"¡Que nos oiga!": el campo no da tregua a Sánchez y vuelve a Madrid por el Tajo-Segura

"¡Que nos oiga la ministra!", se escuchó sobre el escenario. Estaba recién montado, a pocos metros del edificio que alberga el Ministerio de Transición Ecológica. Todo tenía que estar listo para acoger a los regantes, agricultores, tractoristas, trabajadores de supermercado e incluso políticos de toda índole que llegaban a Madrid, procedentes de distintos puntos de España. Vinieron de comunidades como Murcia, Andalucía o Valencia a bordo de camiones, autobuses o tractores para protestar contra el recorte del trasvase del Tajo-Segura. El nuevo plan hidrológico que ultima el Gobierno afecta a muchos de los regantes que utilizan este agua para trabajar la tierra o potenciar su industria. "¿Si no estamos nosotros, quién va a traer la fruta al supermercado? ¡A lo mejor quieren que lo haga Marruecos!", gritaron desde las tablas, en las que confluían los 7.000 asistentes que estima la Delegación del Gobierno. Según el sindicato de regantes (SCRATS), fueron el doble.

La manifestación quería sobrepasar las 5.000 personas que se contaron para otra protesta similar en 2021. Y así fue, más allá de las grandes diferencias entre ambos cálculos. "El agua de la desaladora está carísima, y ellos van a seguir tirando una parte al mar. ¿Por qué no podemos usarla nosotros?", se preguntaba Lucas, un tractorista recién llegado desde Alhama de Murcia. Admitía tener miedo de que su empresa opte por reducir plantilla si baja la producción. La llamada guerra del agua hace tiempo que enfrenta a distintas comunidades, a veces gobernadas por el mismo partido.

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A la llamada de este miércoles acudieron no solo asociaciones de agricultores y regantes. También estuvieron varios líderes de todo el espectro político: desde máximos representantes de Vox, como Santiago Abascal y Javier Ortega Smith, o del PP, con el presidente murciano Fernando López Miras y el candidato popular a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. E, incluso, en contraste, los alcaldes de Totana y Murcia, de Izquierda Unida y PSOE respectivamente, y otros socialistas valencianos junto a cargos de Compromís. Todos venían a defender, desde las antípodas ideológicas, una misma causa: parar el recorte.

El del PSOE es uno de los casos más controvertidos a nivel interno, pues el trasvase produjo un choque directo entre dos de sus barones, Ximo Puig y Emiliano García-Page. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha celebraron con euforia la última resolución del Consejo General del Agua sobre el próximo plan hidrológico, que daba la razón a sus tesis y abogaba por limitar los caudales también para el Tajo. "Es histórico", llegaron a decir fuentes del Ejecutivo autonómico. Pero la respuesta, que defienden en Ferraz y ampara el propio ministerio que dirige Teresa Ribera, no fue vista con buenos ojos por todo el partido.

Los caudales ecológicos

El presidente valenciano pidió volver a convocar al órgano consultivo si no se aceptaban las enmiendas que su Ejecutivo, a la par que el de la Región de Murcia o el Gobierno andaluz presentaron al proyecto que sentará las bases de la gestión hídrica hasta 2027. El barón demandó a los suyos mantener las condiciones que ya existían para el trasvase, y que desaparecen con el nuevo plan para la cuenca. En concreto, es un punto específico del texto el que creó especial resquemor: los caudales ecológicos. Es la primera vez que se concretan cantidades mínimas de agua para cada río. Se fijará primero en siete metros cúbicos hasta 2026. Será entonces cuando está previsto subirlo a ocho. Un año después, a 8,6. Y así, con idea de crear una transición paulatina que dé margen a realizar las obras necesarias para suplir posibles carencias por falta de agua, como lamentan hoy los agricultores.

En el interior del edificio ministerial, alguien entreabría ligeramente una de las ventanas. A los pocos segundos, la volvía a cerrar. Los miles de personas concentradas a las afueras vociferaban contra Teresa Ribera. Pedían su dimisión si no les proporciona, sea como sea, el agua que piden. Otros, en cambio, trataban de diversificar el foco y que este no recaiga solo en el PSOE: "¡No hay que rendirse! Pero tampoco nos fiemos del PP, que luego viene pidiendo agua para todos y solo se la llevan ellos", comentaba de manera informal el ex número dos de Vox y actual candidato a la alcaldía de Madrid, Ortega Smith, a uno de los manifestantes que se acercó a saludarle.

La mayoría de ellos llegaron en los autobuses que, a lo largo de la mañana, iban desembarcando en Nuevos Ministerios. Muchos llegaban desde municipios de la Región de Murcia como Calasparra, Cieza, Alhama o Cartagena. Unos pasos más allá de donde se encontraban los dirigentes de Vox estaba también el alcalde de Totana con Izquierda Unida, Pedro José Sánchez, o el propio regidor murciano, José Antonio Serrano. En este último caso, y al igual que ocurre con los miembros del PSOE valenciano in situ, Serrano también comparte partido con la ministra a la que otros vienen a criticar. Pero las elecciones municipales y autonómicas están a la vuelta de la esquina. Y, tanto Murcia como Valencia, tienen intereses fijados en el no a este recorte. Precisamente estas son dos de las regiones que Vox quiere capitalizar el 28-M. En ambas aspiran a obtener buenos resultados, y eso da mayor relevancia a su presencia en el acto.

"En Totana tenemos ya unas cantidades de agua comprometidas en nuestros planes municipales, en función de lo que estaba previsto con el trasvase. No se pueden cambiar las cosas así de la noche a la mañana, es lo único que pedimos", explicó el alcalde totanero, que dijo apoyar a los agricultores del Levante y lamentó que el asunto esté convirtiéndose en una "guerra" entre comunidades: "Si se nos recortan los recursos, pero no se nos devuelven de otro lado, estamos abocados a la ruina", lamentó Sánchez Pérez en declaraciones a este periódico.

El olor a estiércol impregnaba el paseo de tractores por el paseo de la Castellana. Pitaban una y otra vez contra el recorte. Y es que este es solo el enésimo episodio de la guerra por el agua. El trasvase Tajo-Segura es el mecanismo por el que durante años se han derivado los recursos hídricos del río Tajo a otros embalses para repartirlo entre distintos canales entre regiones. Una compleja estructura a la que ahora algunos tratan de ver las costuras.

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"¡Hay medidas que no responden a criterios técnicos ni medioambientales!", se oyó decir en un momento del discurso que los convocantes lanzaban en mitad de la manifestación. Este argumento es una réplica exacta del que en tantas otras ocasiones defendieron dentro de los gobiernos autonómicos contrarios al trasvase: que la decisión no es experta, sino política e ideológica. Aunque prefiere no adentrarse demasiado en esta última cuestión, la experta en recursos hídricos Nuria Hernández-Mora sí defiende algo con firmeza: "Lo ilegal era seguir como hasta ahora".

Varias sentencias del Tribunal Supremo así lo avalan. Hernández-Mora sigue muy de cerca la guerra del agua, un término que a ella misma no le gusta utilizar. Es miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua y también forma parte de la Cátedra del Tajo. La primera defiende una gestión más sostenible de este bien, y la segunda impulsa la recuperación del río, afectado por el trasvase de agua. La especialista recuerda que la normativa europea exige revisar cada seis años los planes hidrológicos, y el actual en España "incumplía la ley" por no fijar caudales mínimos, máximos y tasas de cambios en todos ellos.