fue elegido a propuesta del pp

Púnica: el PP recoloca en Pozuelo a un empresario que se llevó siete millones

El juez Eloy Velasco ha pedido todos los contratos que se llevó la empresa Dusa, propiedad de Adolfo Fernández. Es presidente desde 2012 del tribunal económico del Ayuntamiento

Foto: Paloma Adrados, exalcaldesa de Pozuelo y actual presidenta de la Asamblea de Madrid.
Paloma Adrados, exalcaldesa de Pozuelo y actual presidenta de la Asamblea de Madrid.

El PP ha buscado acomodo a un empresario salpicado por el caso Púnica. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del sumario, investiga el jugoso contrato, con sus prórrogas, que la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos (Dusa) se llevó del ente público Arpegio, uno de los epicentros de la trama. Más de siete millones de euros por unos trabajos de consultoría para la gestión de las licencias de las más de 500 obras que la Comunidad de Madrid financió en municipios de la región dentro del Plan Prisma 2005-2006. Adolfo Fernández Maestre, administrador único de Dusa, ocupa hoy plaza pública en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, al mismo tiempo que sigue ostentando cargos en el sector privado en una veintena de empresas, según figura en el Registro Mercantil.

Un portavoz del Ayuntamiento de Pozuelo, localidad del oeste de Madrid de 85.000 habitantes, confirma a El Confidencial que Adolfo Fernández Maestre es presidente del Tribunal Económico-Administrativo del municipio, un órgano que resuelve "las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan en relación con tributos y demás ingresos de derecho público de competencia del ayuntamiento y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes del mismo". Fue nombrado el 23 de febrero de 2012 "por el pleno del Consistorio a propuesta de la anterior alcaldesa, Paloma Adrados", según el mismo portavoz. Su nombramiento fue aprobado solo con los votos del PP, que únicamente presentó a este candidato. Paloma Adrados es hoy presidenta de la Asamblea de Madrid.

Fernández Maestre no tiene un sueldo fijo: cobra 380 euros de dietas por cada reunión del tribunal, que se reúne de media unas 18 veces al año

Fernández Maestre es presidente del tribunal con la dedicación de "asistencia efectiva", es decir, no cobra una retribución fija al mes, sino dietas por asistencia a las reuniones: 380 euros por sesión menos el IRPF. "El tribunal se reúne una media de 18 veces al año", explican desde el ayuntamiento. Según la memoria del mismo, este tribunal atendió el año pasado 155 reclamaciones. El artículo 8 del reglamento del tribunal regula las incompatibilidades del puesto: "El desempeño del cargo de miembro del Tribunal en régimen de dedicación parcial o de asistencia efectiva implica la incompatibilidad con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, pública o privada, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia”.

Fernández Maestre ocupa cargos de administrador, consejero delegado, presidente y secretario en más de una veintena de empresas. Desde el ayuntamiento, no obstante, aseguran que el reglamento se lo permite. "El régimen de asistencia efectiva es compatible con actividades privadas". Este tribunal, que además del presidente tiene dos vocales, supuso un coste de personal en 2015 de 122.600 euros, según las cuentas del ayuntamiento. "En cualquier caso, este cargo está sujeto al criterio que aplica este Ayuntamiento para todos sus cargos: el cese en caso de que la persona que lo ostenta sea declarado formalmente como investigada por un juez en un caso de corrupción, cosa de la que no se tiene constancia en este caso concreto", concluyen desde el Ayuntamiento.

Francisco Granados.
Francisco Granados.

La Guardia Civil y la Audiencia Nacional tienen en el punto de mira a la empresa Dusa. En un auto del pasado 14 de julio, el juez Velasco solicita a Nuevo Arpegio (la sustituta de Arpegio) el expediente completo del contrato que Dusa se llevó el 31 de marzo de 2006, "de consultoría y asistencia técnica para la gestión integral de las licitaciones públicas del plan Prisma para el periodo 2006-2007", adjudicado por 4.542.296,44 euros, IVA no incluido. Este contrato tuvo complementos y prórrogas.

Por eso, Velasco también solicita el expediente de otro contrato a Dusa del 28 de diciembre de 2006, complementario al contrato de 31 de marzo de 2006, adjudicado por 618.000 euros (IVA no incluido). Y las tres prórrogas que hubo del principal: la del 30 de marzo de 2007, por 633.333,32 euros (IVA no incluido); la del 30 de julio de 2007, por 135.000 euros (IVA no incluido), y la del 27 de diciembre de 2007, por 154.500 euros (IVA no incluido).

Las facturas, a las que tuvo acceso El Confidencial, sumaban 7,11 millones de euros, la mayoría firmadas por el entonces consejero delegado de la empresa pública, Eduardo Larraz, durante años mano derecha de la exministra Celia Villalobos y que, como ya publicó este diario, tuvo una empresa radicada en las Islas Vírgenes Británicas con "un desconocido origen de los fondos". Dusa tenía su sede en la calle Génova, junto a la del PP.

El contrato de la oficina

Arpegio justificó entonces la contratación de una empresa privada con el objetivo de desarrollar Prisma para no paralizar la actividad normal de la empresa pública. Para ello, se alquiló una nueva oficina de 300 metros cuadrados en el centro de Madrid. Velasco también ha pedido el contrato "de arrendamiento de las oficinas en la plaza de Colón, Torre II, así como plazas de garaje" por un importe de 289.970,10 euros. Arpegio puso en marcha un segundo plan Prisma en el periodo 2008-2011. En ese periodo, Dusa obtuvo dos contratos: el primero, "de servicio de apoyo a la gestión técnica, jurídica y administrativa", del 15 de febrero de 2010, por un importe de 49.760 euros. 

La Audiencia Nacional y la Guardia Civil investigan ahora si hubo amaños en algunas obras del plan Prisma y el papel que jugó Dusa

Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid y el principal político implicado en la trama, fue presidente de Arpegio entre abril de 2005 y diciembre de 2007, cuando este ente público, que gestiona suelo y pone en marcha consorcios urbanísticos, dependía de su Consejería de Presidencia. En febrero de 2006, la Comunidad de Madrid decidió que Arpegio gestionara el plan Prisma, que en dos ediciones ha licitado obras por valor de 800 millones de euros. En la primera edición, 2005-2006, Arpegio, en manos de Granados, decidió que era necesaria la ayuda de una empresa privada para gestionar a su vez las licitaciones de las obras del plan, un trabajo que en teoría tenía que haber desarrollado la propia Arpegio. La Audiencia Nacional y la Guardia Civil investigan ahora si hubo amaños en algunas obras del plan Prisma y el papel que jugó Dusa.

Madrid

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
11 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios