La trama del Canal desvío dinero público para jueces del Constitucional colombiano

Aparece anotado a mano en una de las agendas personales de Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa (la filial del Canal de Isabel II al otro lado del Atlántico) y uno de los principales investigados en el caso Lezo: "Pretelt y Escobar, 600; Alexei Julio y Pacheco, 150". Tres de los nombres se corresponden con exjueces del Tribunal Constitucional colombiano. La Fiscalía de ese país cree que las notas esconden sobornos que Edmundo pagó a los exmagistrados para que favorecieran a Inassa en determinados litigios que habían desembocado en esa Corte.

De hecho, la Fiscalía General de la Nación ha abierto una nueva línea de investigación en el marco de la operación Acordeón (el caso que se abrió en Colombia paralelo al que se sigue en España) para determinar si Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, exjuez del Constitucional, recibió "una elevada suma de dinero a cambio de favorecer los intereses de la empresa Recaudos y Tributos (R&T), filial del grupo Inassa", señala el ministerio público colombiano. La agenda de Edmundo, fechada en septiembre de 2015, ya con Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, desvela que el entonces presidente de Inassa anotó la cantidad de 600 junto al apellido Petrel, que ya está siendo investigado en otra causa distinta también por recibir presuntamente mordidas.

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Los investigadores creen que esa cantidad se refiere a 600 millones de pesos, que en septiembre de 2015 eran al cambio 200.000 dólares o 173.000 euros. De momento, la Fiscalía solo investiga a Petrelt, magistrado del Constitucional colombiano entre marzo de 2009 y marzo de 2017. "El supuesto soborno se habría pagado con cargo a contratos ficticios suscritos por la sociedad Recaudos y Tributos", explica la Fiscalía, que investiga si ese pago se produjo por un problema judicial que Inassa tuvo con uno de sus socios, el Ayuntamiento de Santa Marta.

En esa localidad colombiana de 457.000 vecinos, otra filial del Canal, Metroagua SA ESP, prestaba el servicio de suministro de agua y alcantarillado. Inassa tenía el 35,8% de las acciones, el Gobierno local otro 28,1%, y tres empresas locales, el 33% restantes. Estas últimas pertenecen a William de Jesús Vélez Sierra, un destacado contratista colombiano que también está siendo investigado por la Fiscalía de ese país por vínculos con grupos paramilitares. Santa Marta quiso rescindir ciertos puntos del contrato e Inassa llevó el caso a juicio.

En junio de 2012, el Juzgado número 5 de lo Civil del Circuito de Santa Marta dio la razón a Inassa, pero el ayuntamiento recurrió hasta que el caso llegó finalmente a la Corte Constitucional y le correspondió a Jorge Pretelt, que en diciembre de 2012 sentenció en favor de los intereses de Metroagua y por tanto de Inassa. Como bien señala Edmundo en su agenda la "tutela va en tercera a súplica en el Constitucional ante Petrelt". La sala tiene tres magistrados. La sentencia de Pretelt fue apoyada por el magistrado Alexei Julio Estrada y rechazada por Luis Ernesto Vargas. Por dos votos a uno, Inassa mantuvo su negocio.

La decisión de Petrelt, no obstante, fue declarada nula en mayo de 2014 por el pleno del Constitucional, tras un nuevo recurso del alcalde Carlos Caicedo. Pretelt se demoró meses en redactar la sentencia definitiva, que se hizo efectiva en febrero de 2015. Durante todo ese tiempo, Metroagua y Recaudos y Tributos (que actuaba recaudando los impuestos del agua) mantuvieron las ventajosas condiciones del contrato cuestionado. La agenda de Edmundo, fechada en septiembre de 2015, también revela el nombre de Alexie Julio junto a la cantidad de 150 (al cambio, 50.000 dólares).

Inassa no reparó en gastos. Las anotaciones de Edmundo también revelan que la filial del Canal contrató como abogado a Rodrigo Escobar, también exjuez y expresidente del Tribunal Constitucional y que había estado investigado en otra causa también relacionada con el pago de sobornos. La Fiscalía también ha anunciado que iniciará "nuevos procesos" contra los abogados Víctor Pacheco y Rodrigo Escobar. El apellido Pacheco también aparece en la agenda de Edmundo. Lo que está claro es que el expresidente de Inassa, que está colaborando en España con la Audiencia Nacional, estaba bien relacionado en Colombia hasta que fue destituido en abril de 2016.

La Fiscalía tiene ya la declación de un importante extrabajador de Inassa que asegura en un escrito que dos de los magistrados pidieron inicialmente 1.000 millones de pesos (332.000 dólares) por favorecer en su resolución a la filial del Canal, pero que al final se conformaron con 750 millones. Petrelt recibió su parte gracias a que un proveedor de Recaudos & Tributos aceptó realizar unos trabajos falsos. Facturó esos trabajos, cobró y devolvió gran parte en metálico a Inassa. Petrelt recibió su dinero en Bogotá, transportado por los directivos de Inassa Jacobo Noguera y Germán Sarabia. En la nota de Edmundo aparecen que JN y GS "se reúnen con Escobar 600M". El abogado Víctor Pacheco se encargó de entregar su parte al magistrado compañero de Petrelt.

Solo un apunte. El abogado de Petrelt es Abelardo de la Espriella, familiar del periodista Álvaro de la Espriella. Otra anotación de Edmundo en la misma agenda revela que este último le avisó en junio de 2015 de lo en serio que iba el Ayuntamiento de Santa Marta en el conflicto judicial contra Inassa. "Álvaro de la Espriella me cuenta que Milagros Sarmiento (secretaria de Santa Marta) cuenta que 'vamos a joder y a meter en la cárcel a los hijoeputas de los españoles... no saben lo que han robado".

La agenda de Edmundo tiene un importante valor judicial, ya que al parecer era donde le gustaba apuntar las presuntas mordidas. En el mismo documento anotó el reparto de la comisión de 5,4 millones de dólares (4,6 millones de euros) por la compra que Inassa hizo en 2013 en Brasil, otra de las piezas del caso Lezo. Edmundo puso los apodos de los receptores de ese dinero, como adelantó la Cadena SER. Alguien llamado el "conde" se lleva 1,8 millones de dólares, mientras que otras cuatro personas, bautizadas como el "gral", posible abreviatura de general, "abuelo", "Maradona" y "moro", se reparten 0,9 millones cada uno.

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Al parecer, el "conde" sería el apelativo del expresidente madrileño Ignacio González, mientras que el "gral" es Edmundo Rodríguez Sobrino. El seudónimo "moro" se corresponde con el exdelegado del Gobierno en Ceuta y amigo personal de González, Luis Vicente Moro, y "abuelo" y "Maradona" son dos directivos colombianos de Inassa, Ramón Navarro y Diego García Arias. Tanto Diego Arias como Edmundo han corroborado en sede judicial este reparto. En un principio, esas comisiones iban a ser mayores, de seis millones de euros en total (dos millones para González y un millón para cada uno de los otros cuatro), pero al final hubo que rebajar las pretensiones un 10%, hasta los 5,4 millones: 1,8 millones para González y 900.000 euros por barba para el resto.