45 pueblos de Madrid sopesan un nuevo modelo de alianza para tener más recursos

Juntos somos más fuertes. Esa tal vez sea la premisa que movió a 45 pueblos de la Comunidad de Madrid a buscar alianzas para hacerse con más financiación autonómica, mayores competencias y menos burocracia. La fórmula para lograrlo tiene un nombre, el de una nueva figura asociativa entre municipios que acaba de introducirse en la región: la Mancomunidad de Interés General. Desde ahora, las localidades madrileñas de menos de 20.000 habitantes pueden solicitar crear o formar parte de una, siempre y cuando se alíen con al menos otros 10 pueblos, la cantidad mínima para presentar un requerimiento a la Administración. Es una vía por la que el Ejecutivo regional les cede competencias en determinadas áreas a la vez que responsabilidades, y a cambio se compromete a darles más financiación a sus ayuntamientos en el reparto del dinero público.

"De momento hay dos agrupaciones, que forman varios municipios, que ya han mostrado interés y estamos trabajando con ellos para ver si presentan su petición", explica Rafael García González, director general de Reequilibrio Territorial de la Comunidad de Madrid. Estos 45 pueblos, a través de las entidades locales en las que ya estaban integrados, parecen mirar a este nuevo horizonte. El Berrueco, Buitrago del Lozoya, Puebla de la Sierra, Somosierra, Torrelaguna, Pinilla del Valle, Gascones... Muchos no llegan ni a los 1.000 habitantes, y el argumento de la Comunidad es que este tipo de medidas "combaten la despoblación" con más capacidades para las áreas menos pobladas. En definitiva, que así podrán hacerse oír mejor y tener más margen de maniobra sobre sus propios recursos, además de una financiación favorable.

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Están distribuidos entre la Mancomunidad Intermunicipal del Sudeste, MISECAM, con 13 corporaciones locales, y otras entidades homólogras de la Sierra Norte: la Mancomunidad de servicios Valle Norte del Lozoya y la Mancomunidad de Servicios, Arquitectura y Urbanismo (MSAU). En estos últimos casos son 33 municipios los que o bien en una, otra u ambas asociaciones, dieron un paso hacia esta nueva denominación.

El procedimiento

En MISECAM, una de las dos mancomunidades interesadas, ya están viendo una "adaptación estatutaria" que deberá aprobar cada uno de los 13 municipios que la componen. Los Ayuntamientos luego tienen que elevar la petición a pleno y lograr su aprobación en cada caso. "Si sólo uno no está de acuerdo o no se cumplen todos los requisitos, no pasarán el filtro", añaden desde la Administración regional. Las de la Sierra Norte que quieren unirse en una única Mancomunidad de Interés General, por otro lado, trasladaron al Ejecutivo su idea de "ahorrar costes" y "profesionalizar" su estructura bajo esta nueva figura, a priori más amplia y potente.

"Decidimos que sean 10 municipios como mínimo porque nos da garantías de que pueden asumir determinados servicios", indican desde la Consejería de Administración Local y Digitalización. Desde el despacho de abogados especializado en este tipo de comunidades, Vecindia, aclaran que "tener más competencias no siempre es mejor". "En la mayoría de casos que hemos visto hay algunas responsabilidades que las entidades locales rara vez quieren asumir por la enorme carga que suponen para sus infraestructuras, como la extinción de incendios", ilustran. Sí ocurre con otras "menos complejas", como la gestión de residuos, recursos hídricos, servicios sociales... "Por lo que hemos visto de otros ejemplos similares [en Castilla y León ya existen las Mancomunidades de Interés General] este nuevo modelo no solapa al anterior, el que ya conocíamos", remarcan los especialistas de Vecindia. Es decir, que aunque para adquirir esta nueva condición se deba renunciar a la anterior, muchas podrán seguir funcionando como hasta ahora.

Los especialistas explican que las mancomunidades existen desde hace tiempo, y que lo que hace esta nueva opción es otorgarles "mayores funciones que antes y más dotación económica" a la vez que "reduce la burocracia administrativa". Además, tras estudiar la medida sostienen que también "obliga a tener personal fijo contratado", cosa que no siempre ocurría en las entidades locales pequeñas.

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En Madrid hay 44 mancomunidades, y entre ellas se encuentran miles de localidades repartidas por todo el territorio. Casi han pasado cinco meses desde la aprobación de la Ley Ómnibus y el Gobierno espera que la puesta en marcha de futuras solicitudes anime a otros Ayuntamientos y sus agrupaciones a ensayar sus opciones bajo esta nueva nomenclatura. "Pero estos cambios son muy lentos", expresan fuentes de la Consejería de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid.

Aunque estas entidades locales operan de forma independiente, el departamento liderado por Carlos Izquierdo se encarga, por ejemplo, de analizar las peticiones de nueva creación. "Una vez se registran, habrá 9 meses de plazo máximo para resolverlas", resalta el responsable de Reequilibrio Territorial y Digitalización.