El eterno calvario de San Fernando de Henares: vivir entre grietas, ruinas y grúas

Los vecinos de San Fernando de Henares afectados por las obras de la línea 7B de metro se multiplican con los meses. En septiembre de 2021, más de 80 familias fueron desalojadas de su vivienda, alojados en apartahoteles en el Polígono de las Mercedes -a 14 kilómetros del municipio-, o en alquileres que conseguían por su cuenta. El pasado martes, 3 de enero, otras 50 personas tuvieron que abandonar su domicilio después de escuchar un estruendo y temblores en el suelo. "Temblaron hasta las copas", relata Nines. No era un terremoto, sino los daños colaterales de la grúa del terror, una de las protagonistas de la parábola de San Fernando: trabaja para prevenir que otros edificios tengan que ser derruidos, y generó que muchos tuviesen que huir durante una noche para prevenir el desastre. Al día siguiente, los vecinos regresaron a sus casas, pero con multitud de grietas en las paredes.

El hartazgo llegó a tal punto que más de 1.500 personas, según la Delegación del Gobierno, se manifestaron este domingo en el centro de Madrid. Los convocantes aseguran que participaron 10.000 vecinos. La Comunidad de Madrid, por su parte, asegura que los afectados por los derribos serán indemnizados próximamente y que la estructura del edificio que se desalojó la semana pasada no tiene daños estructurales. Lo que sigue es una retahíla de historias sobre el día a día entre grietas, ruinas y grúas.

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Un técnico con chaleco reflectante y casco de obra pasea entre grúas en San Fernando de Henares. En la calle Rafael Alberti se derrumbaron los edificios el 17 de mayo de 2022, después de que las familias fueran desalojadas en septiembre del año anterior. Juan Fuentes, propietario de una de ellas y al frente de la Asociación de Afectados Presa-Rafael Alberti, se acerca a lo que en su día fue su vivienda.

- Aquí no podéis estar. ¿Habéis visto esto? Es por seguridad, dice el técnico de la obra señalando la enorme grieta que recorre un muro levantado hace apenas cuatro meses.

La construcción se ubica en la zona donde derribaron las últimas viviendas. Actualmente, están en marcha las “obras de consolidación” (inyecciones de hormigón bajo el suelo) para evitar más inconvenientes en los edificios colindantes. Las actuaciones se están llevando a cabo en 100.000 metros cuadrados.

- Ya, si soy el propietario de una de las casas que tiraron, qué me vas a contar, señala Juan Fuentes.

El vecino perdió su domicilio y recibió una ayuda de 4.778€ para el alquiler. Solo le duró tres meses entre fianzas y costes de la inmobiliaria.

- Vale, pero salid por favor, me angustia que estéis aquí, continúa el técnico.

Fuentes decide hacer caso y sale de la calle a la que un día llamó hogar. Es uno de los afectados por los daños colaterales de la ampliación de la línea 7B de Metro. Durante 8 meses estuvo alojado en un apartahotel facilitado por la Comunidad de Madrid, en el polígono de Las Mercedes, a 14 kilómetros del municipio. Poco después, consiguió hacerse con un contrato de alquiler a pesar de los quebraderos de cabeza que esto le supuso: “Claro, teníamos que demostrar que podíamos pagar, y las ayudas de la administración se esfumaron a los tres meses. Ahora lo pagamos de nuestros bolsillos, pero por lo menos tenemos donde vivir. La mayoría de la gente tiene que vivir con otros familiares”, continúa.

El calvario de los vecinos de San Fernando viene desde el inicio de las obras de ampliación del metro hace 15 años, pero los mayores inconvenientes se han producido en los últimos meses. Desalojos, derribos, incertidumbre y pocas respuestas. Más de 80 familias han tenido que salir de sus viviendas. En la calle Presa hay 36 familias desalojadas. Se han derruido las viviendas de 28 de ellas, y las restantes están a la espera de demolición. En la calle Pablo de Olavide, suman 13, todas ellas también pendientes de ser derruidas. Y en la calle Rafael Alberti, un total de 32, donde la Comunidad de Madrid permanece haciendo un seguimiento del estado del edificio. El pasado martes, además, se sumaron durante una noche 50 desalojados más. “Tembló el suelo, se caían hasta las copas. Tuvimos que llamar a los bomberos y salir corriendo”, señala Nines. Esta mujer del bajo de la plaza Fuente del Trébol tiene la casa llena de grietas y una máquina de obra taladrándole la cabeza 10 horas al día. Está cansada y pasa las noches en casa de una amiga.

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EFE

Desde la ventana de su salón pueden observarse cientos de escombros acumulados. “Lo que me han ofrecido es ponerme silicona en las grietas, yo eso no lo quiero”, apunta. El martes 3 de enero, los vecinos de este edificio tuvieron que llamar a los bomberos tras el estruendo que escucharon dentro de sus viviendas. Los especialistas les obligaron a abandonar sus domicilios. Al día siguiente, la Comunidad de Madrid remitió un informe acreditando que no existían daños estructurales en el edificio y que podían regresar sin problemas. Ante esta explicación, Juan Fuentes recuerda la conversación del principio: “El informe técnico asegura que las viviendas son seguras a pesar de las grietas, pero no podemos estar al lado de un muro porque es peligroso”.

Desde la consejería de Transportes mantienen que la estructura no corre peligro. “Vivimos acojonados”, expresa Adriana González, del tercero de ese edificio. El panorama desde su balcón es dantesco. Al frente, una montaña de escombros y ruinas. A la izquierda, una grúa roja que se puede tocar desde algunas ventanas –los edificios de enfrente también tiene orden de derribo–, y a la derecha, otros domicilios al lado del desastre. “Llevo aquí 25 años y antes esto era como un pueblo. Pero bueno, no es que quiera volver a eso, pero sí que termine esto ya. ¿Tú te crees, tener este panorama a diario?”, pregunta. Lo mismo le ocurre a David, con la grúa a escasos metros de su balcón. Y algo parecido les pasó a Paca y Cipriano, un matrimonio octogenario del segundo. La mujer permaneció durante horas en un banco esperando una solución, algo que indignó a sus vecinos.

“¿Dónde está la Comunidad de Madrid?”, se preguntaban. “En estos momentos, los técnicos de la consejería de Transportes e Infraestructuras están en la zona evaluando de nuevo los edificios ante el aviso de los bomberos de la Comunidad de Madrid”, señaló la administración. Los vecinos fueron alojados en el Centro Multifuncional Marcelino Camacho durante la noche. El director de infraestructuras, Miguel Núñez, acudió al lugar de los hechos para intermediar con Tragsa, la empresa que se encarga de la gestión; y se desplazó a la Oficina de Atención a los Afectados por la Línea 7B –que ya ha atendido a 228 personas–. Pero “San Fernando es como un pueblo”, señala Juan Fuentes, “y nos avisaron de que después se fue este tipo a un bar a 15 metros, la Sidrería, a tomar unas cañas, sin hablar con los vecinos ni nada”.

Los comercios cercanos también sufren los inconvenientes. La cafetería La Abuela, en la calle Ventura de Argumosa, tuvo inhabilitada una de las puertas y la terraza por las obras. La dueña sirve un café y agradece que, por suerte, no ha sufrido ninguna grieta en las paredes. Por otro lado, los vecinos de la calle Rafael Alberti que se han quedado sin vivienda recibirán una indemnización de entre 136.000 y 355.000 euros, además de una compensación por las plazas de garaje de entre 10.000 y 33.000 euros. Así lo explicaron desde la consejería de Transportes el pasado 21 de diciembre. Quienes no fueron avisados eran los propios afectados. Ese mismo día, Juan Fuentes relató a este diario que se enteraron “por los medios de comunicación”. Todavía no se han reunido con ellos para cerrar la cuantía, pero desde la administración aseguran que tendrán encuentros con todos los afectados de forma individualizada en las próximas semanas.

El anuncio se produjo un día después de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admitiese a trámite por procedimiento de urgencia el caso de los vecinos de San Fernando de Henares, que viajaron a Bruselas para exponer su caso. El próximo día 25, Juan Fuentes se desplazará de nuevo a Bélgica.

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Europa Press

Las viviendas no han sido los únicos inmuebles afectados. Varios edificios municipales también tuvieron que cerrar sus puertas progresivamente desde los últimos 15 años. Una Escuela Oficial de Idiomas, la Sala Municipal de Exposiciones Juan Carlos I, la Casa de la Mujer, el Centro Joven El Laboratorio, la Escuela de Adultos y la Escuela Infantil El Tambor. Desde el consistorio, liderado por el PSOE, también aprovechan para exigir responsabilidades. A apenas cinco meses de las elecciones municipales y autonómicas, la situación del municipio de San Fernando es uno de los puntos calientes a los que se enfrenta el Gobierno del Partido Popular.

El alcalde de la ciudad, Javier Corpa, remitió una carta este lunes a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, solicitando una reunión de urgencia. Corpa se refirió a los inconvenientes de su municipio como “el problema más grave que tiene el Gobierno regional encima de la mesa” y se desplazó hasta Bruselas con los afectados. Por su parte, desde el Partido Popular de San Fernando de Henares apuntaron que los vecinos son su “máxima prioridad” y que continuarán con “lealtad, colaboración institucional y trabajo conjunto, primando el bienestar de los ciudadanos frente a la utilización política y el oportunismo electoral de algunos, que lo único que hace es perjudicar a los afectados".