Avalmadrid fulmina a su director en plena crisis por los créditos a 'afines' al PP

Las aguas bajan bastante revueltas en Avalmadrid, la empresa semipública que ayuda a pymes y autónomos a obtener financiación. El consejo de administración, en el que se sientan el Gobierno regional, Bankia, la Cámara de Comercio y la patronal madrileña, ha decidido prescindir de los servicios de su director general, Pedro Embid, por graves discrepancias en la denuncia que el ente puso ante la Fiscalía por una serie de créditos concedidos irregularmente a empresarios vinculados con el PP de Madrid. Según ha podido saber El Confidencial, Pedro Embid, que fue nombrado en marzo de 2018, se negó a apoyar una denuncia que calificó como política.

La versión oficial de Avalmadrid, en boca de un portavoz, es que en el último consejo de administración, celebrado el 5 de junio, "se decidió por unanimidad, ya que es el único órgano competente para adoptar este tipo de decisiones, comenzar a buscar un posible relevo al actual director general", que técnicamente sigue en su puesto hasta agosto pero que ya se ha despedido de sus más estrechos colaboradores. Avalmadrid ha contratado una empresa de cazatalentos para encontrar al mejor sustituto. Embid es el tercer director general que deja el cargo en los últimos tres años, tras Juan Luis Fernández-Rubíes y Jorge Morán.

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El consejo de administración que ha destituido a Embid es el mismo que a principios de año decidió presentar ante la Fiscalía una denuncia contra sí misma por la concesión de algunos créditos de manera irregular. No le quedó más remedio después de que el Banco de España le abriera un expediente sancionador tras detectar irregularidades en la concesión de estos avales. Avalmadrid tuvo entonces que encargar una auditoría externa para analizar 167 préstamos que movieron 82,3 millones de euros. Aunque esa auditoría detectó 75 con "incidencias", Avalmadrid decidió finalmente llevar ante el ministerio público solo cuatro.

La denuncia de Avalmadrid incluía los nombres de todos los miembros de la comisión ejecutiva que aprobaron las cuatro operaciones. En total, 15 personas. Solo uno de ellos sigue en la entidad. Embid nunca vio con buenos ojos la denuncia ni que la empresa semipública persiguiera a ciertos extrabajadores. Una denuncia que no ha llegado a buen puerto. El ministerio público la acaba de archivar sin calificar "si hay o no indicios de criminalidad" al considerar que los delitos relatados (administración desleal) han prescrito. No obstante, la Fiscalía cree que "las operaciones han supuesto una disposición fraudulenta de los recursos de la sociedad a favor de las personas vinculadas".

Los préstamos denunciados implicaban a Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández, presidentes de la patronal madrileña CEIM entre los años 2002 y 2007 y 2007 y 2014 respectivamente (CEIM es uno de los socios protectores de Avalmadrid), José Miguel Guerrero Sedano (que era miembro del consejo de administración de Avalmadrid cuando esta le concedió el aval) y Patricio Rodríguez-Carmona y González, que también era miembro del consejo cuando Avalmadrid le otorgó los préstamos. Estos cuatro empresarios recibieron 6,3 millones de euros en avales entre 2009 y 2013, de los que la empresa semipública no ha podido recuperar tres millones.

En su escrito de denuncia, Avalmadrid argumentaba que seleccionó los préstamos que se concedieron "sin atender a razones de lógica económica y con apariencia de discrecionalidad", aquellos que causaron perjuicio económico a la empresa semipública y, sobre todo, en los que "existen vinculaciones entre las personas que formaron parte del órgano de Avalmadrid que aprobó la concesión de las operaciones con las empresas que resultaron avaladas". La Fiscalía también ha rechazado investigar los hechos por "malversación de caudales públicos" (Avalmadrid tiene capital de la comunidad) porque aunque considera que se hizo un "mal uso" de los fondos públicos estos no se sustrajeron. Antes de la reforma del Código Penal de 2015, cuando se concedieron los créditos, no se perseguía ese mal uso.

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La decisión se tomó antes de que El Confidencial publicara que Avalmadrid concedió un préstamo de 400.000 euros a la empresa Mc Infortécnica SL, controlada al 50% por el padre de Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid. Como garantía, la familia de Ayuso aportó una pequeña finca de 558 metros cuadrados situada en un polígono industrial de Sotillo de la Adrada, en Ávila, escriturada en 26.388 euros pero tasada en 213.000 euros. Los técnicos alertaron de los riesgos de este crédito, que aun así fue concedido. El dinero nunca se devolvió y hoy la deuda es de 544.000 euros.

La oposición ha vuelto a pedir en la Asamblea de Madrid, con el inicio del nuevo curso político, explicaciones sobre los créditos que concede Avalmadrid. El grupo parlamentario de Más Madrid, liderado por Íñigo Errejón, ha pedido este jueves que la Cámara de Cuentas fiscalice las cuentas de esta empresa semipública entre los ejercicios 2008 y 2018, ambos inclusive. El grupo socialista ya solicitó hace unos días en el Parlamento madrileño un requerimiento de información para conocer todo el expediente del préstamo que Avalmadrid concedió a la sociedad participada por el padre de Díaz Ayuso.