El juez manda a juicio a Medina y Luceño por la estafa del pelotazo con las mascarillas

El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha emitido un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra Luis Medina y Alberto Luceño por el denominado ‘caso mascarillas’ tras la investigación sobre un pelotazo millonario en la operación de venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia. Según la resolución judicial, Luceño se sentará en el banquillo de los acusados por un presunto delito continuado de estafa agravada, un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular y un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular. También por un delito contra la Hacienda Pública.

Por su parte, Medina está acusado por el Juzgado por un delito continuado de estafa agravada y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular. El juicio tendrá lugar cuando se designe fecha en la Audiencia Provincial de Madrid. El auto advierte que contra esta decisión no cabe ya la posibilidad de presentar recurso.

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La Fiscalía presentó un escrito en el que fijó los años de condena que, a su juicio, se debería imponer a ambos empresarios. Para Alberto Luceño, plantea una pena de hasta 15 años. En el caso de Medina, el fiscal pide nueve años. Además, la Fiscalía pidió que ambos indemnizarán a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid con 7,7 millones de euros derivados de las comisiones que cobraron por la operación “y ocultadas conscientemente al Ayuntamiento de Madrid” y por los sobrecostes en la compra del material sanitario para paliar los efectos de la pandemia de Covid.

La decisión de Adolfo Carretero se produce después de que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid haya desestimado los últimos recursos de apelación, confirmando así completamente la instrucción desarrollada por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 47.

Según la Fiscalía, "la intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador".

El fiscal Luis Rodríguez Sol cree que hay indicios suficientes de que los acusados "convencieron" al Ayuntamiento de Madrid de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación" a pesar de las comisiones millonarias que se desembolsaron.