Colombia usa una ley contra el narco para birlarle al Canal su joya de la corona

"Colombia se ha apropiado del activo de otro país, que pertenece a una empresa pública de otro Estado. El mensaje que nos han lanzado es claro. O pasas por al aro o te pasamos por el aro". La Comunidad de Madrid no tiene dudas: la Fiscalía General de Colombia se ha extralimitado cuando el pasado jueves anunció que embargaba todas las acciones (60.376.424) que el Canal de Isabel II, a través de la sociedad Inassa, tiene en la Triple A de Barranquilla, su principal filial al otro lado del Atlántico. Las acciones, el 82,16% del total, pasan ahora a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), dependiente del Ministerio de Hacienda colombiano.

"La verdad es que le han birlado la compañía a la Comunidad de Madrid", coinciden en señalar dos exdirectivos de Inassa salpicados por la investigación de la Fiscalía colombiana. Para ello, la SAE ha utilizado la Ley 1708 de 20 de enero de 2014, también llamada 'código de extinción de dominio', que permite a esta sociedad administrar los bienes que el Estado colombiano incauta a narcos, guerrilleros y paramilitares. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, disparó con bala para dejar las cosas claras. Aviso a navegantes. "A partir de este momento, las acciones quedan a disposición de la SAE y pueden ser objeto de enajenación temprana. Esto quiere decir que la SAE podría sacar a la venta estas acciones aun cuando no se haya extinguido el dominio de las mismas". Expropiación pura y dura. El 10 de octubre se convocó asamblea general (junta de socios) para nombrar una nueva junta directiva que sustituya al consejo de administración.

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De momento, la Fiscalía colombiana y la SAE tienen seis meses para decidir qué hacen con las acciones de la Triple A. En función de lo que pase durante este semestre, el Canal decidirá si acude al arbitraje internacional, al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una institución del Banco Mundial. El proceso se barrunta largo, puede durar años. Comenzaría así un conflicto similar al que ya vive Gas Natural en Colombia. La multinacional energética reclama unos 1.000 millones de euros al Gobierno colombiano después de que este interviniese su filial Electricaribe. De momento, el Canal se personará ante el juez de Control de Garantías "para defender los intereses de Inassa, con el fin de preservar sus derechos económicos y patrimoniales".

Fuentes del Gobierno regional hablan de "operación orquestada", que casualmente llega cuando el Canal había decidido vender su 85% en Inassa (y por ende, su participación en todas sus filiales) y dejar de hacer negocios en Sudamérica. "Los socios colombianos no querían que vendiésemos", explican desde el Ejecutivo autonómico. Lo que está claro es que la decisión de la Fiscalía obstaculiza gravemente el proceso de venta que ya ha iniciado la comunidad para deshacerse de Inassa y todas sus compañías participadas. "Está claro que con esto se ha parado la venta de Inassa", recalcan desde el Canal, que ya había contratado por 900.000 euros al Banco Santander para que pilotara todo este proceso.

La historia tiene sus protagonistas y hay que contextualizarla para entender qué está pasando. En su comunicado de prensa, la Fiscalía colombiana asegura que la Triple A fue "saqueada desde el año 2000", en teoría antes de que el Canal comprara el 85% de Inassa a finales de 2001. Y que la decisión tomada (el embargo de las acciones) se enmarca dentro de la "segunda fase de la operación Acordeón", investigación paralela al caso Lezo que se instruye en España. La Fiscalía centra sus pesquisas en el contrato de asistencia técnica, que Inassa presta a su filial Triple A. Está en vigor desde 1996 y el Canal lo heredó en febrero de 2002.

Por este contrato (que finaliza en 2033), Inassa percibe el 4,5% de lo que recauda la Triple A. Las autoridades colombianas mantienen que Inassa estuvo años cobrando a su filial por unos servicios de asesoría que podrían no haberse realizado. Y calculan que entre 2000 y 2017 (el Canal desembarca en 2002), la Triple A habría abonado 236.853 millones de pesos (hoy serían 94,8 millones de euros sumando el IPC) por esos servicios supuestamente no prestados. La Fiscalía suma a sus pruebas la declaración de dos de los investigados, el español Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, que llegó a declarar que la matriz cobró "por una asistencia técnica que nunca ha prestado", y la del colombiano Ramón Navarro Pereira, exgerente de la Triple A, que está colaborando con la Fiscalía y ha reconocido que creó un sistema de facturas falsas para lucrarse personalmente, que nada tienen que ver con el contrato de asistencia técnica.

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El Canal siempre ha defendido que esas asistencias técnicas se ejecutaron y aportó más de 5.000 folios de documentación para acreditarlo. Además, tres informes periciales realizados por Grant Thornton en abril y junio de este año analizan cómo se realizó esa asistencia técnica y cuánto costó. Una asistencia que incluye gestión administrativa, técnica, operativa, comercial y medioambiental. Uno de esos informes cuantifica los gastos que hubiera tenido que abordar la Triple A si no hubiera contado con la asistencia técnica de Inassa. La matriz cobró 246.846 millones de pesos colombianos (73,3 millones de euros) por esa asistencia. Pero si no la hubiera realizado, Triple A hubiese tenido que abordar por su cuenta unas inversiones que ascienden a 215.823 millones de pesos (64 millones de euros).

A esa cantidad hay que sumar otros 52.644 millones de pesos (15,6 millones de euros) en concepto de "deudas que se hubieran generado en ausencia de la asistencia técnica". Es decir, un total de 79,6 millones (seis más de los que ha pagado la Triple A a Inassa). "Finalmente, Inassa ha prestado a la Triple A numerosos servicios que han supuesto el traspaso de conocimientos y buenas prácticas para la mejora de su actividad. Estos servicios, conocidos como 'know-how', tienen un carácter intangible que dificulta su cuantificación específica", aunque Grant Thornton la eleva a 56.159 millones de pesos (16,6 millones de euros). Desde la comunidad lamentan que no se hayan tenido en cuenta todos estos informes. "Si nunca se produjo esa asistencia y esa transferencia de conocimientos, cómo se creen que Inassa vale hoy ocho veces más que cuando el Canal la compró a finales de 2001".

La Fiscalía, en cambio, acusa. "Los elementos recaudados indicarían que el objeto del contrato de asistencia técnica nunca se cumplió. Hay evidencia que demostraría una supuesta desviación irregular de recursos con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia [la empresa del Canal que tiene el 85% de Inassa] y la compañía panameña Slasa [tiene el otro 15%], que presuntamente recibieron los dineros en giros que llegaron a una cuenta de compensación en Miami". La frase es de Néstor Humberto Martínez, fiscal general, uno de los hombres más poderosos de Colombia. El fiscal presenta como irregular lo habitual, ya que las transferencias internacionales desde las filiales de Colombia a España se producen de manera frecuente y legal a través de entidades bancarias radicadas en EEUU.

Martínez hacía este anuncio el mismo día que en España un diputado español, Ricardo Sixto, pedía a la Agencia Tributaria que investigara los bienes ocultos que el fiscal colombiano tiene en Madrid. 'La Nueva Prensa' ha publicado que Néstor Humberto Martínez ha ocultado viviendas en nuestro país a través de la empresa panameña Amanda Advisors, constituida en octubre de 2007. Esta sociedad es propietaria de una casa en la calle Ortega y Gasset valorada en más de un millón y medio de euros y es titular de varios fondos en bancos españoles procedentes de paraísos fiscales.

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La publicación que salpica al fiscal colombiano es del 25 de septiembre. Un mes antes, a finales de agosto, el presidente español, Pedro Sánchez, había viajado a Colombia y allí tuvo la oportunidad de verse con Néstor Humberto Martínez, donde se habló brevemente del caso Lezo. "El compromiso de España y de nuestras instancias judiciales es llegar hasta el final y defender el patrimonio público tanto de los colombianos como de los españoles", sentenció Sánchez. También llama la atención que el fiscal anticorrupción que inició la operación Acordeón el 28 de abril de 2017 (en España, Lezo se destapó el 19 de abril) ya no esté al frente del caso. Ni de ese ni de ninguno.

Luis Gustavo Moreno, nombrado por Néstor Humberto Martínez en septiembre de 2016, fue detenido en junio de 2017 acusado de aceptar sobornos a cambio de desviar determinadas investigaciones judiciales bajo su mando. Acaba de ser condenado a cuatro años de prisión y extraditado a EEUU por blanquear dinero de lo que ya se conoce en Colombia como el 'cártel de la toga', un grupo de magistrados que pedían dinero por influir en decisiones judiciales. La denuncia de Moreno contra los exdirectivos de Inassa, fechada el 28 de abril, estaba basada sobre todo en un artículo del periódico 'Semana', que era una recopilación de lo que se llevaba publicando días antes en España.

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Negociación paralela

Lo más sorprendente de todo es que la Fiscalía General de Colombia ha decidido embargar las acciones de Inassa en la Triple A mientras el Canal llevaba tiempo negociando con la Procuraduría General de la Nación (órgano independiente que investiga a cargos públicos y funcionarios) cómo llegar a un acuerdo. "Nos hemos reunido semanas antes en Madrid e íbamos a seguir esta semana en Colombia. Y el 5 de diciembre estaba previsto una especie de acto de conciliación. Admitimos que hay exdirectivos de Inassa que han podido meter la mano en la caja, nosotros lo denunciamos y les dijimos que queríamos llegar hasta el final", señalan fuentes del Canal.

"¿Pero quién se ha llevado el dinero? No sé si las autoridades colombianas querían llegar hasta el fondo por si se encontraban una sorpresa. Y la respuesta de la Fiscalía ha sido contundente: o pasas por el aro o te paso por el aro. No quieren ir al fondo de la cuestión", sentencian desde el Canal. No hay que olvidar que el sumario judicial que se instruye en España recoge grabaciones telefónicas a Edmundo Rodríguez (presidente de Inassa) señalando que sus exdirectivos "han pagado campañas de presidentes, campañas de alcaldes". El diario 'El Mundo' publicó en junio de 2017 que desde Inassa se podría haber financiado la campaña del expresidente colombiano Juan Manuel Santos y del actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, donde opera la Triple A.

"Les dejemos claro que para llegar a un acuerdo habría que investigarlo todo", insisten desde El Canal. Ese acuerdo incluía también valorar el intangible de la asistencia técnica para que Inassa devolviera parte de lo cobrado durante esos años a la Triple A. Un acuerdo que no iba a ser muy lesivo para la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque el Canal tenía (antes del embargo) el 82% de la Triple A a través de Inassa, y luego en el reparto de dividendos Inassa recuperaría el 82% de lo devuelto a la Triple A. Llama la atención que varias fuentes consultadas destaquen el cambio radical de posición que en todo este proceso ha tenido el accionista minoritario, el distrito de Barranquilla, cuyo secretario jurídico es Jorge Padilla, también miembro de la junta directiva de la Triple A.

En la última asamblea ordinaria de la Triple A, celebrada el pasado 20 de marzo, los representantes del distrito (entre ellos Padilla) aprobaron el informe de gestión y las cuentas de la compañía, con expresa mención al contrato de asistencia técnica que ahora se pone en duda. Ese mismo día fue detenido el exgerente Ramón Navarro, y tres días después, el 23 de marzo, en un giro de intenciones, la ciudad de Barranquilla solicitaba ser admitida como parte civil en el proceso contra la Triple A. Ya lo dijo Edmundo Rodríguez en unas grabaciones intervenidas por la Guardia Civil en julio de 2016: "Es un tipo listo, el Padilla es un tipo listo".

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Edmundo, expresidente de Inassa, estaba litigando con el Canal para que le indemnizara después de que la Comunidad de Madrid ordenara prescindir de él porque había aparecido en los papeles de Panamá con empresas 'offshore'. Su abogado en la sombra era Padilla. "Pero, entre tú y yo, quien me lo va a manejar de verdad... Esto, por favor, queda entra nosotros, el que me lo va a manejar es el abogado del… del ayuntamiento del distrito... ¿Cómo se llama? Padilla, sí", decía a su interlocutor. Varias fuentes consultadas coinciden en señalar que Padilla sigue estando detrás de algunas de las recientes decisiones judiciales contra el Canal en Colombia.

Lo que está claro es que la empresa pública madrileña tiene un problema. Hasta seis instituciones colombianas han puesto sus ojos en Inassa y han abierto investigaciones al margen de la que ya hay en España. Se trata de la Fiscalía General de la Nación (que instruye una especie de Lezo 2, bautizada como operación Acordeón), la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Sociedades (equivalente a la CNMV española), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Contraloría Distrital de Barranquilla (equivalente a la Cámara de Cuentas madrileña) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), como nuestra Agencia Tributaria.

La primera en actuar ha sido la Fiscalía, decretando el embargo de acciones. Lo más llamativo, explican desde la Comunidad de Madrid, es que se hayan utilizado para ello las presuntas irregularidades de un contrato de asistencia técnica "totalmente legal" que nada tiene que ver con las principales líneas de investigación llevadas a cabo dentro del caso Lezo: la compra de la propia Inassa en 2001, la compra de la filial brasileña Emissao en 2013 y el presunto pago de sobornos a funcionarios públicos a cambio de contratos para algunas de las filiales de Inassa en otros países sudamericanos.

Según la comunidad, un embargo fuera de lugar. "Porque si ha habido conductas irregulares, estas serán individuales, por apropiarse o permitir que otros se apropiaran de fondos de la Triple A o de otras filiales. Actuaciones que deberían conducir a sanciones personales, no colectivas. Están llamando chorizos a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos madrileños que son accionistas del Canal. Pero lo que se ha hecho es el secuestro de unas acciones, es decir, el asalto de una empresa pública de otro país aplicándole una legislación contra el enriquecimiento ilícito de narcotraficantes. Es de locos", sentencian desde el Canal. De momento, las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía afectan a cinco exdirectivos y directivos españoles de Inassa.