El exalcalde que enterró 18 millones en cuevas que se hunden, cruces y ermitas

Unas cuevas bajo el casco histórico; pilones y cruces por todo el pueblo; casas parroquiales, y una nueva ermita. Cuatro proyectos que se presupuestaron en 3,74 millones de euros y que finalmente costaron a las arcas del Ayuntamiento 22,4 millones, 18 millones más de lo previsto. El juzgado de instrucción número 4 de Navalcarnero decretó la semana pasada la apertura de juicio oral contra el exalcalde del municipio Baltasar Santos (del PP) y la ex interventora municipal Teresa de Jesús Hermida, acusados de prevaricación continuada, fraude, malversación, falsedad en documento público, delitos urbanísticos y contra el patrimonio histórico. El juzgado también exige a cada uno de ellos 1,5 millones como fianza.

La cantidad malversada puede aún ser mayor, ya que en el último proyecto, la construcción de la ermita de Santa Águeda, "la partida presupuestaria varió de manera significativa a lo largo de los ejercicios, dificultándose así el seguimiento de la ejecución presupuestaria, ya que se pudieron imputar gastos a otras aplicaciones presupuestarias, imposibilitando un cálculo preciso de los gastos incurridos por el ayuntamiento para su finalización". Así reza el escrito de la Fiscalía Provincial de Madrid al que ha tenido acceso El Confidencial. Santos fue expulsado del PP en el año 2015 tras ocultar al partido que estaba imputado por varias causas judiciales.

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Las respuestas generales del Catastro del Marqués de la Ensenada (una especie de censo de los pueblos de la Corona de Castilla elaborado a mediados del siglo XVIII) revelaban ya la existencia de 125 cuevas en Navalcarnero, construidas bajo las casas de los vecinos y que eran usadas como despensas y bodegas. El conjunto histórico del municipio es Bien de Interés Cultura (BIC) desde el año 2000. En abril de 2004, el entonces regidor, Baltasar Santos, ideó un ambicioso proyecto para realizar excavaciones debajo de la plaza de Segovia y alrededores para unir las cuevas y crear una red de galerías que se podrían explotar turísticamente. El problema es que lo hizo saltándose los requisitos legales y técnicos.

No hubo proyecto técnico, ni proyecto de seguridad ni estudio geotécnico. Según la Fiscalía, Santos actuó en "claro fraude de ley" pese a tener "pleno conocimiento de las irregularidades descritas, siendo consciente de que se estaban incumpliendo los trámites legalmente establecidos". Por su parte, Teresa de Jesús Hermida Martín, como interventora municipal, "faltó a su deber de control y fiscalización, no emitiendo informes negativos ni cuestionando o poniendo en duda la legalidad de las obras, pese a las claras irregularidades presentes y de las que tuvo conocimiento".

En relación con los pagos a proveedores, "no se aplicaron los procedimientos establecidos por ley, por cuanto no consta la elaboración de expediente alguno de contratación para la prestación de los correspondientes servicios y la realización de los correspondientes suministros vinculados a las obras que se estaban ejecutando. A sabiendas de que se estaban incumpliendo los procedimientos aplicables, y de nuevo en claro fraude de ley, el alcalde optó por un fraccionamiento de los indicados contratos, creando una ficción de contratación menor o adjudicación directa, práctica expresamente prohibida". El presupuesto inicial fue de 1.053.943 euros, aunque el coste final del proyecto ascendió a 3.630.145, por lo que hubo una desviación del 244%.

El PSOE denunció las obras en 2011 tras aparecer las primeras grietas en los edificios. Santos terminó las obras ese año, pero solo pudo abrir las cuevas unos días. Había peligro de derrumbe y el subsuelo está desde entonces cerrado. No se puede visitar. En 2004, Santos también presentó un proyecto paralelo al de las cuevas para rehabilitar el casco urbano, que conllevaría la construcción de pilones en los caminos, un rosario de mojones y cruces de granito que adornarían varios puntos del municipio. La Fiscalía también define esta obra como "fraude de ley". Fue el proyecto que más se disparó: de los 586.099 euros iniciales se pasó a 11.508.084, una desviación del 1.863%.

El tercer proyecto investigado nació del convenio urbanístico que firmaron el ayuntamiento y la Diócesis de Getafe, donde se incluía la construcción (con cargo al consistorio) de unas casas parroquiales que fueron inicialmente presupuestadas en 2.105.000 euros. Las obras fueron realizadas por medios materiales y humanos del propio ayuntamiento, cuando por ley no se podían hacer con recursos públicos. En 2006, el alcalde decidió además modificar el proyecto inicial e incluir una torre que incrementó el coste en 272.401,83 euros. El presupuesto final se disparó a 7.293.844,22 euros, un sobrecoste del 246,50%.

El último proyecto fue la construcción de la ermita de Santa Águeda. La Fiscalía sostiene que no hay constancia de que ningún órgano municipal aprobara los informes pertinentes, "por lo que los mismos se realizaron a instancias de Baltasar Santos con ocultación a la Junta de Gobierno Local. No consta tampoco la existencia de contrato alguno firmado para la ejecución de la obras". El ministerio público ha sido incapaz de cuantificar el coste final de la ermita.

"A lo largo de los ejercicios en los que se fue desarrollando el proyecto, la partida presupuestaria a la que se fue imputando varió de manera significativa, dificultándose así el seguimiento de la ejecución presupuestaria, imposibilitando un cálculo preciso de los gastos incurridos por el ayuntamiento para su finalización". Para la Fiscalía, Santos "realizó actuaciones, dictó decretos, ordenó pagos y afrontó las obras que se estaban llevando a cabo, todo ello con clara y patente vulneración de los procedimientos legales de licitación y adjudicación, adoptando asimismo decisiones unilaterales al margen de la Junta de Gobierno Local y el pleno del ayuntamiento". La Fiscalía solicita también para ambos acusados sendas penas de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

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El consistorio, una coalición formada por PSOE, Cambiemos y un edil independiente, ha creado una comisión de investigación para analizar la gestión de Santos (alcalde entre 1995 y 2015) y ha pedido a la Cámara de Cuentas que audite los ejercicios fiscales del municipio entre los años 2007 y 2015. Según el Ministerio de Hacienda, Navalcarnero es la localidad más endeudada de Madrid (y la número 24 de toda España). Cada uno de los vecinos debía más de 3.700 euros en diciembre de 2016. El fisco hace ese cálculo con una deuda de 101 millones de euros, aunque el actual Gobierno local la eleva hasta los 240 millones. "Como resultado de esta comisión, están en marcha nuevas querellas cuyo objetivo fundamental es recuperar el dinero que nunca tendría que haber salido de las arcas municipales y que el actual Ejecutivo local cifra en cerca de 700 millones de euros", según señala un portavoz municipal.

El Tribunal de Cuentas también investiga por un delito de responsabilidad contable por alcance a Santos y a otros cuatro exconcejales del PP por las irregularidades detectadas en las obras del Polideportivo de la Estación, adjudicado por 14,8 millones a Constructora Hispánica SA (una de las empresas del caso Gürtel). El proyecto nunca se acabó y el tribunal ha exigido al exalcalde que deposite una fianza de 10 millones de euros, según adelantó 'El País'.