cautelar de la cita con las urnas, el ayuntamiento dio forma al referéndum antitaurino el 14 de julio con la firma de la resolución de la convocatoria de consulta, la cual, según la planificación municipal, contará con la presencia de observadores y se acompañará de una campaña informativa y un debate público que confrontará a defensores y detractores de los festejos taurinos. En juego está el tercer (¿y definitivo?) adiós de San Sebastián a los toros.

La consulta popular sobre la continuidad de los toros en San Sebastián estará en manos del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, que tendrá que determinar si autoriza al ayuntamiento a preguntar a la ciudadanía por la prohibición de los festejos taurinos en la ciudad. El alcalde, Eneko Goia (PNV), va a dar este jueves el paso que siempre se había negado a acometer: pedir al Estado que avale el referéndum antitaurino. Y lo hará obligado por la actuación de la Justicia, que ha cortado las vías emprendidas por el Gobierno municipal para celebrar la consulta sin tener que recurrir al permiso del Ejecutivo del PP.

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