Quién es José Emilio Suárez Trashorras, el condenado por el 11-M que ha solicitado la eutanasia
Recordamos a uno de los tres presos que aún cumple condena actualmente por su implicación en los atentados de Madrid y que ha pedido perdón recientemente a las víctimas
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Cuando se cumplen 20 años de los atentados terroristas del 11-M, son muchos a los que el nombre de uno de los condenados que siguen cumpliendo pena de cárcel por esta masacre en la capital se les ha venido de nuevo a la cabeza. Se trata de José Emilio Suárez Trashorras, nacido en Avilés en 1976.
Exminero y confidente policial, fue condenado a 34.715 años de prisión como cooperador necesario de 192 delitos de asesinato terrorista. Según la Audiencia Nacional, fue quien facilitó los 200 kilogramos de explosivos empleados en los atentados de 2004 y también facilitó su transporte desde la mina Conchita hasta la capital para la célula yihadista que perpetró el ataque.
Trashorras cumple la pena en el Centro Penitenciario de Asturias y está previsto que salga en 2044, tras cumplir 40 años de condena, el tiempo máximo permitido en España. Acaba de pedir perdón a las víctimas a través de su abogado, según publicaba El Comercio: “Pido perdón a todas y cada una de las víctimas, es una mochila que pesa muchísimo”.
Tan solo unos días antes pidió acogerse a la ley de eutanasia como protesta por la falta de tratamiento médico adecuado a su salud mental y la larga condena que afronta. Fue el pasado 1 de marzo cuando se quejaba de no recibir la atención médica ni psicológica pese a tener una enfermedad mental diagnosticada y después de que sus solicitudes de permisos carcelarios hayan sido denegados.
Diagnosticado con esquizofrenia paranoide, fue detenido el 18 de marzo de 2004, tan solo una semana después de los atentados, por facilitar los explosivos a los terroristas que cometieron el atentado. También fue condenado en 2007 a 10 años de prisión por tenencia y tráfico de explosivos, así como por venta de drogas, en la Operación Pipol, por la que ya había sido detenido en 2001. Entonces se convirtió en confidente policial del inspector encargado de estupefacientes en la comisaría de Avilés, Manuel García Rodríguez.
Fue el acusado para quien se solicitó la mayor pena en el juicio por los atentados de Madrid en 2004 y la sentencia final consideró probado que había facilitado el robo de los explosivos en mina Conchita, en el concejo de Belmonte de Miranda, en Asturias. Sabía que el destino de los 200 kilos de explosivos era cometer asesinatos.
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