El exalcalde del PP investigado por falsear comidas e inventarse el kilometraje

Ambite es un pequeño pueblo del este de la Comunidad de Madrid de apenas 680 habitantes, justo en el límite con Castilla-La Mancha. Tan pequeño que maneja un presupuesto de 600.000 euros y que no tiene entre sus calles ninguna entidad bancaria. Solo tres bares y una farmacia. Ambite también vive una pequeña guerra política que se está dirimiendo en un juzgado, donde el exalcalde del PP (hoy edil en la oposición), dos de sus concejales y la ex secretaria interventora están siendo investigados por malversar 62.000 euros en dietas sin justificar, nóminas duplicadas, comidas en restaurantes que supuestamente no existen y kilometrajes inventados.

La historia tiene su miga. Un grupo de la oposición, Ciudadanos de Ambite, acudió a la Fiscalía en noviembre de 2015 después de que el PP perdiera la alcaldía tras las elecciones municipales. La denuncia acusaba al ex-regidor Antonio Villarta y a dos de sus concejales, Manuel Piedra y Antonio Murcia, de malversar dinero del ayuntamiento. El ministerio público remitió el caso al juzgado número 5 de Arganda del Rey, que acabó abriendo diligencias e imputando a los tres políticos del PP (hoy ediles en la oposición) y a María José Hernández Garcimartín, la ex secretaria interventora. El caso sigue abierto dos años después a la espera de que la jueza decrete la apertura de juicio oral o archive la causa.

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El juzgado empezó su instrucción con un demoledor informe de la Guardia Civil fechado en mayo de 2016. En él, los agentes señalan que Villarta pudo malversar 41.526 euros entre 2013 y 2015, cuando gobernaba con mayoría absoluta. ¿Cómo? De los modos más dispares. Al llegar al poder en 2011, Villarta se puso un salario de 1.393 euros mensuales hasta que en 2013 una ley nacional prohibió a los alcaldes de municipios tan pequeños tener un sueldo. Entonces, en 2014, el regidor empezó a cobrar dietas para fijarse "un sueldo encubierto", según la Guardia Civil. Así percibió 21.082 euros en 2014 y 2015. "Casi todos los pagos son efectuados en efectivo". La Benemérita también detectó que cobró dos veces la nómina de diciembre de 2013.

En esas dietas estaba el kilometraje de los viajes que hacía el alcalde como consecuencia de su cargo. "No se hace un cálculo específico ni se tiene en cuenta el lugar exacto del destino", explica el informe policial, que destaca como sorprendente que el kilometraje de los viajes de Ambite a Madrid (que en principio deberían tener siempre la misma distancia) fue aumentando con el paso de los meses. Se pasaron dietas por 114, 118 y 120 km. La Benemérita calcula que en este apartado Villarta cobró 847 euros de más. Un real decreto fija una indemnización de 0,19 euros por kilómetro, aunque en Ambite se pagaban 0,25. La diferencia debe tributarse. Los agentes detectaron que esa declaración fiscal nunca se realizó.

La Guardia Civil también señala que Villarta justificó una serie de comidas en un restaurante "que no existe, ni física ni en el Registro Mercantil" por valor de 3.971 euros. Otro capítulo analizado son las asistencias a plenos y juntas. "Entre los años 2013 y 2015, ha percibido 6.187 euros sin que existan actas que justifiquen la asistencia; y de las que existen, excepto dos del año 2013, no cumplen los requisitos determinados por ley para certificar su celebración". Para finalizar, no devolvió el teléfono móvil iPhone facilitado por el ayuntamiento y valorado en 242 euros, cantidad sumada a lo malversado. La Benemérita acusa al ex-regidor de ser responsable de la malversación de 41.526 euros.

Manuel Piedra, que fue primer teniente de alcalde, también está acusado de malversar 11.496 euros por conceptos parecidos, y Antonio Murcia, edil del PP, otros 9.182 euros. En cuanto a la ex secretaria interventora, la Guardia Civil señala que "dictó cada una de las resoluciones de pago a sabiendas de que estas eran injustas e indebidas, si bien no realizó ningún reparo".

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Pero Villarta asegura que el caso ha dado un vuelco. El pasado 16 de noviembre, el juzgado ha ordenado una prueba pericial caligráfica para determinar si algunos de los documentos aportados por los denunciantes son falsos. Perito que fue designado en febrero de 2018. "Son falsos de cajón. Parte de los documentos están escaneados y digitalizados. Estamos a la espera de ese informe caligráfico para pedir el archivo del caso y querellarnos contra los denunciantes", explica el hoy concejal del PP. Villarta afirma que es inocente: "Todos hemos ido a declarar como investigados y hemos salido del juzgado sin ninguna medida cautelar. En dos años y medio, el juez no ha pedido la apertura de juicio oral. Por algo será".

¿Qué documentos son falsos? "No han falsificado todo, pero lo más grave sí. Que yo ordené pagos con informes contrarios del secretario interventor. No es verdad, yo todos los pagos que ordené los hice con el informe del secretario. Sin olvidar que luego la Cámara de Cuentas nunca hizo ningún reparo a mi gestión. Si la Guardia Civil hizo el informe, lo hizo con la documentación que le aportaron en ese momento los denunciantes", señala seguro Villarta, que recalca que tres interventores han defendido sus tesis en sede judicial. "Todo ese informe de la Guardia Civil está rebatido. Hay documentos manipulados en los que mi firma está fotocopiada".

Villarta asegura que hasta tres interventores han declarado en sede judicial a su favor. El primero, Borja Cousidó, que estuvo solo tres meses en el municipio y que sustituyó a la hoy investigada María José Hernández. Cousidó declaró ante la jueza que no advirtió irregularidad alguna, ni exceso en la liquidación de kilometrajes, ni nunca habló de facturaciones sospechosas. Y que le constaba la rotura del teléfono móvil del entonces alcalde, motivo por el cual no lo entregó a la finalización de su mandato. Ante la Guardia Civil, las palabras de Cousidó fueron otras.

Según el informe policial, Cousidó declaró "que todos los reparos que realizó, ante las irregularidades detectadas, fueron levantados por el alcalde". Respecto a las juntas municipales, afirmó "que los asuntos normalmente tratados en las mismas eran meramente informativos sin adoptar ningún tipo de acuerdo y que desde su punto de vista sospecha que aprobaron la necesidad de establecer una sesión ordinaria para poder cobrar una dieta de manera fija, durando alguna de estas juntas tan solo 15 minutos". Además, afirmó "que la documentación que se presentaba en la Cámara de Cuentas no se ajustaba a la realidad de gastos del ayuntamiento" y observó "una facturación sospechosa a favor de una serie de empresas que prestaban servicios para el ayuntamiento por elevadas sumas de dinero" que no incluía toda la documentación.

Villarta insiste en su inocencia y ha aportado al juzgado documentación para su defensa. Una penalización de 816 euros porque el ayuntamiento se cambió de operador telefónico sin respetar la permanencia, la transferencia bancaria por la que devolvió la nómina de más cobrada por error, el dictamen municipal de las cuentas del Ayuntamiento de los ejercicios 2014 y 2015, un certificado que asegura que el kilometraje siempre se pagaba a 0,25 antes de que él llegara a la alcaldía... "Esto es todo una batalla política", señala. En cuanto a las comidas en el restaurante inexistente, "a mí la jueza no me ha preguntado sobre eso. Aquí han visto muchas películas y solo te diré que los domicilios sociales no tienen que coincidir con los fiscales".

Montserrat Merino es una de las concejalas denunciantes de la formación Ciudadanos por Ambite. "Nosotros no hemos falsificado nada. Aportamos una documentación inicial a la denuncia de la Fiscalía y luego la guardia civil se personó en el ayuntamiento a buscar más documentación, más otra que requirió el juzgado. Lo que pasa es que aquí algunos quieren dilatar el procedimiento con maniobras de presunta falsificación".

Las bodas sospechosas de Ambite

Ambite ya fue noticia en el verano de 2016 después de que la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional desarticulara una trama que organizó hasta 527 expedientes de matrimonios de conveniencia, la mayoría de ellos en esta localidad, donde se llegaron a realizar 210 bodas amañadas en una población que no llega a los 700 vecinos. El caso fue bautizado como operación Faraón, ya que la organización estaba dirigida por un egipcio. Casualmente, los matrimonio se dispararon en este pequeño municipio cuando el anterior Gobierno local, del PP, subió las tasas para casarse de 60 a 250 euros para los no empadronados, una medida que se adoptó en octubre de 2011, a los pocos meses de que Villarta llegara a la alcaldía.