Los desalojados por la L7B de metro no se fían de promesas: "No van a resolverlo en 6 meses"

La Comunidad de Madrid se comprometió a indemnizar a los vecinos afectados por las obras en la línea 7B del metro en un plazo máximo de seis meses. Pero algunas de las 72 familias perjudicadas por la ampliación del suburbano, que provocó grietas y hundimientos en San Fernando de Henares, no terminan de estar conformes con la última propuesta de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. Los daños obligaron a desalojar 85 viviendas, según el Gobierno regional, pero el Ayuntamiento eleva a más de 400 los inmuebles afectados en todo el municipio. El departamento que dirige David Pérez anunció el adelanto de 4.788 euros a las personas que, desde el 20 de septiembre, tuvieron que abandonar los apartahoteles o pisos en los que vivían, y que la Administración regional pagaba a coste completo, con manutención y suministros incluidos.

Ahora, para quienes haya expirado el plazo del contrato de emergencia que cubría estos gastos, la alternativa que se les ofrece son unos 798 euros al mes. Y no por individuo, sino por inmueble dañado o núcleo familiar, ya sean una, dos o cinco las personas que vivieran en él. Al menos, durante medio año. Antes de esa fecha, o máxime una vez cumplido el plazo, la Consejería abonará todo el sobrecoste que los vecinos paguen de su bolsillo para permitirse un alquiler en la zona. Esa suma vendrá con las indemnizaciones patrimoniales que esperan cerrar antes del mes de abril, y no restará el importe del pago por adelantado a los residentes que lo soliciten. Es decir, complementará la cantidad total con la que se compense a cada afectado, y cuya cifra final se decidirá en función del daño moral –que se estimará, entre otras variables, según la edad o posibilidades del inquilino– o los enseres perdidos, por ejemplo.

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Pero no todos están convencidos. El presidente de la Asociación de Afectados Presa–Rafael Alberti, Juan Antonio Fuentes, que representa a muchos vecinos de las calles con más viviendas dañadas, dice estar harto de promesas tras reunirse hasta en ocho ocasiones con miembros de la Consejería. Aunque todo empeoró en los últimos meses, cuando a muchos como él les comunicaron que la Comunidad no podría seguir haciéndose cargo de los costes ni los apartahoteles, más allá del adelanto que en muchos casos no cubre el precio de vivir en San Fernando de Henares.

Todo comenzó por un lío de papeles para el que no hay explicación clara. Según ambas versiones, los vecinos tenían que entregar unos documentos para prorrogar legalmente las ayudas comunitarias por vivir en situación de emergencia. Hace meses que se les avisó de que en septiembre expiraría el contrato, y que tenían que aportar la información solicitada. En general, eran datos identificativos y acreditativos. Pero los testimonios difieren sobre qué ocurrió después: la Administración sostiene que no se facilitó a tiempo, mientras que hay vecinos que mantienen no haber recibido la notificación o ser contactados, en ocasiones, a poco de finalizar el plazo.

"A mi nadie me notificó que faltaba ningún papel", aseguró una vecina afectada

"A mi nadie me avisó de que faltaba ningún papel", defiende Nuria Sáez, una de las vecinas que recientemente abandonaron los apartahoteles. En su caso, lo hizo algo antes de tiempo y por un motivo particular: acababa de tener un hijo. "Vivir entre dos habitaciones con mi pareja, un recién nacido y nuestra otra hija de cuatro años era un caos. No era cómodo para el bebé, ni para nosotros en esas circunstancias", explicó, para narrar la odisea de encontrar otro alojamiento que se ajustara a sus necesidades. Al final, en agosto sí encontraron un apartamento en San Fernando por 850 euros, pero a la vez tenían que seguir pagando la hipoteca del piso al que no pueden acceder. Cada mes, unos 500 más.

Con el fin del contrato de emergencia, tuvieron que pagar los dos meses de fianza a la empresa que se había hecho cargo en un primer momento, mas la mensualidad de entrada. Ante esta perspectiva, se plantea pedir la nueva ayuda de casi 5.000 euros. Para hacerlo, esta vez solo habrá que aportar una titularidad bancaria, mientras que antes se solicitaban muchos más documentos, según los residentes: desde contratos, escrituras, notas simples, polízas de seguros o certificados de empadronamiento. Si obtiene el adelanto anunciado por la Comunidad, intentará con ello sufragar algunos gastos tras prácticamente un año viviendo entre incertidumbres y vaivenes. "Esta no es la vida que quiero darle a mi hijo", lamentó.

Lo que no tienen claro es que todo esté resuelto, en mayor o menor medida, en los tiempos que promete la Consejería. "No van a resolverlo en seis meses", teme el presidente de la asociación, que junto a otros vecinos pidió al viceconsejero de Transportes, Carlos Díaz, y al director general de Infraestructuras, Miguel Núñez, en una de las múltiples reuniones que mantuvieron con ellos en los últimos meses que ampliase el plazo de las ayudas hasta alcanzar un año, en lugar de la mitad, bajo el compromiso de que los afectados devolverían la diferencia si las indemnizaciones finales se resolvían antes, tal y como pretende Transportes.

Al final, no será así. Desde la Administración explican que las compensaciones definitivas ya están presupuestadas, y en muy poco creen que empezarán a transferirse. Por eso, decidieron aportar el adelanto íntegro de casi 5.000 euros para seis meses, en lugar de dosificarlo cada 30 días: para que los inquilinos tengan solvencia de cara a las fianzas. Esperan que no haya que llegar siquiera a esperar ese medio año para que todo se sufrague. Pero hay vecinos, como Juan Antonio, que se quejan de haber tenido que cambiar su domicilio casi a destiempo, y en un mercado con poca oferta inmobiliaria para absorber a tanta gente sin alternativa de vivienda en pocos días: "Estoy viviendo fuera de mi casa por una obra que empezaron ellos, ¿hasta cuándo voy a tener que vivir de mis ahorros?".

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Hace ya 15 años que se inauguró el nuevo tramo en la línea 7 del metro de Madrid. Fue en mayo de 2007, con la idea de conectar con San Fernando de Henares y su hospital. Pero su historia está plagada de percances, precisamente, porque la construcción derivó en múltiples filtraciones de agua. Hasta la fecha, la Comunidad de Madrid dice haber invertido más de 30 millones de euros en rehabilitar las viviendas destrozadas por las consecuencias del nuevo trayecto. Casi un millón y medio, solo en gastos de alojamiento y manutención para los afectados.

El alcalde del municipio, Javier Corpa (PSOE), explicó a este periódico que el Ayuntamiento elaboró un censo de viviendas afectadas –que incluya a todas las dañadas, más allá de las desalojadas– y constituyó una mesa técnica conjunta para abordar soluciones. La Consejería de Transportes ha manifestado en reiteradas ocasiones su compromiso por acabar, de una vez por todas, con tantos contratiempos. No quieren escatimar en gastos. Pero ya hay casas que tuvieron que ser derruidas porque el coste de la reparación era prácticamente el de la mitad del inmueble, y los mismos propietarios no sabían si los problemas podrían volver con el tiempo. Aún no es definitivo que otros hogares puedan verse afectados, y es lo que muchos temen. Hasta qué punto habrá que llegar para decir basta, si es que es posible, a una obra como esta es algo que aún se desconoce.