Truchas invasoras en ríos madrileños: el juez investiga cómo llegaron en 37 camiones

Cuatro juzgados madrileños investigan si se ha cometido algún tipo de delito contra la fauna después de que cuatro sociedades de pescadores soltaran en varios ríos madrileños miles de truchas arcoíris, una especie catalogada como invasora a partir de junio de 2016. La Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Madrid presentó denuncia el pasado mes de diciembre contra los responsables de estas cuatro asociaciones (Santa María de la Alameda, Alto del Manzanares, Valle Alto del Lozoya y La Jarosa). La justicia indaga ahora si los peces, transportados en al menos 37 camiones, tenían los permisos necesarios.

En la comunidad de Madrid hay varios cotos de pesca intensivos, tramos de ríos que el Gobierno regional cede a manos privadas. Estas, sociedades de pescadores, compran los peces en piscifactorías y los sueltan en los tramos fluviales que gestionan. Luego venden permisos que dan derecho a la captura de un cupo de ejemplares. Estas sueltan deben contar con la autorización del Gobierno regional. La denuncia inicial, formulada por cinco asociaciones ecologistas y que la Fiscalía convirtió en diligencias de investigación, señala que dichas sueltas "no contaron con la preceptiva autorización administrativa".

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Antonio Martínez, de Ecologistas en Acción, asegura que los juzgados tendrán que dirimir también la responsabilidad del Área de Conservación de Flora y Fauna de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, que pudo conocer estas sueltas y no haberlas impedido. "La normativa es clara, y reitera la tutela de la Administración respecto al control y funcionamiento del coto de pesca, especialmente en lo que se refiere a la autorización y visado de las repoblaciones que se llevan a cabo. Las sueltas de peces en los ríos de la Comunidad de Madrid requieren de expresa autorización administrativa". Las ahora investigadas se produjeron en los ríos Manzanares, Lozoya, Cofio y Guadarrama en el primer semestre de 2016.

En esas fechas la trucha arcoíris no era considerada especie invasora. No lo fue hasta que en marzo de 2016 una sentencia del Tribunal Supremo corrigió el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, redactado en 2013 y que no incluía inicialmente a este pez. El Alto Tribunal modificó el catálogo y obligó al ordenamiento español a calificar este tipo de trucha como invasora. La sentencia fue publicada en junio de 2016 y desde entonces no se pueden soltar en los ríos nacionales.

Los ecologistas recalcan que son varias las normativas que regulan las autorizaciones para que particulares liberen fauna al medio natural. La primera de todas, un decreto de 1943 (el reglamento para la ejecución de la Ley de Pesca Fluvial), que todavía sigue vigente 76 años después. Aquí se especifica que la Administración debe levantar un acta de toda suelta que se produzca. Luego está la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, donde queda prohibida la suelta no autorizada. Y finalmente la Orden 222/2016, de 17 de febrero, de la Comunidad de Madrid, que señala que "la repoblación con ejemplares de las especies piscícolas en tramos habitados solo podrá realizarse con autorización expresa de la Consejería de Medio Ambiente por razones de investigación, educación o repoblación, ligada a la gestión".

El problema es quien autorizó esas sueltas. El Confidencial ha tenido acceso a un acta del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, fechada el 14 de julio de 2017, que asegura que solo hay constancia de dos sueltas en el primer semestre de 2016. En una respuesta oficial a los ecologistas, la consejería señala que "en el año 2016 la Comunidad de Madrid no ha realizado ninguna repoblación piscícola de ninguna especie en ningún tramo fluvial, ni ha autorizado a las sociedades locales de pescadores que gestionan cotos de pesca consorciados la realización de ningún tipo de suelta".

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Consultada por este diario, la Consejería de Medio Ambiente tiene otra versión distinta a la de sus documentos oficiales. "La Comunidad si conocía la suelta de los 37 camiones de truchas durante el primer semestre de 2016, a través del cuerpo de agentes forestales que son los encargados de inspección en el entorno de los ríos. En cuanto a la autorización, las sueltas están genéricamente autorizadas en el pliego de condiciones que regula el consorcio entre la consejería y la sociedad de pescadores local para la gestión del tramo de río correspondiente. En dicho pliego se establece que las sociedades se comprometen a comunicar las repoblaciones que vayan a efectuar con antelación suficiente".

La consejería dejó claro en otro escrito oficial de 2016 que los agentes forestales o personal técnico de la Comunidad siempre levantan acta de toda repoblación, un documento que recoge la ubicación destino de los ejemplares, datos de la titularidad de la explotación piscícola, datos del veterinario, certificado de desinfección de los vehículos que transportan los peces y datos de muestreo sobre los ejemplares. Todas las repoblaciones cuentan con una 'Guía de Origen y Sanidad'.

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Desde Ecologistas en Acción recuerdan que "la consejería nos respondió literalmente que 'ignoraba' que hubiera repoblaciones y que no había dado autorización. Dudo mucho que pueda valer administrativamente como autorización una cláusula de una resolución plurianual y genérica. El reglamento de pesca se refiere a autorizar cada repoblación. El artículo 54 de la Ley 42/2007 de Patrimonio deja claro que cualquier suelta de especies debe tener expresa autorización. Qué control puede haber si se ignora qué cantidades, cuándo, dónde, y en qué condiciones sanitarias se están soltando peces alóctonos en tramos de la Red Natura".

Los ecologistas señalan que los agentes forestales solo tienen registradas dos sueltas, no 37

Desde la dirección general de Medio Ambiente matizan que cuando respondieron a los ecologistas que no se habían dado autorizaciones se referían "al margen de las genéricas autorizadas en los pliegos de gestión de los cotos. Los agentes forestales suelen estar siempre sobre el terreno controlando las sueltas". Martínez, en cambio, señala que ellos tienen documentadas 37 sueltas en el primer semestre de 2016, muy lejos de las dos que certifican los agentes forestales. En esas dos se transportaron 600 y 900 truchas.

"Y muchas de estas sueltas están documentadas en los propios anuncios que hicieron los gestores de los cotos en sus páginas web, incluyendo en ocasiones fotografías". Las 37 sueltas se produjeron entre el 26 de enero y el 7 de junio de 2016. "Sorprende que semejante trasiego de camiones por las riberas, procedentes de piscifactorías, no fuera detectado por los servicios de inspección de la propia consejería". En ese primer semestre los cotos madrileños expidieron 18.700 permisos de caza.

Antonio Martínez explica que para conocer lo sucedido es clave que la Administración facilite las memorias anuales de los cotos. "Estos documentos son de carácter público salvo los datos protegidos que pueda contener. Los hemos solicitado varias veces pero no nos dan una copia. Las memorias de 2016, por ejemplo, tuvieron que ser entregadas antes del 15 de enero de 2017. Y en ellas se podrá ver los permisos expedidos y los datos de las repoblaciones efectuadas. Como se entregan a la consejería si aparecen las repoblaciones la Comunidad tuvo que conocer entonces que estas se hicieron sin permiso. Y lo toleró. Hemos pedido al juez que las solicite".

El Confidencial ha intentado hablar con los representantes de las cuatro sociedades de pescadores denunciadas. Solo lo ha conseguido con José Pérez Andrés, presidente de la del Valle Alto del Lozoya. Asegura que ya se ha puesto en contacto con él la Guardia Civil para declarar y que todas las sueltas se hicieron legalmente. "Siempre con permiso de la Comunidad de Madrid y de los agentes forestales presentes. ¿Cómo voy a cometer un delito con los agentes presentes?", señala.

Pérez Andrés señala, no obstante, que no existe un permiso escrito, sino telefónico, y que tiene en orden "la guía de transporte" de los peces. "Soltábamos unos 300 kilos cada 15 días si había demanda. Pero tras la sentencia del Supremo dejamos de hacerlo. Antes lo hacíamos con todo en regla", insiste. Desde la Consejería no entienden muy bien la denuncia de los ecologistas, ya que todas las truchas arcoíris que se han soltado durante años en los ríos madrileños son ejemplares creados en cautividad y sometidos a tratamiento de esterilidad para una captura a corto plazo sin viabilidad de continuidad ni reproducción. Es decir, repoblaciones contraladas en un tramo acotado que no se convierten en competencia de la trucha común.