Un alcalde del PP procesado pide cita al fiscal general para explicar que le persiguen
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Un alcalde del PP procesado pide cita al fiscal general para explicar que le persiguen

Miguel Ángel Santamaría recuerda a Consuelo Madrigal que "la Fiscalía tampoco está sobrada de recursos para dedicarse a casos que solo buscan desestabilizar una institución". Está procesado por prevaricación urbanística

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Miguel Ángel Santamaría Novoa, alcalde de Colmenar Viejo

"Me pongo en contacto con usted para poner en su conocimiento la angustiosa situación en la que actualmente se encuentra el Ayuntamiento de Colmenar Viejo". Con este solemne encabezamiento, Miguel Ángel Santamaría Novoa, alcalde del PP de esta localidad de la sierra madrileña, procesado por un delito continuado de prevaricación, ha pedido formalmente una cita al fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, para explicarle en persona "la gravedad y la magnitud de su situación", ya que es "objeto de una serie incesante e indiscriminada de denuncias anónimas ante la Fiscalía". Santamaría se siente perseguido. Este jueves, toda la oposición (los doce concejales de Ganemos Colmenar, PSOE, Ciudadanos y UPyD) han aprobado en el pleno municipal una reprobación contra su gestión. El PP gobierna en minoría.

La Fiscalía de Medio Ambiente interpuso una querella criminal al ver indicios de un delito continuado de prevaricación urbanística. A principios de marzo, el juzgado de instrucción número 3 de Colmenar Viejo procesó a doce cargos públicos que han ocupado responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo en los últimos diez años. Entre los querellados están Miguel Ángel Santamaría y su antecesor en el cargo, José María de Federico Corral. También cinco ediles del actual equipo municipal y cinco exconcejales, entre los que está toda la cúpula del PP de Colmenar Viejo.

El nuevo código ético aprobado por la gestora del PP de Madrid presidida por Cifuentes obliga a dimitir a los imputados en casos de corrupción

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta de la gestora que dirige el PP madrileño desde mediados de febrero, ha mantenido en el cargo a Santamaría. Hasta ahora. Cifuentes aprobó este jueves el código ético del partido, que "será de aplicación a los miembros de la comisión gestora, presidentes y secretarios generales, locales y de distrito, en la Comunidad de Madrid". Santamaría es presidente del PP de Colmenar y también es vocal del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. El código obliga a dimitir a los que estén investigados "formalmente por delitos de corrupción o por delitos que por su gravedad causen una especial alarma social".

La carta del alcalde a la fiscal general es del 22 de marzo. En ella Santamaría relata las 36 denuncias que hasta ahora pesan sobre su gestión, una por cada licencia urbanística investigada. "También le significo que recientemente hemos sido requeridos para remitir hasta 12 expedientes más", explica el regidor, que asegura que "prácticamente la totalidad de la actividad de este Consistorio se encuentra en estos momentos inspeccionada por la fiscalía, de manera que es extremadamente complicado que nos podamos dedicar a otros asuntos".

El alcalde acusa a funcionarios

Santamaría asegura que todas las denuncias son anónimas y "responden a un problema intestino que padecemos en el Ayuntamiento con determinados funcionarios municipales, probablemente no más de tres del total de nuestra plantilla, que es de 289". El alcalde pide el auxilio de la fiscal general porque "la situación en el Ayuntamiento empieza a ser límite. Prácticamente estamos empleando todos nuestros recursos en preparar los expedientes que nos requieren y en defendernos de las acusaciones, lo cual conlleva que no nos ocupemos en los asuntos cotidianos del Ayuntamiento".

El regidor sugiere que es mejor que la fiscalía se dedique a otros asuntos más importantes, ya que el ministerio público "no está sobrado de recursos para dedicarse a casos en los que únicamente se busca desestabilizar una institución por unos intereses concretos y personales de algunos". Santamaría asegura que su conciencia está tranquila aunque "ha podido equivocarse en muchas ocasiones pero en ningún momento de manera intencionada". Finaliza: "Desearía tener la oportunidad de explicarle personalmente lo que he intentado resumir en estas breves líneas, por lo que agradecería que me diera una cita para ello".

El alcalde asegura que las denuncias anónimas que llegan a la fiscalía responden a un problema intestino con determinados funcionarios, "no más de tres"

El escrito de acusación del fiscal, no obstante, es claro: "Los miembros integrantes de las sucesivas juntas de gobierno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo en los últimos 10 años se pusieron de acuerdo para otorgar de forma muy reiterada licencias urbanísticas, específicamente licencias de primera ocupación, a distintos promotores, pese al incumplimiento de la normativa urbanística, puesto de manifiesto por los correspondientes informes técnicos y jurídicos, consintiendo el mantenimientos de dichas irregularidades urbanísticas".

Reprobación en el pleno

El Ayuntamiento recuerda que las investigaciones iniciadas contra el equipo de Gobierno local han derivado en cinco causas, de las que cuatro han sido ya archivadas. En su carta, el alcalde adjunta un oficio del fiscal jefe de Tribunal Superior de Justicia de Madrid que señala que en otros procedimientos por hechos similares no se apreciaron infracciones penales. Hace unos días, en una rueda de prensa que convocó, Santamaría acusó directamente al fiscal de estar realizando una "persecución" contra él por asuntos que "supondrían, en todo caso, faltas administrativas, pero nunca delitos penales".

Santamaría está cada vez más aislado políticamente. Este jueves, toda la oposición (los doce concejales de Ganemos Colmenar, PSOE, Ciudadanos y UPyD) aprobaron una reprobación propuesta por UPyD que "quiere dejar al lado la actuación judicial y sus consecuencias" y se centraba en la gestión del alcalde y "el desinterés, como norma, mostrado en la aplicación de los acuerdos tomados en el pleno, la falta de control del cumplimiento de determinados contratos, los problemas planteados ante la solicitud de información por los grupos de la oposición y para finalizar no podemos olvidar otros hechos llamativos y mediáticos como los suscitados por la boda de un ex ministro del PP en una finca precintada por el propio regidor".

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