Ayuso alega que el plan del Tajo deja en el aire la cantidad de agua mensual para Madrid

La guerra del agua está servida. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo Piris, ha expuesto los motivos en los que se sustenta la demanda que la Administración regional ha presentado ante el Tribunal Supremo contra el Plan Hidrológico del Tajo de la Moncloa. La principal razón, contra lo que cabría esperar, no es tanto el cambio en el trasvase como los protocolos que han de emplearse. Apunta a una "excepción para Madrid" por la que se establece un trámite extra que antes no existía, y que es para ellos el principal motivo de discordia.

Según el responsable, cada mes la Comunidad de Madrid deberá hacer una solicitud para recibir la cantidad de agua que dice necesitar, que antes habrá de ser aprobada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Bajo esta premisa, las peticiones que hagan desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso son prorrogables a meses siguientes. Salvo que desde el Estado digan lo contrario, indican desde el Canal de Isabel II —la empresa pública que gestiona el abastecimiento en la región—. La Confederación Hidrográfica del Tajo, responsable de la cuenca, tiene 15 días para responder a estas demandas y "en cualquier momento", prosigue el consejero, puede justificar que una de ellas no se ajusta a las necesidades de la comunidad: "Y ni nos dicen qué criterios van a determinarlo".

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En este sentido, se abre una disyuntiva. "¿Cómo vamos a planificar nuestros recursos con solo un mes de plazo?", se cuestiona el consejero delegado del Canal de Isabel II, Mariano González Sáez, presente en el encuentro. Bajo su experiencia, hay proyectos u obras a corto y medio plazo que "necesitan de mucho más margen" y para los que es "imprescindible" tener constancia previa de los recursos con los que se contará. "No puede ser que tengamos una idea a realizar en un tiempo determinado y de pronto vengan a decirnos que el agua que necesitábamos no la podremos tener", sostiene.

Sin agua para tantos

El Gobierno de Ayuso ve el cambio como algo "drástico" y que "pone en peligro las inversiones" realizadas e "ignora las características singulares de Madrid", de las que ensalzan la "calidad del agua de sus ríos", que abastecen a más de 6,5 millones de madrileños en 174 municipios a través del Canal. Hay 13 embalses repartidos en toda la región, 14 plantas de tratamiento y una red de tuberías que se extiende por casi 18.000 kilómetros. Temen desde la Consejería de Medio Ambiente que, si van a tener un "crecimiento" exponencial en los próximos años, no vaya equiparado de un incremento de los recursos hídricos. Pero estamos en plena sequía.

Es el principal argumento que plantearon desde el ministerio que dirige Teresa Ribera. La titular de Transición Ecológica ya explicó el lunes que el plan anterior ponía en "peligro" la biodiversidad de las cuencas, y no era sostenible ante el mundo en el que vivimos. "Presentaron un recurso el 4 de abril. ¿Eso es noticia hoy?", ironizaba la ministra en una entrevista en el Canal 24 horas de RTVE, en la que ensalzaba las virtudes que a sus ojos tiene esta nueva hoja de ruta y pone en manos del Supremo la respuesta a las reivindicaciones que lanza la Comunidad de Madrid.

Cátedra del Tajo: "El de Ayuso es un movimiento que tiene claros fines políticos"

A las sospechas que sugiere la ministra se suman otros frentes. Desde la Cátedra del Tajo y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Nuria Hernández Mora —que también pertenece a la Fundación Nueva Cultura de Agua— tiene claro que la demanda de la presidenta de la Comunidad de Madrid "solo puede responder a fines políticos". Así de clara se muestra tras tener acceso al contenido de la misma. Hernández Mora pone el foco en que el gran anuncio se vitorea "un día después de que el ministerio deje una imagen positiva tras su foto con Juanma Moreno en Doñana", cuando el tema viene de tiempo atrás.

A lo que se refiere es al acuerdo que este lunes han sellado el presidente de la Junta de Andalucía y la ministra Teresa Ribera, en el que pactaron límites a los regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana y una inversión millonaria para la zona. Cree la experta que el conflicto entre Ayuso y el Plan Hidrológico del Tajo, que amparan otras comunidades (sobre todo del Levante) que han presentado sus respectivos recursos, solo pretende "incendiar el ambiente" en un momento en el que busca "recibir crédito".