San Fernando se resquebraja en un tsunami a cámara lenta: "Da igual, los alquileres vuelan"

Así empieza la pesadilla. Hace año y medio, David se encontró una grieta minúscula junto al radiador del salón. Era del tamaño y ancho de un cabello, pero suficiente para meterle el miedo en el cuerpo a alguien que vive a escasos metros de la zona cero de San Fernando de Henares. Desde su balcón, este vecino ve cada día las tolvas y las máquinas que extraen agua e inyectan mortero en el subsuelo, produciendo un sonido repetitivo y machacón que se te mete en el cerebro, desde la mañana hasta el fin de la tarde, hasta el día en que los obreros encuentren la forma de despertar a los vecinos de este mal sueño.

"Para mí es como ver un tsunami", dice David. El bloque que tiene delante está vacío, hace meses que sus vecinos viven de alquiler en alguna otra parte, el de detrás está condenado y a la espera de demolición, el de más allá ya no existe. El siguiente es el suyo. Es una ola de destrucción a cámara superlenta que comenzó hace 15 años. Tras detectar la pequeña grieta, habló con una de las vecinas y esta le metió en un grupo de WhatsApp de afectados. "Al poco me dijo que por mi situación me tenía que sacar del grupo", explica. Aún no podía ser considerado afectado, pero solo ha hecho falta medio año para que su bloque de viviendas en la calle Virgen del Templo esté resquebrajado de arriba a abajo.

"Todo el mundo me lo decía, que cuando empieza a aparecer la primera grieta es cuestión de seis o siete meses", dice, "pero es brutal, se ha complicado la cosa de una manera..."

La urbanización partida en dos

María Jesús vive en una urbanización en la calle Pablo de Olavide. Originalmente, eran 39 viviendas repartidas en dos plantas, pero ahora la mitad de la urbanización está dividida por una valla. Por suerte para ella, su casa está en el lado que seguirá en pie. Las otras, más cercanas a la zona cero, van a ser demolidas próximamente. "Ellos están desalojados con declaración de ruina, que les han ampliado hasta septiembre y van a tirar media urbanización: vamos a pasar a ser 24 vecinos, no sé si legalmente habrá muchos casos donde esto se dé, que una comunidad de vecinos se parta por la mitad.", expresa a otra vecina", por lo que los gastos de comunidad van a ser el doble".

Pagar más de comunidad podría parecer el menor de sus problemas ahora mismo a tenor de lo que se cuece en el barrio, pero es porque María Jesús —como el resto de vecinos— alberga la esperanza de no tener que marcharse, de volver cuando se ha marchado y de que, un día, todo esto acabe. En su caso, fue en torno a 2012 cuando vieron las primeras grietas. En su momento ya fueron desalojados y lograron regresar a sus casas una vez concluidos los trabajos. Les aseguraron que la pesadilla había terminado para ellos.

El metro, sin embargo, seguía mandando señales de que algo seguía ocurriendo bajo tierra. "Desde el primer momento, los vagones salían de los túneles con barro", recuerda María Jesús. Desde su apertura, la línea ha cerrado nueve veces, en 2008, 2011, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021 y 2022. El 23 de agosto fue el último día que lo vieron abierto, aún no hay fecha para su reapertura. En total, de los 15 años que lleva inaugurada la línea 7B, ha estado más de 900 días cerrada, casi tres años.

Pasaron los meses y al final ocurrió lo inevitable. Los vecinos de la urbanización que habían visto las primeras grietas "empezaron a decir que esto estaba empezando otra vez", recuerda María Jesús. "Los demás les decíamos que sería el asentamiento del terreno y esas cosas, lo típico". Hasta que en septiembre del año pasado tiraron el edificio de al lado, ahí vieron que la cosa iba en serio. Los vecinos que estaban junto a la junta de dilatación que separa ambos bloques, empezaron a tener grietas en la pared "donde podías meter la mano, hasta que los desalojaron también", apunta esta vecina.

Como el resto, María Jesús alberga la esperanza de no tener que marcharse, de volver cuando se haya marchado y de que, un día, todo esto acabe

En las paredes de la parte que se ha salvado se observan grietas aquí y allá, también unas pequeñas cruces de papel, que al acercar la vista revelan las palabras "fisurómetro de precisión" y una escala en milímetros. Sirven para medir el cambio en las grietas y están por todas partes. Junto a estas tiras de papel también aparecen los testigos, unos pequeños punteros metálicos clavados en las paredes de aquellos edificios que han quedado señalados. A lo largo de los últimos años, estos testigos han ido expandiéndose, sobre todo, hacia el norte.

"Ahora sabemos también que en la calle Jardín, hacia el sur, también están poniendo testigos", añade esta vecina. "Virgen del Templo, 4, que hasta ahora no estaba tocado ahora también lo está", le apunta David. Los vecinos comenzaron librando cada uno la batalla por su lado, y han tenido que formar varias plataformas para compartir información. Muchos de ellos, ya jubilados, se pasan el día de un lado a otro, preguntando y compartiendo información, recorriendo arriba y abajo el triángulo que forman las calles Ventura de Argumosa, Nazario Calonge y La Presa. Dentro de ese trozo de tarta —o más bien, debajo— es donde ahora está sucediendo todo.

Antecedentes

A 900 metros de allí y 14 años antes, el 8 de octubre de 2009, las comunidades de vecinos de los bloques 16 y 18 de la calle Vergara enviaron un correo electrónico a la Consejería de Infraestructuras, alertando de que sus respectivos bloques estaban inclinándose en dirección al túnel del metro, trazado y excavado frente a sus fincas para alojar la extensión de la Línea 7 que les conectaría con la capital. En aquella época, Metro de Madrid se defendía diciendo que no existía ninguna relación entre las obras y los desperfectos en estas viviendas, que habían hecho varios estudios geotécnicos y ninguno determinó que las obras fueran responsables.

Sin embargo, internamente la Comunidad comenzó a sospechar que algo iba mal. Un año después de que Esperanza Aguirre inaugurara las estaciones —con gran pompa y boato a pocos meses de las elecciones— se encargó un estudio hidrogeológico a dos profesores universitarios, que expusieron: "La naturaleza kárstica del sistema subterráneo impide que puedan descartarse subsidencias y colapsos". Su única recomendación fue seguir estudiando el terreno desde un punto de vista geotécnico, pero la obra ya estaba hecha, inaugurada y, por primera vez, cerrada.

La empresa pública que decidió el trazado fue disuelta en 2011. Desde entonces, no hay responsable de lo que pasó

El pecado original de Aguirre estuvo en cambiar el trazado original de la línea de metro para que se desviara hasta el recién inaugurado Hospital del Henares, abriendo de paso dos nuevas estaciones. Aquello alteró el equilibrio subterráneo, provocó infiltraciones de agua desde el Jarama y afluentes cercanos hacia el túnel de metro, disolviendo a su paso las capas de sal cristalizada que había a 40 metros de profundidad, causando oquedades y, por lo tanto, grietas en las viviendas de la superficie. Esta "halita masiva cristalina con síntomas de disolución" tampoco era una sorpresa, como este periodista publicó en su día, es justo lo que apareció en un sondeo realizado en 2005 en el lugar donde hoy se ubica la zona cero, y que coincide con el lugar donde se instaló un pozo de bombeo para recoger, precisamente las aguas subterráneas.

La obra fue ejecutada por Dragados, pero la constructora traspasó la responsabilidad la empresa pública que realizó los cambios al proyecto original: "Sufrió importantes modificaciones por decisión pura y exclusivamente de Mintra", empresa pública creada por Gallardón en 1999 y disuelta por Aguirre 12 años más tarde. Desde entonces, nadie es responsable.

Es la herencia más tóxica recibida por Isabel Díaz Ayuso de sus predecesores. De largo. Ahora, su gobierno tiene que solucionar no solo el problema original, sino también el desaguisado posterior. Hasta cuatro empresas distintas han aparecido por la zona con propuestas para detener este tsunami geológico que ha obligado a desalojar a 84 familias de 12 edificios. Más las que vendrán, porque el número de afectados en el WhatsApp grupal ya se acerca a las 300 personas.

Los vecinos de la calle Vergara llevaron su caso a juicio, pero la Comunidad de Madrid les ganó aquella mano. Fue una victoria parcial, ya que desde entonces el problema se ha convertido en el mayor quebradero de cabeza de los distintos consejeros de infraestructuras, obligados a invertir millones de euros en tratar de solucionar el desaguisado. Solo en realojos, el Ejecutivo regional ha tenido que desembolsar 2,9 millones de euros desde septiembre de 2021 para dar cobijo a más de 120 personas. Esta semana, el consejero David Pérez compareció en Bruselas a petición de varios eurodiputados para ofrecer estos datos. Reveló que el presupuesto asignado para arreglar la situación en este ejercicio y los posteriores es de 122 millones de euros. Hasta ahora se han invertido otros 50, según reveló la CAM en una petición de transparencia formulada por el diario El País hace unos meses.

"No acepté el apartahotel que me daban porque me sacaban a diez kilómetros del pueblo y tengo dos hijos en el instituto"

Tomás, vecino de la calle de La Presa, lleva un año viviendo de alquiler en un apartamento sufragado por la CAM. "No acepté el apartahotel que me daban porque me sacaban a diez kilómetros del pueblo y tengo dos hijos en el instituto", expone. Antonio, un vecino en la misma situación, sí que lo aceptó y se está hospedando desde entonces en un apartahotel del polígono industrial de Las Mercedes, próximo al aeropuerto de Barajas.

En su comparecencia en Bruselas, Pérez dijo algo más: los baremos por los que se indemnizaría a los vecinos que hayan perdido sus casas. "Las indemnizaciones oscilarán entre 136.000 y 355.000 euros", informaron. El límite superior se explica porque muchos vecinos han perdido, además de la vivienda y la plaza de garaje, uno o varios locales comerciales donde realizaban su actividad. En cuanto al inferior, lo mejor es ir directamente a preguntar a la única inmobiliaria del barrio.

¿Qué ofrecen por 136.000 euros?

Hogarland, en la calle de la Presa, tiene justo delante la valla que los separa de la zona cero. En el edificio de al lado sufrieron recientemente un escape de gas porque las grietas afectaron a las tuberías, y aunque fue reparado la puerta sigue desvencijada porque el marco ya no encaja. La propia inmobiliaria tiene una fractura en el cristal del escaparate, atravesando carteles ya descoloridos que ofertan pisos en Nazario Calonge y otras calles aledañas, inmuebles que llegaron a estar valorados en 226.000 euros y ya nadie comprará jamás. Sin embargo, la inmobiliaria sigue abierta.

El encargado, un chico muy joven, explica que en el pueblo hay poca oferta de venta de pisos actualmente. Todo su negocio está hoy en internet, no en la propia oficina, que está habitualmente vacía. Los pocos pisos que se venden en San Fernando, en la zona de Parque Henares, lo hacen a un precio de entre 180.000 y 240.000 euros, muy lejos del rango más bajo de indemnizaciones.

"Por ese precio en el pueblo no hay nada, ocurre también que este es el barrio más barato de San Fernando, con casas antiguas", continúa. Y las más nuevas, como la urbanización con piscina de María Jesús, se han depreciado a consecuencia del fiasco de la Línea 7B, si esta vecina quisiera comprarse algo con las mismas características, no podría encontrarlo a los precios que se están barajando desde la Comunidad. Lo único que les funciona, pese a todo lo que está pasando, son los alquileres. "Un piso en alquiler en esta zona vuela", incluso en aquellos edificios que ya han sido marcados con testigos. "Hay quien se cambia, pero también es verdad que hay gente que prefiere vivir en edificios que puedan ser desalojados, porque dicen que así la Comunidad les paga el alquiler".

Y no solo de ese gasto sino también de la mudanza, el guardamuebles, el agua, la luz, el gas y la telefonía o la conexión a internet del alojamiento de destino. Pérez calculaba que a algunas familias se les han llegado a pagar 60.000 euros en un año incluyendo todos estos conceptos.

Nines estuvo a un paso de vender su casa en mayo de 2022, un semisótano de la calle Virgen del Templo donde vive con su hijo y su nuera. "Mi hijo trabaja en una inmobiliaria y me dijo 'espérate, mamá, a que pasen las vacaciones', y justo a finales de junio vi por primera vez una grieta que era muy poca cosa". Lo primero que pensó fue "no me digas que dentro de nada vamos a tener que pintar".

Meses después, las grietas le habían partido los poyetes. Se quejó y fueron a rellenarlas con silicona, según Nines, para que se callara. Sin embargo, hace menos de un mes ella y todos los vecinos estaban gritando aterrorizados. "Desde el temblor que hubo no he vuelto a casa", dice.

El gran temblor

El martes 3 de enero a última hora de la tarde, todo el edificio empezó a sacudirse. Las grietas comenzaron a aparecer en paredes y techos. Nines tuvo que recurrir a una vecina para poder salir de allí a toda mecha porque la puerta se le había descuadrado y no abría. El medio centenar de vecinos del edificio se vieron de repente en la calle. Esa noche acabaron siendo realojados en hostales y hoteles.

“Los obreros vinieron y nos dijeron que había pequeñas fisuras”, recuerda. Su hijo se encaró a uno de ellos y retiró la silicona de la grieta que tenían en la pared. Se podía ver la calle desde dentro del salón a través de la raja.

¿Pero qué fue lo que provocó aquel terremoto? Todas las sospechas apuntaban, desde luego, a las máquinas que se apostaban en la calle de La Presa, dispuestas a sembrar el subsuelo de pilotes de cimentación. Hoy ya no están. Hace unos días desaparecieron y uno de los obreros le dijo a David "¿no queríais las máquinas fuera? Pues ya las tenéis fuera, quedaos con vuestro amigo el geólogo".

El geólogo

"Preferiría ser denominado como ingeniero geólogo, aunque me falta la asignatura de topografía, o magister en Ingeniería Geológica", dice Antonio Ruiz, un actor secundario en toda esta historia que en las últimas semanas ha pasado a ser un protagonista más. Armado con un georradar del tamaño del carrito de un bebé, lleva semanas ofreciéndose a los vecinos a analizar gratis sus edificios para conocer el estado de lo que hay debajo. Los vecinos, hastiados y desconfiados de toda información oficial, han puesto en él sus pocas esperanzas.

Un sábado de enero, Ruiz visitó la casa de Nines y otras, empleó sus herramientas y, mientras paseaba por la calle de la Huerta a última hora de la tarde, se dio cuenta de algo. Observó el parque cercano y recordó un caso similar que está sucediendo en Cazalla de la Sierra, un pueblo de Sevilla que también padece un problema con casas que se resquebrajan y se hunden desde hace años. "¿No va a ser esto un polje?", se preguntó en voz alta. Un polje o poljé es, dicho mal y pronto, una depresión provocada por el paso de un curso de agua, con la salvedad de que el río en cuestión ha acabado fluyendo de forma subterránea. Este valle plano tiene naturaleza kárstica —rocas solubles en agua— y está delimitado por rocas calizas.

"¿No va a ser esto un poljé?", se preguntó en voz alta el geólogo

Ya en el bar, Ruiz pidió a un vecino que le mostrara la cartografía de los daños en las viviendas. "Ya verás como van a coincidir el mapa con los daños con la cartografía de las fallas", le dijo. Se puso a comparar los planos. "Coinciden perfectamente", dice Ruiz. Y entonces se volcó en redactar un informe técnico que culminó cerca de las 4 de la mañana. En él aventuraba que, si la empresa seguía con su idea de instalar pilotes bajo el edificio, había un alto riesgo de que todo colapsara porque existía una falla bajo el bloque de viviendas.

De repente este geólogo madrileño, que ha trabajado durante años en asuntos similares en Palma de Mallorca, lo vio todo cristalino. Sus cálculos apuntan a un afloramiento de aguas en la zona de Hospital de Henares como fuente del problema. "Seguí las tesis del profesor Gerardo de Vicente", profesor en el Instituto de Geociencias de la Complutense, "y observé que el parque tenía una geomorfología kárstica que está limitada por esas fallas, y una de ellas enlaza directamente con la zona cero", explica Ruiz. "Lo único que he hecho es aplicar esos datos y descubrir que los daños de las casas y las direcciones de fractura cuadran exactamente: pero cuando digo exactamente es exacta-mente".

Los vecinos le compraron la idea con los ojos cerrados y, el lunes siguiente, David llevó el informe técnico elaborado de madrugada por el geólogo a la oficina de la Comunidad de Madrid y al ayuntamiento. Adiós máquinas. Así funcionan las cosas en el reino de la confusión.

A Ruiz le mueve, sin embargo, algo más que el samaritanismo. Dice que les ha ofrecido gratis el diagnóstico al problema, pero la "solución final", como la denomina, tiene un precio, que está ansioso por negociar con la Comunidad de Madrid. "La solución final, entre comillas, que yo tengo ideada, pasa por inteligencia artificial, robótica y mucho georradar", dice.

En algo lleva razón el geólogo. El tsunami superlento de San Fernando de Henares es un problema que no tiene precedentes, por tanto, su solución tampoco los tendrá.

Mientras, los vecinos examinan sus opciones. Si finalmente no pueden volver a sus viviendas, la mayoría preferiría no tener que irse del pueblo, mientras que otros asumen que acabarán en la cercana Coslada. Lo único que todos piden para su próxima casa es una cosa: "¡Que no haya metro!"