La Carlos III tiene como jefe jurídico a un imputado de la caja B del PSOE valenciano

La Universidad Carlos III de Madrid mantiene como secretario general a uno de los imputados en lo que ya se ha llamado judicialmente como la caja B del PSOE valenciano, un caso que investiga el juzgado de instrucción número 24 de Madrid. Se trata de Marcos Vaquer Caballería, que declaró en calidad de investigado este lunes pasado. Vaquer ocupa uno de los cargos más importantes de la Carlos III, el de secretario general, el encargado de "dar fe de los actos y acuerdos de la universidad y responsable de la dirección de su asesoría jurídica". Es decir, la persona que vela porque las decisiones que se tomen se ajusten a la legalidad. Vaquer está siendo investigado por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Vaquer Caballería ocupó altos cargos el Ministerio de Vivienda durante los Gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre 2004 y 2008 fue director general de Urbanismo y Política de Suelo. Y entre 2008 y 2010 subsecretario del ministerio y presidente de la empresa pública estatal SEPES. El juzgado madrileño le investiga por su papel en la adjudicación por la vía de urgencia en diciembre de 2008 de un contrato a la agencia de comunicación Crespo Gomar SL para que publicitara el plan de vivienda 2009-2012, una licitación de 126.000 euros y que pudo servir para financiar ilegalmente a los socialistas valencianos. Esta agencia colaboró con el PSPV-PSOE en la organización de las campañas electorales de 2007

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Aunque la investigación se dirime en varios juzgados de Gandía y Benidorm, tiene una pieza en Madrid ya que algunos de los contratos bajo sospecha fueron firmados por organismos gubernamentales con sede en la capital de España. Es el caso de este contrato de creatividad. Marcos Vaquer fue la persona responsable de firmar el contrato, el acta de recepción y el certificado de conformidad de la factura y la contabilidad de la misma en el plazo récord de tres días, entre el 28 y el 30 de diciembre. Este contrato fue, presuntamente, un pago de favores. La empresa Crespo Gomar, con sede en Gandía, está presidida por el hijo del exteniente de alcalde de esta localidad, Antoni Gomar, y organizó actos electorales para los socialistas valencianos en la campaña de 2007. La justicia investiga ahora si constructoras y otras firmas privadas pagaron a Crespo Gomar actos de esa campaña.

Marcos Vaquer es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, de la que fue profesor titular entre los años 1991 y 2011. Antes había sido profesor asociado y letrado del Estudio Jurídico de la universidad. Muy vinculado a la Carlos III ahora es su secretario general, el máximo responsable legal de la misma. La Carlos III fue fundada en 1989 y tuvo como impulsor y primer rector al exdiputado socialista Gregorio Peces-Barba. Si el caso del máster del Cristina Cifuentes ha puesto de manifiesto los fuertes vínculos de la Universidad Rey Juan Carlos con el PP, para muchos la Carlos III es un centro vinculado tradicionalmente al PSOE.

La Carlos III maneja un presupuesto anual de 160 millones de euros. La secretaría general dirige también su servicio jurídico. Se encarga, por ejemplo, de avalar legalmente todos los convenios que firma este centro universitario, gestionar el boletín interno, redactar las actas de los órganos de Gobierno (como el Consejo y el Claustro), y gestionar las elecciones internas de los departamentos. Sus funciones están reguladas en el artículo 52 de los estatutos de la Carlos III. En definitiva, es el corazón legal de la universidad. Un portavoz de la Carlos III señala que Marcos Vaquer les acaba de informar "que fue citado como investigado la semana pasada en unas diligencias previas por hechos ocurridos hace una década, cuando él no prestaba servicio en la universidad. Ha solicitado una licencia a efectos de docencia e investigación. Si se le concede, será sustituido durante la duración de la misma en el cargo de secretario general".

Vaquer, que ha pedido que le defienda la Abogacía del Estado, no es el único investigado en esta causa. También lo están varios de los miembros del equipo de la entonces ministra socialista Beatriz Corredor, como el director de gabinete Nicolás Mateos; la responsable de comunicación del ministerio y actual integrante del equipo de prensa de Ferraz, Eva Cuesta; o la subdirectora general Irene Domínguez-Alcahuz, que en la etapa investigada era abogada del Estado y participó en las reuniones de la junta de la mesa de contratación que tramitó el contrato. La lista la completa Pedro Plasencia Fernández, ex alto cargo del Ministerio de Fomento en la segunda legislatura de Zapatero.