El Canal tardará "años" (si lo logra) en recuperar 'la joya' expropiada por Colombia

El Canal de Isabel II puede tardar "años" (si finalmente lo logra) en recuperar la filial que la Justicia colombiana le expropió en octubre del año pasado. Se trata de la Triple A de Barranquilla, la joya de la corona del Canal al otro lado del Atlántico, su principal compañía en Sudamérica. La Justicia colombiana no tiene un plazo legal, explican fuentes jurídicas, para resolver los recursos que desde Madrid se han puesto tras el embargo de las acciones. Los problemas políticos en la Fiscalía colombiana (hay que nombrar un nuevo fiscal general tras la reciente renuncia del anterior) tampoco ayudan. Desde el Canal, creen que habrá que recurrir al arbitraje internacional, como ha hecho Naturgy con su filial Electricaribe, lo que dilatará aún más los procesos judiciales abiertos.

Con este panorama, el Canal tiene complicado dar un fuerte impulso al proceso de venta que inició en 2017, cuando el Gobierno regional (entonces presidido por Cristina Cifuentes) decidió que quería deshacerse de todas las filiales que aún conserva en Colombia, Ecuador, Brasil y República Dominicana. Pero desde octubre de 2018, la Comunidad de Madrid, a través del Canal, ya no controla la Triple A, su principal empresa al otro lado del Atlántico. La Fiscalía General de Colombia embargó todas las acciones, el 82% del total, valoradas entonces en 202.000 millones de pesos colombianos (al cambio, 58 millones de euros).

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El embargo inicial de las acciones era provisional, por seis meses, pero el pasado 4 de abril la Fiscalía colombiana formalizó la demanda que expropia cautelarmente las acciones de la Triple A, un proceso que ha recaído en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Barranquilla. Las acciones, el 82,16% del total, están ahora en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), dependiente del Ministerio de Hacienda colombiano. La SAE utilizó la Ley 1708 de 20 de enero de 2014 para hacerse con las acciones. Se trata de una ley que permite administrar los bienes que el Estado colombiano incauta a narcos, guerrilleros y paramilitares. Para la Comunidad de Madrid, "fue una expropiación pura y dura. Lo que se ha hecho es el secuestro de unas acciones, es decir, el asalto de una empresa pública de otro país aplicándole una legislación contra el enriquecimiento ilícito de narcotraficantes".

Desde entonces, el Canal, es decir, la Comunidad de Madrid, no controla la Triple A. Lo hace la SAE, que ahora con cinco miembros copa la junta directiva. El sexto miembro lo pone el Distrito de Barranquilla, es decir, la ciudad. El Canal solo conserva un 1% de las acciones de la Triple A a través de otra de sus empresas, Canal Extensia, un mínimo porcentaje que por ejemplo le permitió impugnar las cuentas de 2018. Los servicios jurídicos del Canal han presentado varios recursos contra las decisiones de la Justicia colombiana, pero no hay un plazo legal para responder, por lo que el proceso judicial se puede demorar 'sine die'.

Tampoco ayuda la situación interna que está viviendo la propia Fiscalía General de Colombia. El pasado mes de mayo, el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, presentó su "renuncia irrevocable" tras la puesta en libertad de un importante exlíder de las FARC. De momento, no hay sustituto. También tuvo que dejar el cargo, aunque por motivos bien distintos, el fiscal anticorrupción que inició la investigación contra los directivos colombianos del Canal. Luis Gustavo Moreno, nombrado por Néstor Humberto Martínez en septiembre de 2016, fue detenido en junio de 2017 acusado de aceptar sobornos a cambio de desviar determinadas investigaciones judiciales bajo su mando. Fue condenado a cuatro años de prisión y extraditado a EEUU por blanquear dinero.

El Confidencial se ha puesto en contacto con un portavoz de la Fiscalía General, aunque no hemos obtenido respuestas a nuestras preguntas. Por su parte, el Canal tiene asumido que tarde o temprano tendrá que acudir al arbitraje internacional, al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una institución del Banco Mundial. Comenzaría así un conflicto similar al que ya vive Naturgy en Colombia. La multinacional energética reclama unos 1.600 millones de dólares al Gobierno colombiano después de que este interviniese su filial Electricaribe.

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El embargo de las acciones de la Triple A, la principal filial, puede influir en el proceso de venta iniciado por el Canal, que ya adjudicó en agosto de 2018 por 900.000 euros al Banco de Santander un contrato de asesoría para que le ayude en este proceso de desinversión. El objetivo es que en año y medio "el banco estudie los distintos escenarios de venta y la estrategia de venta en esos escenarios", explican desde el Canal. Luego habrá que hacer una valoración del precio de venta (que contará con varias tasaciones) y finalmente se procederá a identificar potenciales compradores. Una patata caliente para el nuevo Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que en principio sigue con el proceso de venta iniciado por Cifuentes.

Aunque aún es pronto para fijar un precio, ya que hay mucho que analizar, fuentes del Canal estiman que la operación de venta se debe cerrar al menos por 150 millones de euros. De ahí para arriba. No hay que olvidar que la Triple A, 'la joya de la corona', está facturando unos cinco millones de euros y aún quedan 15 años de concesión. Lo que está claro es que el proceso judicial iniciado en Colombia, sin fecha de resolución, puede influir en el proceso de venta, tanto a la hora de encontrar compradores como a la hora de fijar un precio, ya que el Canal ahora no controla el principal activo que quiere vender.

El origen del conflicto con Colombia

El origen del embargo de las acciones de la Triple A es el contrato de asistencia técnica que Inassa (la matriz del Canal en Sudamérica) facturaba a una de sus filiales, la Triple A, que según los investigadores colombianos nunca se realizó y que según el Canal sí se realizó con todas las garantías. Este contrato de asistencia técnica, en vigor desde el año 1996 y que el Canal de Isabel II, a través de Inassa, heredó en febrero de 2002, está activo hasta octubre de 2033. Por este servicio, Inassa percibía el 4,5% de lo que recauda la Triple A.

Las autoridades colombianas mantienen que Inassa estuvo años cobrando a su filial por unos servicios de asesoría que podrían no haberse realizado. Y calculan que entre 2000 y 2017 (el Canal desembarca en 2002), la Triple A habría abonado 236.853 millones de pesos (hoy serían 94,8 millones de euros sumando el IPC) por esos servicios supuestamente no prestados. 

El Canal siempre ha defendido que esas asistencias técnicas se ejecutaron y aportó más de 5.000 folios de documentación y tres informes periciales realizados por Grant Thornton que analizan cómo se realizó esa asistencia técnica y cuánto costó. Uno de esos informes cuantifica los gastos que hubiera tenido que abordar la Triple A si no hubiera contado con la asistencia técnica de Inassa: 215.823 millones de pesos (64 millones de euros). A esa cantidad hay que sumar otros 52.644 millones de pesos (15,6 millones de euros) en concepto de "deudas que se hubieran generado en ausencia de la asistencia técnica". Es decir, un total de 79,6 millones (seis más de los que ha pagado la Triple A a Inassa).

"Finalmente, Inassa ha prestado a la Triple A numerosos servicios que han supuesto el traspaso de conocimientos y buenas prácticas para la mejora de su actividad. Estos servicios, conocidos como 'know-how', tienen un carácter intangible que dificulta su cuantificación específica", aunque Grant Thornton la eleva a 56.159 millones de pesos (16,6 millones de euros).