Imputado un exalcalde que provocó 16 años de vertidos fecales: 'olvidó' un colector

El Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero ha citado como investigado (la nueva figura jurídica de la imputación) a José Ramón Navarro Blanco, exalcalde del PP en el municipio madrileño de Griñón. La Guardia Civil le acusa de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente porque su equipo de gobierno 'olvidó' construir un colector que debería haber llevado los residuos que generan algunos ámbitos de la localidad a una estación depuradora de aguas residuales (EDAR). En lugar de eso, las aguas fecales desembocan directamente en el arroyo del Prado.

El exregidor deberá declarar el 5 de febrero. También están imputados dos técnicos del consistorio. El Confidencial adelantó en noviembre de 2016 que los 10.000 vecinos del municipio tenían un grave problema ambiental. El arroyo del Prado (más conocido como el arroyo de las Suertes) llevaba años acumulando aguas fecales, unos 169 metros cúbicos diarios, porque faltan 222 metros de una tubería que debería haber conectado los residuos de la localidad con la estación depuradora. El ayuntamiento pagó por esos metros, pero no se construyeron.

El último informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil señala que los vertidos están constatados al menos desde el año 2011, año en el que la Confederación Hidrográfica del Tajo detectó los vertidos de aguas fecales y multó al consistorio. Las obras del colector incompleto, no obstante, son de 2001, por lo que los vertidos comenzaron ese año. La denuncia la puso un concejal del actual equipo municipal, Ciudadanos Independientes de Griñón. El edil, Fernando Tejero, ha confirmado la denuncia, pero prefiere no hacer declaraciones para no entorpecer la investigación judicial.

El colector en cuestión fue financiado con fondos públicos del Plan Prisma de la Comunidad de Madrid. La obra fue adjudicada por 38,9 millones de pesetas (234.000 euros) a la empresa Construcciones Valle SA en octubre del año 2000. El Seprona califica los hechos de "daño sustancial" al medio ambiente del municipio, ya que según iba creciendo la ciudad nuevos ámbitos han vertido sus residuos a este colector inacabado y, por ende, al arroyo. El Canal de Isabel II ha podido identificar "los distintos enganches de redes de aguas residuales de varios desarrollos urbanísticos al citado colector, los cuales en definitiva son los causantes del vertido".

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David Fernández

Se trata, por ejemplo, de 31 chalés de la urbanización La Sota, que se construyó en el periodo 1999-2001. Estas viviendas hicieron mal sus conexiones en las redes de evacuación, ya que deberían tener dos: por un lado las de las aguas fecales y por otro la de las aguas pluviales. Sin embargo, la primera está unida a la segunda, convirtiendo esta última en fecales, que van a parar al colector general. En 2002 llegó la residencia de ancianos Tercer Milenium y la piscina municipal cubierta, que cuenta con gimnasio, y un Mercadona. También ocho viviendas de la avenida La Paz y "una acometida ilegal de aguas residuales de la finca Huerta Chica".

El Seprona ha analizado toda la documentación aportada por el consistorio y ha comprobado la "falta" de construcción de un tramo de tubería, concretamente 222 metros: la diferencia entre los 1.045,95 metros previstos en la obra y los 823,44 metros finalmente construidos. "Lo que se constata es que el aliviadero de crecida no se ha realizado, faltando 217 metros [la Guardia Civil habla de 217 no 222] menos de los certificados y pagados, comprobándose que el colector vierte en el mismo arroyo donde se tenía prevista la salida del aliviadero. Por este es por donde discurren a fecha actual de forma continua el caudal de aguas fecales sin depurar que dan lugar al vertido, originado por la falta de conexión de un tramo anterior a este punto a un colector que a fecha actual no existe", reza el informe policial.

José Ramón Navarro fue concejal de Obras, Servicios y Medio Ambiente entre febrero de 2000 y julio de 2003. Luego fue alcalde desde julio de 2003 hasta septiembre de 2011. Antes de dejar la alcaldía, la Confederación Hidrográfica del Tajo le comunicó la apertura de un expediente, que acabó en una multa de 6.000 euros por los vertidos. En 2015, la Confederación volvió a inspeccionar la zona amenazando con nuevas sanciones. Es cuando el nuevo equipo de gobierno (los independientes que sustituyeron al PP) se dio cuenta de la magnitud del problema. El Seprona deja claro en su informe "que no existen indicios de responsabilidad de los responsables de los equipos de gobierno desde el mes de septiembre de 2011 hasta la fecha actual". Ramón Navarro se negó a declarar ante la Guardia Civil.

La broma le va a costar cara ahora al Ayuntamiento de Griñón, que ha tenido que firmar un convenio con el Canal de Isabel II para completar el colector y solucionar los problemas, unos trabajos valorados en 400.000 euros. La denuncia inicial habla de varios delitos presuntamente cometidos por los responsables municipales que había en 2001 y por los administradores de la empresa adjudicataria: prevaricación por omisión (se ha permitido el vertido durante años sin restablecer la legalidad), prevaricación continuada (se ha permitido la conexión al colector de diversas actuaciones urbanísticas sabiendo que estaban mal hechas), falsedad en documento público (certificaciones de obra que no coinciden con el proyecto final), malversación de caudales públicos, apropiación indebida y delito ecológico. La Fiscalía de Medio Ambiente todavía no se ha pronunciado sobre estos delitos.