La URJC denuncia por malversación al instituto del máster de Cifuentes

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha presentado una denuncia en los juzgados de Instrucción de Madrid por presunto delito de malversación en la gestión económica del Instituto de Derecho Público. Así lo ha decidido tras las "graves irregularidades económicas" en la gestión de este ente y que se desprenden en la investigación encargada por la universidad a raíz de la polémica por el máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, que desplegaba este organismo.

Tras conocerse los indicios de presuntas irregularidades tanto en este máster como en la gestión del ente, la universidad decidió destituir como director del Instituto de Derecho Público al catedrático Enrique Álvarez Conde, que está investigado por el Juzgado de Instrucción número 51 en el caso del máster de la expresidenta. A su vez, expone que el informe del delegado para dirigir provisionalmente el IDP, Pablo Acosta, "destapa" que el Instituto "nunca tuvo personalidad jurídica propia, aunque actuaba como si la tuviera; ni se sometía a ninguna supervisión de la URJC, ni disponía de contabilidad oficial".

"Se ha constatado la existencia de transferencias bancarias realizadas a personas que podrían estar incursas en causa de incompatibilidad para contratar con el Instituto por razones de parentesco", reza el informe. También detecta la existencia de transferencias bancarias "a cuentas en apariencia particulares sin que conste en el apunte bancario en qué concepto se realiza el pago" y que hay "disposiciones de efectivo en oficina bancaria por importes de miles de euros".

"El hecho de que se retiraran del banco cantidades en metálico impide saber a qué fin se dedicaron. Hay numerosos apuntes bancarios relativos al uso de tarjetas de crédito para gastos aparentemente personales en establecimientos comerciales no relacionados con la actividad docente e investigadora del Instituto...", expone el informe.

Dinero en fondos de alto riesgo

Por otro lado, el informe recoge que el Instituto de Derecho Público "tiene abiertas cuentas en dos entidades bancarias: una es un banco comercial y otra en un banco de inversión".

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"En este último se abrió cuenta en mayo de 2016 mediante una transferencia de 100.000 euros. Parte de ese dinero ha sido invertido en fondos de renta variable, algunos de los cuales podrían estar calificados como fondos de alto riesgo. La inversión de fondos públicos en este tipo de productos financieros, de confirmarse, es contraria a los principios de buena administración que obligan a cualquier funcionario público", recoge el documento elaborado por Acosta.

A su vez, el informe concluye que el instituto funcionó desde su creación "con plena autonomía de hecho, pero sin la debida cobertura jurídica, ni por parte de la ley ni del reglamento propio que nunca llegó a ser aprobado por el consejo de gobierno de la URJC". Por otro lado, se ha constatado que "no existía ninguna contabilidad oficial".