El Canal tiene que pagar un sueldazo de 200.000$ al directivo que le 'expropia'

Guillermo Peña Bernal es desde mediados de enero el nuevo gerente general de la Triple A de Barranquilla, la joya de la corona del Canal de Isabel II al otro lado del Atlántico, su principal filial en Sudamérica. La nueva Junta Directiva de la compañía decidió contratarle tras un proceso de selección con una firma de caza talentos y le ha asignado un salario de 200.000 dólares, muy por encima de mercado. La Comunidad de Madrid ya no controla la Triple A, ya que la Fiscalía General de Colombia le embargó en octubre del año pasado todas las acciones, el 85% del total, valoradas entonces en 202.000 millones de pesos colombianos (al cambio, 58 millones de euros).

Las acciones están desde octubre bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), dependiente del Ministerio de Hacienda colombiano, que ahora con cinco miembros controla la Junta Directiva. El sexto miembro lo pone el Distrito de Barranquilla, es decir, la ciudad. El Canal conserva un 1% de las acciones de la Triple A a través de otra de sus empresas, Canal Extensia, un mínimo porcentaje que le ha permitido impugnar las cuentas de 2018, con las que no está de acuerdo. Poco ha podido hacer con el nuevo salario de Peña Bernal, decidido por la Junta Directiva.

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David Fernández

Peña Bernal, ingeniero electrónico, no ha podido empezar con buen pie. La Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación después de que el secretario general de la empresa, Galiano Franceschini, le haya denunciado por acoso laboral. El principal sindicato de la empresa, el Sintratriple, ha criticado con dureza a la nueva junta directiva, a la que acusa de crear "un ambiente generalizado de hostilidad, desestímulo, casos de acoso laboral y despidos", y de centrarse exclusivamente en "autofijarse honorarios". El Confidencial ha tenido acceso además a una carta que varios directivos de la Triple A (gerentes, subgerentes y directores de área) enviaron el 1 de abril a Peña Bernal en protesta por el despido de trabajadores con más de 15 años en la empresa.

En la misiva señalan que la Junta Directiva ha generado en poco tiempo un ambiente de "hostilidad, desestímulo, temor e incluso paranoia colectiva" que, según ellos, afecta la productividad y eficiencia en las labores cotidianas". El escrito enumera varios temas "que impactan en la organización", como "el proceso de acoso laboral en el que están inmersos usted y el secretario general, las renuncias de los asesores legales de la empresa que han prestado por muchos años sus servicios, las constantes actitudes de suspicacia, sospecha y reproche tanto de esta gerencia como de la actual Junta Directiva en relación con las actuaciones de los funcionarios, o los recientes despidos de directivos con más de 15 años de trabajo intachable en la compañía".

Peña Bernal ocupa hoy el puesto que en su día tenía Ramón Navarro, uno de los detenidos e investigados por la operación Lezo, acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado. Entre los años 2012 y 2015, Navarro Pereira se habría apropiado de 27.879 millones de pesos colombianos (hoy al cambio son ocho millones de euros) tras falsificar 54 facturas en la compra de bienes y servicios que nunca fueron adquiridos y cuatro contratos de consultoría que no se realizaron. Navarro está colaborando con la Fiscalía.

Aunque el Canal tiene el 82% de las acciones embargadas, técnicamente sigue siendo el propietario de las mismas, y por tanto, explican fuentes consultadas, "el Canal es quien paga el 82% del salario del nuevo gerente general". Un sueldo por encima de mercado. "El Canal está pagando el sueldo del que gestiona la expropiación que le han hecho", señalan, "porque estamos ante una expropiación de facto". La Fiscalía colombiana acaba de prorrogar "las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre el 82 % del capital social de Triple A de Barranquilla del que es titular Inassa", la filial del Canal en Sudamérica.

El origen de todo este proceso judicial es el contrato de asistencia técnica que Inassa facturaba a la Triple A, que según los investigadores colombianos nunca se realizó y según el Canal sí se realizó con todas las garantías. Este contrato de asistencia técnica, en vigor desde el año 1996 y que el Canal de Isabel II, a través de su mayoría en Inassa, heredó en febrero de 2002, está en vigor hasta octubre de 2033. Por este servicio, Inassa percibía el 4,5% de lo que recauda la Triple A.

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Tras la apertura de la investigación, Inassa dejó de cobrarlo (aunque lo sigue realizando) en noviembre de 2017. El Canal siempre ha defendido que esas asistencias técnicas se ejecutaron y ya ha aportado más de 5.000 folios de documentación para acreditarlo. Colombia cree, por otro lado, que Inassa estuvo años cobrando a su filial Triple A por unos servicios de asesoría que podrían no haberse realizado. Y calcula que en todo ese tiempo la Triple A habría abonado a Inassa 237.836 millones de pesos (unos 75 millones de euros) por estas falsas asesorías técnicas.

La investigación judicial motivó que la Fiscalía ordenara el embargo de las acciones. Para ello, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) utilizó la Ley 1708 de 20 de enero de 2014, también llamada 'código de extinción de dominio', que permite a esta sociedad administrar los bienes que el Estado colombiano incauta a narcos, guerrilleros y paramilitares.