declararán en enero

Querella contra dos alcaldes y 10 ediles de Colmenar por prevaricar durante una década

La Fiscalía les acusa de un delito continuado de prevaricación por conceder licencias que tenían en contra informes jurídicos. Hay varias denuncias, una por el edificio que alberga la sede del PP

Foto: Miguel Ángel Santamaría, en el centro, con su candidatura en las elecciones de 2015.
Miguel Ángel Santamaría, en el centro, con su candidatura en las elecciones de 2015.

La Fiscalía de Medio Ambiente ha decidido ampliar su querella criminal y ahora ve indicios de un delito continuado de prevaricación urbanística en 12 cargos públicos que han ocupado responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Partido Popular) en los últimos 10 años. Entre los querellados están el actual alcalde, Miguel Ángel Santamaría Novoa, y su antecesor, José María de Federico Corral. También cinco ediles del actual equipo municipal y cinco exconcejales. La causa está en el juzgado de instrucción número 3 de esta localidad del norte de Madrid de 47.000 habitantes. Y comenzó con una sola denuncia porque la junta de gobierno del consistorio había concedido una licencia sin contar con el visto bueno de los informes jurídicos y técnicos. 

Pero ante la avalancha de denuncias que han ido llegando a la Fiscalía, esta ha decidido ampliar su querella a más cargos públicos y entiende que el delito de prevaricación ha sido continuado. Los 12 cargos públicos, y ocho testigos, tendrán que declarar entre el 13 y el 27 de enero de 2016. La última denuncia que investiga la Fiscalía salpica al edificio donde está la sede local del PP. El 9 de octubre de 2006, la junta de gobierno local concedió la licencia de primera ocupación del edifico que ocupa las calles Matadero Viejo y Olivar. Las obras tenían "informes técnicos y jurídicos desfavorables porque los trabajos no se ajustaban al proyecto con el que se concedió la licencia". Aun así, la junta decidió concederla.

Sede del PP en Colmenar Viejo.
Sede del PP en Colmenar Viejo.

Los querellados son, aparte de Santamaría y De Federico, los actuales concejales Carlos Blázquez Rodríguez, Ana Belén Colmenarejo Collado, Jorge García Díaz, César de la Serna Moscol y Juan José Serrano Cadahía. También hay cinco exediles: Inmaculada Viñoles Riera, Antonia García Santos, Justo García Froilán, Pablo Colmenarejo Cobeña y Pedro Gómez Aparicio. Ante el volumen de documentación a analizar, que ya ocupa 15 tomos, la Fiscalía solicitó posponer las declaraciones, fijadas para mediados de octubre, y realizarlas en enero de 2016. El alcalde ya declaró el 30 de septiembre por la primera denuncia.

Más de 20 denuncias, y creciendo

“Los miembros integrantes de las sucesivas juntas de gobierno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo en los últimos 10 años se pusieron de acuerdo para otorgar de forma muy reiterada licencias urbanísticas, específicamente licencias de primera ocupación, a distintos promotores, pese al incumplimiento de la normativa urbanística, puesto de manifiesto por los correspondientes informes técnicos y jurídicos, consintiendo el mantenimientos de dichas irregularidades urbanísticas", reza el escrito del fiscal. 

La Fiscalía aglutina ya más de una veintena de denuncias, una de las últimas versa sobre la licencia del edificio donde está la sede del PP. El alcalde siempre ha defendido que todo se trata de una campaña de desprestigio que un grupo de funcionarios ha iniciado contra él, y que algunas denuncias iniciales ya fueron archivadas. El PP gobierna en minoría en Colmenar Viejo con nueve concejales. Pero no solo se trata de problemas urbanísticos. Otra denuncia que ha llegado a la Fiscalía incide sobre el contrato que el 14 de agosto de 2014 el propio alcalde y la junta de gobierno firmaron con una de las empresas de la trama PúnicaEl consistorio pagó 32.670 euros a Waiter Music, propiedad de José Luis Huerta Valbuena, imputado por la Audiencia Nacional, para que el cantante Loquillo actuara en las fiestas patronales. No es el único frente judicial que tiene abierto el alcalde de Colmenar. 

Dos asociaciones madrileñas, la de hoteleros y la de restauración, también han denunciado al alcalde por "inactividad administrativa" y permitir que el exministro de Educación José Ignacio Wert y su novia Montserrat Gomendio (exsecretaria de Estado) se casaran en una finca del municipio que no tenía licencia para este tipo de eventos y que además había sido precintada por el propio alcalde.

Madrid

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