Púnica: Granados entregó la gestión de 300 millones en licencias a una firma privada

La empresa pública Arpegio, investigada por la Audiencia Nacional dentro del caso Púnica, pagó durante dos años 7,1 millones de euros por unos trabajos de consultoría externa para la gestión de las licitaciones de las 500 obras que la Comunidad de Madrid financió en municipios de la región dentro del Plan Prisma 2005-2006, un plan que fue dotado inicialmente con 300 millones de euros. Esta consultoría fue adjudicada bajo el mandato de Francisco Granados, el principal dirigente político implicado en la trama, actualmente en prisión, y sirvió para tramitar las licencias de algunas de las obras bajo sospecha, las que se llevó el empresario, socio y amigo de Granados, David Marjaliza, también imputado. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya tiene sobre su mesa el nombre de la empresa adjudicataria, Dusa, que tenía la sede en la calle Génova.

Granados fue presidente del consejo de administración de Arpegio entre abril de 2005 y diciembre de 2007, cuando el ente público, que gestiona suelo y pone en marcha consorcios urbanísticos, dependía de su Consejería de Presidencia. Durante ese periodo, concretamente el 3 de febrero de 2006, Arpegio firmó con la Comunidad de Madrid un convenio para gestionar el plan de inversiones Prisma, que tiene por objeto la ejecución de obras en apoyo de los municipios. La planficación del Prisma era entonces competencia de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local, en manos de Jaime González Taboada, hoy consejero de Medio Ambiente y número tres del Ejecutivo de Cristina Cifuentes. David Marjaliza le ha implicado en su declaración judicial.

La empresa DUSA ya tramitaba las licencias cuando una firma del imputado David Marjaliza se llevó contratos por valor de 1,5 millones del plan Prisma

Es decir, que la comunidad traspasó la gestión del Prisma a Arpegio, en manos de Granados, que decidió que era necesaria una empresa privada para gestionar a su vez las licitaciones de las obras del plan, un trabajo que en teoría tenía que haber desarrollado la propia Arpegio. El concurso, público, lo ganó a principios del año 2006 la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos (Dusa), una firma constituida a finales del año 2002 con solo seis empleados y con sede en la calle Génova. Aunque el registro mercantil dice que la firma sigue operativa, no tiene web y el teléfono que aparece en el registro mercantil no está activo. Al menos cinco de las obras del Prisma, por valor de 1,5 millones de euros, se las llevó una empresa de Marjaliza entre mayo y noviembre de 2006, cuando Dusa ya tramitaba las licencias. La UCO investiga ahora todas las obras del plan, unos 500 contratos, si otras empresas de Marjaliza se llevaron más adjudicaciones, y el papel que jugó Dusa.

Para no paralizar la actividad de Arpegio

Arpegio justificó entonces la contratación de una empresa privada con el objetivo de desarrollar el Prisma "sin interferir ni paralizar la actividad normal de la empresa pública". Para ello no solo se alquiló una nueva oficina de 300 metros cuadrados en las torres de Colón, en el centro de Madrid. "Para llevar a cabo todas las actividades encomendadas que comportan la gestión integral y el control de las importantes inversiones que se van a realizar, así como garantizar la viabilidad, se ha contratado por concurso una consultoría para la gestión integral de las licitaciones, que son 509 actuaciones. Eso se hizo público por concurso, y resultó adjudicataria Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA", explicó en la Asamblea de Madrid el entonces consejero delegado de Arpegio, Eduardo Larraz.

Las facturas, a las que ha tenido acceso El Confidencial, suman 7,11 millones de euros. La primera es de marzo de 2006 y se trata de un adelanto de 661.200 euros por la "consultoría y asistencia técnica para la gestión integral de las licitaciones públicas del programa regional de inversiones y servicios de Madrid, para el periodo 2006-2007". Desde entonces, Arpegio emite 37 facturas a Dusa, la mayoría firmadas por el entonces consejero delegado de la empresa pública, Eduardo Larraz, durante años mano derecha de la exministra Celia Villalobos y que, como ya publicó El Confidencial, tuvo una empresa radicada en las Islas Vírgenes Británicas con "un desconocido origen de los fondos". Otras facturas tienen el concepto de "honorarios de consultoría y asistencia técnica para la gestión integral, técnica, jurídica y económica de las obras derivadas de la actuaciones del Prisma". El contrato con Dusa tuvo tres prórrogas, lo que amplió el acuerdo hasta abril de 2008.

Precisamente a finales de 2007 se produce un cambio en las estructuras de la Comunidad y Arpegio deja de depender de Presidencia y, por tanto, de Granados, para formar parte de la Consejería de Medio Ambiente, dirigida por Beatriz Elorriaga. Esta decide en abril de 2008 prescindir de los servicios de Dusa, a pesar de que se había puesto en marcha un nuevo Plan Prisma, el 2008-2011. "Se hizo por ahorro", señala una fuente de la Consejería de Medio Ambiente. "Curiosamente, cuando Granados dejó de mandar ya no hizo falta una empresa privada para hacer el trabajo que le correspondía a Arpegio", señala otra fuente del entonces Ejecutivo autonómico.