Los olvidados de la L7 de Metro: 110 familias arreglan grietas "en las que entra una mano"

Son los olvidados de la línea 7 del metro madrileño. Un centenar de familias de San Fernando de Henares (municipio del este de la región) que han tenido que pagar de sus bolsillos las reformas de sus viviendas, con grietas "en las que cabe una mano". Ellos aseguran que el culpable de los desperfectos que han aparecido en sus casas es el trazado de la línea 7. Un informe de "asesoramiento hidrogeológico" encargado en junio de 2008 por el Gobierno regional a expertos de las universidades Politécnica y Complutense ya advertía de que la naturaleza de los terrenos que rodeaban el túnel a su paso por San Fernando podía provocar "colapsos en el túnel del metro y en las edificaciones del entorno".

El Ejecutivo de Cristina Cifuentes no quiere asumir los costes de los arreglos de las casas de estas 110 familias, ya que asegura que no hay relación con las obras del metro. Los vecinos que viven en los portales de los números 16 y 18 de la calle Vergara; 2, 4, 6, 8 y 10 de la calle Lisboa; 17 de la calle Rafael Sánchez Ferlosio, y 4 de la calle Somorrostro se sienten abandonados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tampoco les ha dado la razón. Ni el Tribunal Constitucional. Para más inri, el Gobierno regional les recomendó que se apuntaran al plan de rehabilitación del Gobierno central, "pero nos han dicho que no cumplimos los requisitos", señala Eloy Rodríguez, portavoz de la Asociación Vecinal Parque Henares.

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David Fernández

El final de la línea 7 está en obras desde noviembre del año pasado. Hay problemas, y serios, en el tramo de 6,65 kilómetros que une Coslada y San Fernando de Henares, que tiene seis estaciones. Como adelantó El Confidencial, el Gobierno regional ha presentado una reclamación de daños y perjuicios contra la constructora Dragados, propiedad de ACS, la adjudicataria que realizó la obra de este tramo. Inaugurado en mayo de 2007, las primeras dificultades comenzaron un año después, en agosto de 2008. Un mes antes, en junio, el informe universitario, desconocido hasta la fecha, certificaba que filtraciones de agua en la zona disolvían determinados minerales que producían peligrosos huecos, con el consiguiente riesgo de hundimiento del túnel y los edificios circundantes. Desde entonces, la comunidad se ha gastado 15,1 millones en trabajos de mejora, sobre todo en asentar un terreno que sufre de continuas filtraciones de agua.

El Ejecutivo autonómico tiene claro que la constructora dirigida por Florentino Pérez es la responsable de los vicios ocultos detectados tras las obras. Es solo el primer paso, ya que la comunidad está reclamando ahora las obras que ha tenido que asumir y que ya están finalizadas, no las que sigue realizando sobre el terreno. En los próximos meses, la Consejería de Transportes exigirá a Dragados otros seis millones de euros más por estos trabajos aún sin finalizar y los costes que van a sumar tras los arreglos de unas 120 viviendas, las que están situadas en las calles Pablo Olavide, Ventura Argumosa, Rafael Alberti y Francisco Sabatini.

La Comunidad de Madrid, de la que depende Metro, nunca ha reconocido que las múltiples obras que ha tenido que llevar a cabo en el trazado han acabado afectando a las viviendas de la zona. En verano de 2009, el suburbano ya tuvo que cerrar a su paso por la localidad a causa del hundimiento del túnel, y en abril de 2010 se produjeron importantes filtraciones de agua en las estaciones de Jarama, Henares y Hospital del Henares. Metro ha tenido que acometer obras los años 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Al final, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras asumió que no podía mirar hacia otro lado y puso en marcha una campaña de inspección de las casas afectadas, que dio lugar en 2015 a la adjudicación de un contrato de 445.000 euros para la reparación de los desperfectos que surgieron en las viviendas de Pablo Olavide, Ventura Argumosa, Rafael Alberti y Francisco Sabatini. "Hay unas 120 casas afectadas en estas cuatro calles. El 40% ya están reparadas", señala Eloy Rodríguez.

Pero no han tenido la misma suerte las 110 familias que viven en Vergara, Lisboa, Rafael Sánchez Ferlosio y Somorrostro. "Las patologías que han aparecido en el edificio no son consecuencia directa de las obras de ejecución del túnel en la línea 7 del metro", rezaban los primeros estudios encargados por el Gobierno regional sobre estos inmuebles. "No tenemos competencia ni responsabilidad. Hay peritos que han determinado que no hay causa y efecto. Además, hay resoluciones judiciales que dicen que los problemas en estas viviendas no tienen relación con las obras de la línea 7", señalan desde la consejería.

El PSOE pide una mesa técnica

Los vecinos afectados no piensan lo mismo. "La comunidad nunca ha reconocido nada. Pero aunque dice que no hay relación entre las obras y los daños en las viviendas, sí se pone a arreglar unas y no otras. Los que han sido discriminados han tenido que pagar de su bolsillo la rehabilitación de sus casas, incluso de forma urgente, solicitando un préstamo", explica Eloy Rodríguez. Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), recalcan que "hay que buscar una solución a los vecinos" y recuerdan que en marzo de 2011 otro informe técnico del Ayuntamiento de San Fernando de Henares señalaba que "se tiene que tener en cuenta la relativa cercanía a los edificios del trazado del túnel como una posible causa de pequeños movimientos del terreno que pudiesen estar afectando a la cimentación y estructura de los edificios". ¿Por qué Metro se ha comprometido a reparar buena parte de estos inmuebles aunque dice que no tenía nada que ver con los daños causados?, se preguntan desde la FRAVM.

El PSOE ha pedido a la Asamblea de Madrid que se cree una mesa técnica que analice este problema, y amplía el radio de los edificios afectados a más números de la calle Lisboa, Somorrostro y otros bloques de las calles Adolfo Pérez Esquivel y Vitoria.

Solo la comunidad de vecinos de la calle Vergara 18 se ha gastado 90.000 euros en gastos comunes del edificio, sin sumar los que ha tenido que afrontar cada inquilino en cada una de las viviendas. En Vergara 16, los gastos han sido aún mayores: 252.600 euros, ya que han tenido que arreglar una fachada que se caía a pedazos, según ellos, por las obras del metro. Estos propietarios presentaron en agosto de 2010 una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados de la construcción de la línea 7, exigiendo 537.000 euros.

El procedimiento, contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid, fue desestimado por los tribunales de primera instancia en febrero de 2012. La sentencia fue entonces recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la denuncia se amplió a los diseñadores y constructores del túnel. El tribunal volvió a fallar en contra de la comunidad de propietarios en febrero de 2015. Presentaron entonces un recurso de amparo ante el Constitucional, que también fue rechazado. "En abogados, se ha gastado otros 18.300 euros. La gente ya está muy desanimada para seguir luchando judicialmente", explica Rodríguez.

Una obra de Esperanza Aguirre

La prolongación de la línea 7 del metro fue ejecutada por el Gobierno de Esperanza Aguirre entre los años 2003 y 2007. El proyecto se dividió en tres tramos, aunque el que ha dado problemas es el tercero, entre Coslada y San Fernando de Henares. Aguirre inauguró los tres tramos el 5 de mayo de 2007 (con una paella para 2.000 personas y un concierto de Antonio Carmona incluido), 22 días antes de las elecciones autonómicas. Dragados se llevó la adjudicación de dos de los tres tramos por 220 millones de euros. Los últimos trabajos obligaron en noviembre de 2015 a cerrar el tramo entre las estaciones de La Rambla y Hospital del Henares (cinco paradas). En abril de este año, Metro reabrió dos de las cinco estaciones, pero tres todavía seguirán cerradas previsiblemente hasta finales de año.

El último tramo adolece de un problema endémico: filtraciones de agua con alto contenido en sales que afectan al suelo. De hecho, la comunidad cree que será necesario volver a cerrar el tramo el verano que viene para terminar de hacer ciertos retoques. En septiembre, Metro había inyectado 870 toneladas de mortero en el exterior y en el interior del túnel tras tener que hacer 4.800 perforaciones. A esto se suman otros 681.000 litros de lechada.

Los terrenos de la zona contienen arcillas y yesos, en algunos casos con presencia masiva en proporciones superiores al 80%. Estos yesos contienen sales: halita, thenardita y glamberita, de gran solubilidad. Durante la ejecución de la obra, no se tuvo en cuenta la presencia de estas sales, y además se utilizaron cementos sin cualidades sulforresistentes para actuar mejor contra esas sales. Un cóctel peligroso. Nadie se percató de esas sales en los estudios geológicos del proyecto y encima se utilizaron materiales que no minimizaban sus efectos.

Para intentar resumir gráficamente lo que ha pasado, esta gran cantidad de sales ha generado cavidades y compactación del terreno, lo que en cierta medida ha retorcido el túnel del metro (en algunos tramos, descendió 10 centímetros). Además, un deficiente funcionamiento de las juntas de impermeabilización entre las dovelas del túnel ha hecho que se filtre agua por ellas, perjudicando toda la infraestructura. El Gobierno regional ha tenido que construir un túnel alrededor del túnel, realizando importantes perforaciones de cemento para consolidar y elevar el túnel en algunos tramos.