Ayuso se marca como reto de legislatura resarcir a los vecinos de la línea 7B de Metro

Los vecinos afectados por la línea 7b de Metro esperaban este jueves la visita del portavoz del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio. Un día antes, supieron que se reuniría con ellos en San Fernando de Henares para hablar de nuevas medidas por los daños y perjuicios provocados por la construcción del trazado del suburbano, que ocasionó grietas y hundimientos en muchas viviendas del municipio. Pero, para su sorpresa, Isabel Díaz Ayuso también acudió. Junto a ella, tres consejeros expusieron 'in situ' la hoja de ruta para compensar a quienes hace un año tuvieron que abandonar sus casas, y aún continúan viviendo en hoteles o alojamientos temporales. Y el gran anuncio fue un plan coordinado entre diferentes instituciones, con actuaciones integrales como una nueva zona verde o la construcción de otra depuradora de aguas residuales, que dosifique la salmuera de Casaquemada y mejore su funcionamiento. También se abrirá una oficina de atención personalizada, para resolver dudas sobre el estado de sus viviendas o sobre los informes que deben presentar para agilizar las indemnizaciones. No obstante, Ayuso fue recibida con gritos y críticas.

El punto de atención empezará a funcionar desde este mismo lunes, 17 de octubre, y se ubicará en la calle Ventura de Argumosa. La falta de comunicación con la Administración era una de las cuestiones más criticadas por los residentes. De hecho, fue un problema de papeleo el que dejó a muchos fuera de los apartahoteles que costeaba la Comunidad, y tuvieron que buscar otras opciones a contra reloj. La oficina nace con intención de agilizar trámites y responder preguntas 'de tú a tú', de manera presencial. Además, el Ejecutivo avisó de una inversión de unos 10 millones euros para las labores de consolidación del terreno afectado, que estima en unos 10.000 metros cuadrados, y anunció la reconversión de parte del lugar en una zona verde con instalaciones deportivas y espacios infantiles.

TE PUEDE INTERESAR

Los desalojados por la L7B de metro no se fían de promesas: "No van a resolverlo en 6 meses"

Lourdes Barragán

Para llevarlo a cabo, se comprometen a demoler antes de que acabe el año las instalaciones de El Pilar, el complejo dotacional sobre el que se ubicará el parque. Es algo que pueden hacer, ya que la Comunidad de Madrid posee la titularidad de estos terrenos y hace años que las instalaciones no se usan. La idea es rehabilitar el espacio cercano a las calles más afectadas, y revalorizarlo con nuevos servicios. En un principio, creen que podrá estar listo en los primeros seis meses de 2023. Además de Ayuso y su vicepresidente, también estuvieron representando al Gobierno madrileño el consejero de Transportes e Infraestructura, David Pérez, y la titular de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín. El despliegue de altos cargos en la localidad escenificó las actuaciones previstas, en las que participarán varios departamentos coordinados por Ossorio.

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano", fue el compromiso de la líder madrileña, que dijo entender "perfectamente" las críticas y el malestar de muchos vecinos. Ayuso además señaló que no tiene “otro objetivo y prioridad como presidenta” que solucionar la situación de las familias afectadas. Pero lo cierto es que, durante su visita, fue abucheada por algunos de ellos, concentrados en los alrededores. Los orígenes del problema se remontan a hace 15 años, cuando la Comunidad amplió el tramo de la línea 7 para crear nuevas conexiones con San Fernando de Henares. Fue en tiempos de Esperanza Aguirre cuando empezaron las obras, que terminaron provocando filtraciones de agua. Todo acabó repercutiendo en cientos de viviendas que, en los casos más extremos, han terminado siendo demolidas.

Muchos residentes tuvieron que abandonar sus casas y fueron realojados en apartahoteles por el actual Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se hacía cargo de la vivienda y la manutención. Pero, recientemente, algunos tuvieron que renunciar a esta alternativa. Según la Administración, por no haber entregado a tiempo unos papeles necesarios para renovar el contrato de emergencia que lo hacía posible. Esta misma mañana, David Pérez informó de que ya hay 24 personas que aportaron toda la documentación requerida, de 76 expedientes totales abiertos.

"De ayer a hoy no ha cambiado nada", concluyó un vecino presente en la reunión

Los últimos anuncios no han sido bien recibidos. El presidente de la Asociación Presa-Rafael Alberti, Juan Antonio Fuentes, no salió satisfecho. Representa a los inquilinos de las calles más afectadas. Estuvo presente en esta y otras reuniones anteriores. "Ha venido diciendo que va a hacer un parque cuando ni sabemos qué ocurrirá con el suelo de nuestras casas", indicó tras el encuentro. Y es que, aunque la zona verde que prometió Ayuso se levantará sobre un terreno de titularidad autonómica, aún no se ha resuelto qué va a pasar con el de las casas que ya fueron demolidas. Sobre el papel, aún pertenece a sus dueños.

"Tuve la sensación de que le faltaba información", concluyó el representante vecinal. Pensó que la presidenta desconocía detalles de importancia sobre su situación más reciente. Aunque no se les informó de que Ayuso estaría presente hasta "unos minutos antes del encuentro", agradeció la visita y recordó que hace "ocho meses" se comprometió a visitarles. Pero pidió más respuestas, pues cree que "prácticamente nada ha cambiado de ayer a hoy". Al menos, más allá de la oficina de atención personalizada. Por su parte, sugirió otras alternativas a las propuestas por la Comunidad. Por ejemplo, adelantar más dinero de las indemnizaciones para que los desalojados puedan hacer frente a los pagos, entradas o alquileres de nuevas viviendas con más solvencia. En estos momentos momento, se están ofreciendo ayudas de unos 5.000 euros para un plazo de seis meses. Una cantidad que apenas cubre el arrendamiento de un piso en San Fernando de Henares.

TE PUEDE INTERESAR

Nuevos derribos por la línea 7B del metro: "Llevan 14 años sin tomar ninguna medida"

Guillermo Martínez

Desde la Plataforma de Afectados por el Metro son más contundentes en sus críticas. "Estábamos expectantes por saber si por fin traería el Plan Integral que llevamos años reclamado, si anunciaría una ley autonómica para agilizar las respuestas o traería propuestas para los negocios, el resto de calles afectadas o las familias. Lo que nos hemos encontrado han sido unas declaraciones en las que volvemos a escuchar lo mismo de siempre: intenciones y buenas palabras", lamentó su portavoz, Alejandro Escribano. Aunque, al igual que Fuentes, aplaudió la visita y coincidió en que ésta era necesaria. Pero no concuerda ni con las formas, ni con el fondo. En el primer caso, porque hasta el último momento no se supo que la presidenta también iría. "No es de recibo ir por la puerta de atrás, buscando una fotografía y unas declaraciones para convencer a la opinión pública", reflexionó.

Este mismo lunes, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares volvió a trasladar la propuesta de una Ley Autonómica que garantice, bajo un marco jurídico propio, las indemnizaciones y soluciones para los afectados. Desde el Consistorio, que dirige el socialista Javier Corpa, aseguran que insistieron en ello durante la visita de la presidenta. Aunque por el momento no han obtenido respuesta, dicen. No obstante, al concluir la mañana el alcalde deseó que fuera el inicio a una nueva etapa en las relaciones entre organismos, autonómicos y locales. Y acabar al fin con el problema. "Es todo un teatrillo", censuró Mari Carmen Ramírez tras la visita de Ayuso. Ella es otra de las vecinas perjudicadas, y aunque querría haberse acercado al lugar de la visita, los tiempos se lo impidieron. "Vinieron entre ocultismos para que no fuera la gente", consideró, desconfiando de las intenciones del Ejecutivo: "Las elecciones están cerca. Querían hacerse la foto sin que hubiera ruido".

A finales de septiembre, la Consejería de Transportes se comprometió a tramitar todas las indemnizaciones en un plazo máximo de seis meses. Tanto en ese momento como ahora, aún quedaban 72 familias reubicadas por las grietas y hundimientos en sus domicilios. En total, son 85 viviendas desalojadas. Aunque no se descarta que la cifra termine siendo mayor, pues las autoridades locales calculan unos 400 los inmuebles que presentan desperfectos por las obras. En su comparecencia este jueves, el David Pérez pronosticó que las primeras indemnizaciones empezarían a tramitarse "en corto tiempo", pero no especificó de qué plazos hablaba.

Y esta es otra de las cuestiones que empiezan a impacientar a los vecinos. El problema existe desde hace más de una década, y es en los últimos años cuando todo se agravó. Desde entonces, han sido varias las reuniones que el viceconsejero de Transportes, Carlos Díaz, y el director general de Infraestructuras, Miguel Núñez, mantuvieron con los afectados. En todas ellas, y en intervenciones públicas de estos y otros representantes autonómicos, se asume la responsabilidad de la Administración y se defiende a capa y espada que no escatimarán en gastos hasta solucionarla. Pero, de momento, muchos lamentan que este largo problema continúe aún sin llegar a su fin.