Un 'cobrador del frac' persiguió la deuda del padre de Ayuso, pero no recuperó nada

La sociedad semipública Avalmadrid, entre cuyos accionistas está el Gobierno regional, intentó que una especie de 'cobrador del frac' recuperara la deuda que a finales de 2012 empezaba ya a acumular la empresa participada por el padre de Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a presidir el Ejecutivo autonómico. Se trata de Cobralia Servicios Integrales de Recuperación, que trabajó con Avalmadrid durante años. Esta firma de gestión de recobros no tuvo mucho éxito en este caso concreto, ya que la compañía del padre de Ayuso, que recibió un crédito de 400.000 euros que en 2011, acumulaba en 2018 una deuda que alcanzaba ya los 544.000 euros.

Según los informes a los que ha tenido acceso El Confidencial, el Comité de Morosidad de Avalmadrid decidió en noviembre de 2012 endosar esta deuda a Cobralia, que venía firmando desde el año 2007 con la empresa semipública sucesivos contratos de prestación de servicios. "De la gestión extrajudicial de morosidad" respecto a algunos expedientes, se pasó a "la presentación de demandas judiciales para la reclamación de cantidades" y a la "venta de cartera de deudas". Entre 2007 y 2012 Cobralia y Avalmadrid firmaron cuatro contratos, que supuso que la primera gestionara 133 expedientes de clientes morosos y las demandas judiciales de los casos que acabaran en los tribunales. Por todo ese trabajó Cobralia percibió al menos 312.000 euros.

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Mc Infortécnica SL, una empresa participada por el padre de Ayuso que se dedicaba al suministro de material médico, solicitó en marzo de 2011 un crédito de 400.000 euros a Avalmadrid. Como garantía el padre de la candidata popular puso una nave industrial de su propiedad en Ávila escriturada en 26.000 euros pero con un valor de mercado (según una tasación aportada por la propia empresa) en 213.000 euros. El dinero tenía que ser devuelto en 36 meses, pero ya en el primer año la empresa empezó a tener problemas financieros y Avalmadrid no cobró las primeras cuotas.

Por eso a finales de 2012 el Comité de Morosidad decidió endosar este crédito fallido a Cobralia, una empresa especializada en recobros que llevaba cinco años trabajando con Avalmadrid. Lo cierto es que Cobralia no ha tenido éxito en esta concreta gestión. No recuperó ni un euro (de hecho la deuda fue creciendo con el paso de los años debido a los intereses) ni ejecutó los bienes de los otros seis avalistas solidarios (sin contar con los padres de Ayuso) que habían garantizado el préstamo de 400.000 euros.

Como publicó Infolibre la semana pasada, ninguna de las doce propiedades valoradas en un total 2,97 millones aportadas por estos avalistas fueron embargadas por Avalmadrid para intentar recupera el crédito. Ni al parecer se dieron instrucciones a Cobralia para ello. Este diario ha intentado sin éxito hablar con algún portavoz de Cobralia. Fuentes de Avalmadrid, que piden permanecer en el anonimato, aseguran que esta fue una decisión que tomó el antiguo responsable del departamento de recuperaciones de Avalmadrid.

El consejo de administración de Avalmadrid, en el que se sientan el Ejecutivo autonómico, Bankia, la Cámara de Comercio y la patronal madrileña, encargó a finales de 2018 y principios de 2019 dos informes a auditores externos para analizar algunos de los contratos que se llevó Cobralia, ya que había dudas sobre los beneficios que había reportado al externalizar este servicio. Y es que las aguas bajan bastante revueltas en Avalmadrid tras el expediente sancionador abierto por el Banco de España. La inspección (realizada en 2016 pero comunicada en 2018) encontró graves irregularidades en los avales concedidos a proyectos vinculados con consejeros de Avalmadrid, y otros créditos sin esta vinculación pero que incumplieron varias instrucciones dictadas por el propio organismo supervisor sobre el control de riesgos.

El consejo de administración, presidido por Rosario Rey (directora general de Economía de la Comunidad), decidió tomar cartas en el asunto tras la inspección del Banco de España y contrató una auditoría externa con Forest Partners, que analizó 167 créditos que movieron 82,3 millones de euros entre 2008 y 2016. Esa auditoría detectó "incidencias" en 75 de esos préstamos, aunque finalmente Avalmadrid solo decidió llevar cuatro de ellos ante la Fiscalía. Una denuncia que acaba de ser archivada, no porque no haya delito, sino porque estos han prescrito. No fue el único cajón en el que se miró.

Luego vino el de Cobralia. La oposición ya llevó este servicio de recobro a la Asamblea de Madrid después de una emprendedora madrileña denunciara a la Fiscalía en mayo de 2017 las presiones recibidas por Cobralia. Ella pidió un préstamo de 47.000 euros a Avalmadrid para abrir una tienda de muebles, que quebró. Su deuda y la denuncia por impago que a su vez le puso la empresa semipública fueron asumidos por Cobralia. La primera relación entre Cobralia y Avalmadrid se fraguó en julio de 2007, cuando ambas suscribieron su primer contrato de arrendamiento de servicios profesionales. La retribución de Cobralia se fijó en una comisión de éxito que se aplicaría exclusivamente en caso de recuperación de la deuda, total o parcial, a razón de un 30% de la cantidad conseguida.

En los dos informes externos encargados por Avalmadrid no se encontraron importantes irregularidades por parte de la gestión de Cobralia. En uno de ellos, realizado por FTI Consulting, señala que todas las facturas emitidas por Cobralia por comisión de recobro (es decir, por recuperar parte de una deuda) "corresponden efectivamente a importes recuperados", y que en ellos incluso se aplicó un porcentaje inferior al contemplado en el contrato. Cobralia también facturó honorarios legales por los expedientes que acabaron en los tribunales, aunque estos fueron un 28% más bajos respecto a los que marca el Colegio de Abogados de Madrid.

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El único pero de este primer informe es que la facturación por los honorarios profesionales "podría ser discutible, puesto que al no tratarse de procesos sentenciados, la sentencia final de los mismos podría implicar un doble ingresos de dichos honorarios por parte de Cobralia, por el demandando y por Avalmadrid previamente, lo que no ofrece sentido económico". El segundo informe lo hizo PricewaterhouseCoopers (PwC), que fue mucho más crítico en el capítulo de los gastos legales que Cobralia facturó a Avalmadrid por los procesos judiciales, honorarios que fueron cobrados "independientemente del éxito de la reclamación judicial".

PwC señaló que Avalmadrid le había facilitado información confusa e incompleta que le impidió determinar" la existencia de un daño para Avalmadrid". No obstante, "a la vista de la documentación analizada, se podrían haber producido dos tipos de daños al patrimonio de Avalmadrid: un daño económico directo en caso de que se hubiesen llegado a satisfacer honorarios por servicios no efectivamente prestados o, en su caso, haberse satisfecho honorarios por duplicado por un mismo servicio; y un daño a futuro en caso de que se impusiese a Avalmadrid una sanción, pena o multa de cualquier naturaleza derivada del hecho de considerar a la sociedad como responsable subsidiario o cooperador necesario en la comisión de una infracción administrativa o de un delito".

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Desde Avalmadrid siempre han defendido que era normal contar en etapas anteriores con profesionales en el ámbito jurídico para reclamar las deudas de pymes y autonómos madrileños que no han tenido suerte en sus negocios. Y que se trabajó con despachos de abogados para gestionar estas operaciones impagadas. No solo con Cobralia, también con Adarve Corporación Jurídica y García Pi Abogados Asociados, por poner otros ejemplos. Las auditorías externas no analizan cuánta deuda han podido recuperar estas empresas de recobro. El ente semipúblico asegura que desde finales de 2016 los nuevos casos que llegan a la vía judicial son tramitados por abogados internos.