Una tenue luz al final del túnel para San Fernando: indemnizaciones listas, pero no para todos

Juan Fuentes pasó su infancia en Madrid entre el ruido del tráfico y la incesante actividad de la gran ciudad. Llegó la juventud, las primeras salidas de noche y Eva, quien ahora es su mujer. Corría el 1994 cuando decidieron construir un proyecto de vida juntos más allá de la M-30. Tenían 28 y 26 años y San Fernando de Henares se presentó como una oportunidad idónea donde criar a sus hijos. En aquellos años, otros tantos vecinos tuvieron que huir del centro de Madrid buscando refugio en el extrarradio. Hoy es uno de los afectados por la línea 7B de Metro. Se ha quedado sin vivienda y recibirá una indemnización de entre 136.000 y 355.000 euros para acabar esta pesadilla.

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Este tranquilo pueblo del este de la Comunidad de Madrid fue la mejor opción para muchos, ya sea por el elevado coste de la capital o por la búsqueda de tranquilidad y descanso. Todos tenían un deseo en común. Vivir conectados a la red madrileña con el Metro de Madrid para volver al ruido y alboroto de la ciudad cuando así lo quisiesen. Era el 2004, cuando dicha ilusión empezaba a coger forma, la línea 7 se amplió hasta el municipio. Durante su construcción, el trazado inicial fue modificado para ampliar dos paradas más hasta el Hospital de Henares. Las obras avanzaron a gran velocidad. En mayor de 2007, la expresidenta Esperanza Aguirre inauguró el proyecto coincidiendo con los comicios autonómicos.

El resto de la historia es conocida por todos. Las primeras grietas empezaron a aparecer en 2008. Las obras afectaron de manera irreversible a varios edificios del municipio que hubo que tirar abajo con todos los enseres dentro. Juan perdió la casa donde inició aquel proyecto de vida con su mujer, pero desde este jueves empieza a ver el fin del calvario. La consejería de Transportes ha comenzado a ponerse en contacto con los afectados por la línea 7B de Metro para ofrecerles las indemnizaciones correspondientes por la demolición de sus viviendas.

Los pagos oscilarán entre los 136.000 y 355.000 por vivienda derruida. Las plazas de garaje también serán compensadas. La Comunidad de Madrid destinará 14 millones de euros para este extremo. Dentro del importe se recogen los daños morales, el valor de los enseres, el valor del suelo, el lucro cesante y el daño emergente. La historia de Juan [viviendas rojas de la fotografía] es una más de las de 600 vecinos afectados de San Fernando de Henares. Su vivienda estaba en la calle Rafael Alberti y todavía desconoce cuál es el importe exacto que recibirá, pero le gustaría que llegase cuanto antes para reorganizar su vida y abandonar el alquiler por el que paga actualmente más de 1.000 euros al mes.

Estas indemnizaciones se limitan a los edificios que han sido derruidos, por lo que se beneficiarán únicamente 84 familias. Tendrán 15 días para decidir sí la aceptan o la rechazan. Para el resto de afectados, por el momento, se desconoce cuándo recibirán algún ingreso. La Comunidad de Madrid se hará cargo de los desperfectos, pero el importe no entra dentro de esos 14 millones. Primero habrá que esperar a que terminen las labores de consolidación del suelo —que consiste en inyectar mortero de hormigón para favorecer la estabilización—. Una medida que, según fuentes de la Consejería, están muy avanzadas. Apenas quedan 1.000 de los 10.000 metros cuadrados sobre los que se ha estado trabajando. La inversión ha sido de 10 millones de euros.

Javier Madueño, otro de los afectados, vive en un apartahotel que tacha de insalubre. Fue desalojado de su edificio por la inestabilidad de este, pero está todavía pendiente de determinar si también se quedará en ruinas [edificios amarillos de la fotografía]. "Solo quiero olvidarme de esto y dejar de agonizar. Ahora es todo incertidumbre. Siguen mirando qué hacen, pero si ves nuestra casa, da miedo. Estoy seguro de que la derribarán. Hemos pagado un tasador judicial y nos la han tasado en 240.000 €. Quiero ese importe para tener unas condiciones iguales a las que tenía", señala. Otra preocupación de los vecinos es si realmente ese importe será suficiente para conseguir una vivienda similar. Javier, además, regenta un negocio en la calle de enfrente. Hay grietas, pero no espera que tengan que tirarlo abajo.

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Para Alejando Escribano, nada de esto es suficiente. Apela al daño moral y psicológico, a lo que él mismo denomina "destrucción de vidas" por parte de la Administración y a la falta de empatía de los mismos. Este joven de 25 años es el presidente de la Plataforma de Afectados. "¿Por qué no se acató el Plan Integral que propusimos nosotros hace un año? Por falta de interés", señala. El consejero de Transportes, David Pérez, explicó que "el precio del metro cuadrado en San Fernando son 2.000 euros. Si calculamos a cuanto estamos pagando el metro cuadrado, son 2.682 el metro cuadrado". Pero Escribano no entiende que los "15 años de destrucción" y "reconstruir una vida" cueste un máximo de 355.000 euros.

El intercambio de reproches políticos de los últimos días tampoco ha sentado nada bien al entorno de San Fernando. "Alguien con dos dedos de frente sabe que esto es competencia de la Comunidad de Madrid", explica. Eldiario.es destapó en 2020 que el por entonces Gobierno regional obvió estudios geológicos que advertían de lo que podía ocurrir. Este martes, la expresidenta Esperanza Aguirre –por entonces, al frente del superproyecto de Metro–, achacó en el programa Todo Es Mentira que parte de la culpa también recaía en la por entonces alcaldesa de Izquierda Unida del Ayuntamiento de San Fernando, Monsterrat Muñoz. En la misma línea se manifestó la actual dirigente regional, Isabel Díaz Ayuso, explicando que fueron varias administraciones quienes confiaron en un proyecto que acabó en desastre.

No obstante, en presencia de los medios de comunicación, el consejero se mostró este jueves muy consciente de la gravedad del asunto. Y reiteró que su cartera está plenamente comprometida con la solvencia del mismo. Solo en 2022 se han invertido 122 millones de euros en actuaciones integrales de la zona. Además, se ha abierto una oficina en el municipio para atender directamente a los vecinos para evitar que tengan que trasladarse a la capital. "¿Hay algo más que la Administración debería estar haciendo y no hace?", se preguntó.

Una tenue luz al final del túnel para quienes nunca pensaron que mudarse a San Fernando implicaría tales quebraderos de cabeza. Y para quienes nacieron ahí y tienen la familia arraigada desde generaciones, como Mari Carmen. Su vivienda, en la calle La Presa, está ya en trámites para ser derruida [edificios azules de la imagen] y, por el momento, no ha recibido ninguna llamada por parte de la Administración. "Si los pisos que van a dar 136.000, que es lo más bajo, a eso le tenemos que quitar el 20% que tributo a hacienda, cuéntame tú. Yo mi casa la tenía pagada", señala. Las indemnizaciones serán estudiadas de forma individualizada en cada caso, pero aseguran que "se escogerá la solución más favorable para cada uno".

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Respecto a los pagos del alquiler para los que sus viviendas ya han sido derruidas, se abonaron hasta 4.778 euros por cada familia que solicitó la ayuda, un total de 11. Dicho importe sí fue cuestionado por las estrictas condiciones de los arrendadores: fianza, seguridad económica, coste de la inmobiliaria… "Muchos han terminado en segundas residencias de amigos que les hacen el favor", continúa Javier Madueño.

Una vez finalicen las actuaciones en los edificios residenciales, se intervendrá en el complejo de El Pilar. Y respecto al metro, el principal causante de esta situación, también se pondrá de nuevo en marcha si las labores de acondicionamiento transcurren según lo acordado. Las estaciones de la línea 7B entre San Fernando y el Hospital de Henares llevan cerradas desde el mes de agosto. "Se abrirá en el momento en que las obras hayan garantizado esta seguridad".