TRAS LA DENUNCIA DE LA EMPRESA SEMIPÚBLICA

Fiscalía investiga los créditos de Avalmadrid a Díaz Ferrán y Arturo Fernández

Avalmadrid, participada por la comunidad, Bankia, Cámara de Comercio y la patronal, detectó 75 avales con incidencias, pero solo ha llevado cuatro al ministerio público

Foto: Gerardo Díaz Ferrán (a la izquierda), con Esperanza Aguirre y Arturo Fernández. (EFE)
Gerardo Díaz Ferrán (a la izquierda), con Esperanza Aguirre y Arturo Fernández. (EFE)

La Fiscalía ya investiga algunos de los créditos que Avalmadrid concedió hace años a importantes empresarios vinculados a la propia Avalmadrid, como los que se llevaron los expresidentes de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández. Y es que Avalmadrid, la empresa semipública sin ánimo de lucro que ayuda a pymes y autónomos madrileños a obtener financiación, se ha tenido que denunciar a sí misma después de que el Banco de España le abriera un expediente sancionador tras detectar irregularidades en la concesión de estos avales. Avalmadrid tuvo entonces que encargar una auditoría externa para analizar 167 préstamos que movieron 82,3 millones de euros. Aunque esa auditoría detectó 75 con "incidencias", Avalmadrid ha decidido finalmente llevar al ministerio público solo cuatro.

El consejo de administración de Avalmadrid, empresa participada por el Gobierno regional (31%), Bankia (30%), la Cámara de Comercio (5%) y la patronal madrileña (0,02%), decidió el pasado mes de marzo denunciar ante la Fiscalía estos cuatro avales, denuncia que ha acabado en la unidad especializada en delitos económicos. En su escrito, Avalmadrid argumenta que ha seleccionado los préstamos que se concedieron "sin atender a razones de lógica económica y con apariencia de discrecionalidad", aquellos que causaron perjuicio económico a la empresa semipública y, sobre todo, en los que "existen vinculaciones entre las personas que formaron parte del órgano de Avalmadrid que aprobó la concesión de las operaciones con las empresas que resultaron avaladas".

Entre los agraciados, Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández, presidentes de la patronal madrileña CEIM entre los años 2002 y 2007 y 2007 y 2014 respectivamente (CEIM es uno de los socios protectores de Avalmadrid), José Miguel Guerrero Sedano (que era miembro del consejo de administración de Avalmadrid cuando esta le concedió el aval) y Patricio Rodríguez-Carmona y González, que también era miembro del consejo cuando Avalmadrid le otorgó los préstamos. Estos cuatro empresarios recibieron 6,3 millones de euros en avales entre 2009 y 2013, de los que la empresa semipública no ha podido recuperar tres millones.

En el caso de Gerardo Díaz Ferrán (que ha sumado 10 años de prisión en varias sentencias judiciales), Avalmadrid concedió siete avales a dos de sus empresas, seis a Rural Tours Viajes por importe de dos millones de euros y otro a Trap SA por 918.000 euros. Todos en 2010. Con ese dinero, la primera firma de Díaz Ferrán quería participar en la licitación de las obras del Parque Deportivo de Aldehuela, en Salamanca, y la segunda pretendía pagar a proveedores, ya que, como muchas empresas del grupo, pasaba por serios apuros económicos. De hecho, el analista interno de Avalmadrid que analizó las operaciones advirtió en su informe de los fuertes riesgos y de la mala situación financiera del Grupo Marsans.

José Miguel Guerrero Sedano.
José Miguel Guerrero Sedano.

"Prueba de la extrema situación del grupo en el momento de concederse los avales es que se declaró en concurso en junio de 2010, tras solicitarse el concurso necesario en abril de 2010. En el momento de solicitarse el mencionado concurso, Marsans ya se encontraba en situación de insolvencia al menos desde dos meses antes, es decir, en febrero de 2010, momento en el que se concedieron los avales", señala la denuncia de Avalmadrid. La auditoría externa que encargó señalaba además que estos avales se concedieron discrecionalmente, "ya que el análisis económico de la situación financiera del grupo, a todas luces, desaconsejaba su concesión, y las garantías obtenidas no tenían ningún valor ni garantizaban la recuperación".

De hecho, de los 2,9 millones concedidos a Díaz Ferrán, 2,7 millones no se han podido recuperar. Este caso puede salpicar al actual presidente de la patronal madrileña, Juan Pablo Lázaro, que ya ha anunciado que deja el cargo en junio. Lázaro era vicepresidente de CEIM y miembro del consejo de administración de Avalmadrid cuando se benefició a Díaz Ferrán.

El segundo caso que ha acabado en la Fiscalía es el préstamo de 250.000 euros que en abril de 2013 se concedió a Central de Compras Cantoblanco SL, que actuaba con tesorería del grupo de empresas de Arturo Fernández (que sustituyó a Díaz Ferrán al frente de la patronal madrileña). "Los balances y cuentas de pérdidas y ganancias sobre las que el analista de Avalmadrid realizó su trabajo difieren de los que se reflejaban en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil". Además, la central de compras solo había generado 1.000 euros de beneficio y las cuentas anuales del grupo presentaban saldos negativos.

"A pesar del alto riesgo aparente de la operación, no se solicitaron garantías", señala la denuncia. El grupo entró en concurso en octubre de 2014. Avalmadrid solo ha llevado este préstamo a Arturo Fernández a la Fiscalía, a pesar de que en total se le concedieron cinco por importe de 2,5 millones de euros, de los que tres son morosos. De los 250.000 euros de este aval, en concreto, aún se deben 202.000 euros.

Un acto de Avalmadrid en 2012.
Un acto de Avalmadrid en 2012.

La tercera operación que está siendo analizada por el ministerio público es el aval de 3,1 millones que en marzo de 2010 se concedió a la firma Padevi Patrimonial SL, una empresa de Grupo Casbar, que se dedicaba a la fabricación y comercialización de muebles metálicos dentro del sector metalúrgico. Este aval tenía como destino cancelar préstamos avalados también por Avalmadrid de 1,8 millones y quedarse con un remanente para hacer frente a determinadas inversiones. Es decir, un aval para garantizar un aval anterior. El analista de Avalmadrid recomendó su concesión porque los socios disponían de bienes, a pesar de que en esos momentos el Grupo Casbar ya presentaba resultados con pérdidas. "No se solicitan garantías adicionales".

José Miguel Guerrero Sedano era el principal socio de Casbar (con el 22,52% de su capital) y presidente de su consejo de administración cuando se concedió el aval, siendo también miembro tanto del consejo de administración como de la comisión ejecutiva de Avalmadrid. Aunque no asistió a la reunión cuando se aprobó el préstamo, que ha sido calificado como fallido. En cuarto y último lugar está el aval de 100.000 euros que en marzo se concedió a la empresa The Tie Gallery, dedicada a la venta de corbatas y complementos en pequeños locales situados en zonas 'prime' (el más emblemático estaba en la calle Lagasca de Madrid).

La denuncia presentada ahora señala varias irregularidades: que "la empresa presentaba un embargo por deuda tributaria en el momento de la concesión del aval; que las existencias no dejaban de crecer año tras año a un ritmo muy superior a las ventas, lo que es un reflejo claro de obsolescencia y pérdidas latentes significativas, y que las garantías que fueron exigidas fueron inferiores o más débiles a las que había recomendado el analista". El administrador único de The Tie Gallery, Patricio Rodríguez-Carmona y González, era en el momento de la concesión de la operación miembro del consejo de administración de Avalmadrid y vicepresidente de CEIM.

La denuncia de Avalmadrid incluye los nombres de todos los miembros de la comisión ejecutiva que aprobaron las cuatro operaciones. En total, 15 personas. Ninguno sigue en la entidad. Se trata de Juan Manuel Santos Suárez Márquez, Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo, José María Rotellar García, Alfonso Carcasona García, Jesús Martín Sanz, José María Eusebio Alcázar, Javier Cuadrado Vicente, Julián Rocha Grande, Alejandro Gómez Vivas, Juan Antonio Chorro García, Borja Cubillo Santamaría, Isabel Parga Reventós, José Miguel Guerrero Sedano, Aurelio García de Sola y Arriaga y Javier Cuadrado Vicente.

Madrid

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