El juez de Púnica ya investiga la implicación del número 3 de Cifuentes en los amaños

El juez del caso Púnica ha dado un nuevo paso para investigar al número tres de Cristina Cifuentes, el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada. En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el instructor de la causa solicita a la Comunidad de Madrid y a la empresa pública Arpegio que le entreguen cuanto antes todos los acuerdos que adoptaron entre 2006 y 2008 para regular la gestión de más de 790 millones de euros de dos planes Prisma, el programa de la Administración autonómica para financiar obras en los municipios de la región. También están bajo sospecha 22 convenios urbanísticos promovidos por Arpegio, valorados en más de 200 millones.

Se da la circunstancia de que, en ese periodo, el máximo responsable de Arpegio y de los planes Prisma era el exconsejero de Presidencia Francisco Granados, presunto cerebro de Púnica, pero González Taboada también participó en las mesas de contratación del programa de obras municipales por su condición, en ese momento, de director general de Cooperación con la Administración local. También habría participado en los acuerdos bajo sospecha el actual viceconsejero de González Taboada, Miguel Ángel Ruiz, que ya era su mano derecha entonces.

La solicitud del juez afecta a varios frentes. Por un lado, pide a la Comunidad de Madrid que aporte los convenios que permitieron que los planes Prisma fueran gestionados por Arpegio, el ente público sobre el que Granados ejercía un poder sin límites que, según admitió el otro gran capo de Púnica, David Marjaliza, ambos habrían rentabilizado cobrando comisiones ilegales por el amaño de concursos y planes urbanísticos. El instructor de la causa sostiene que Granados reguló el funcionamiento de esos programas para garantizarse un “dominio absoluto” sobre las “decisiones de adjudicación”. “Por esta razón”, apunta el juez, “resulta necesario, para examinar la regularidad conforme a derecho del propio órgano adjudicante, profundizar en la secuencia de acuerdos administrativos que sirvieron de vehículo de transmisión” de las decisiones de Granados.

En concreto, el juez reclama los expedientes administrativos de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que autorizaron a Granados a que Arpegio gestionara los planes Prisma 2006-2007 y 2008-2011, dotados con 300 y 490 millones de euros, respectivamente. También pide los convenios que firmó la propia Arpegio con el programa Prisma para asumir el control total de sus fondos.

Pero lo más destacado es la solicitud del acuerdo de Presidencia y de la propia Arpegio por el que González Taboada se convirtió en vocal, en representación de la Comunidad de Madrid, de las mesas de contratación de Arpegio en las que presuntamente se amañaron adjudicaciones. El número tres de Cifuentes habría ocupado ese cargo durante el periodo de ejecución de los dos planes Prisma. Por la mesa de contratación de Arpegio pasó, asimismo, el antiguo jefe de gabinete de Granados, Ignacio Palacios, imputado en Púnica junto a su mujer por haber actuado como testaferros del exdirigente del PP de Madrid.

El juez de Púnica también ha pedido, como adelantó El Mundo este miércoles, los contratos de Arpegio con la consultora externa Dusa (Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA). El Confidencial ya publicó en diciembre que Granados decidió adjudicar a esa compañía completamente privada la gestión de todas las licitaciones que tramitó Arpegio para repartir los fondos de Prisma entre los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid. Varias de las obras bajo sospecha que se llevó Marjaliza fueron precisamente tramitadas por Dusa.

González Taboada siempre ha negado las acusaciones y ha contado con el respaldo de Cifuentes. Las nuevas diligencias ordenadas ponen a prueba sus palabras

El magistrado solicita ahora a Nuevo Apergio, sucesora de Arpegio, los expedientes de adjudicación a esa firma del servicio de “consultoría y asistencia técnica para la gestión integral de las licitaciones públicas” del plan Prisma 2006-2007. En total, entre la licitación inicial y las prórrogas que Granados autorizó, Dusa se llevó 9.871.134 euros más IVA por una labor que podría haber sido asumida por funcionarios de la propia Administración. En esos fondos se incluía hasta el arrendamiento de oficinas en la céntrica plaza de Colón de la capital para los empleados de esa consultora externa y una licitación adicional para que esa misma empresa también supervisara el cumplimiento de la normativa de riesgos laborales en las obras pagadas con cargo a los planes Prisma.

Además, el juez pide a Nuevo Arpegio los contratos de las adjudicaciones para organizar los “actos de presentación, visitas a las obras y primeras piedras” de los proyectos municipales financiados por la Comunidad de Madrid. En esa partida se gastaron otros 781.714 euros.

El último requerimiento se centra en las subvenciones y ayudas que concedió la Fundación Arpegio, ya disuelta. La investigación ha acreditado que Granados también la utilizó presuntamente para amañar contratos y repartir fondos públicos con total “arbitrariedad”. En el marco de las pesqusias se habían localizado decenas de pagos sin justificación que además excedían el objeto social de la Fundación. El juez ha decidido requerir ahora todos los pagos que efectuó la fundación para “conocer las entidades físicas y jurídicas” que se beneficiaron de las irregularidades detectadas.

Los documentos comenzaron a ser solicitados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a principios de esta semana. De las conclusiones a las que lleguen sus agentes depende el futuro político de González Taboada. Marjaliza lo implicó en el amaño de contratos públicos durante su larga confesión, pero el dirigente del Partido Popular siempre ha negado las acusaciones y ha contado con el respaldo de Cifuentes. Las nuevas diligencias ordenadas por el juez van a poner a prueba la palabra del consejero.