La boda de Wert y Gomendio en una finca sin licencia llega a Anticorrupción

Un banquete bajo sospecha. Y en los tribunales. La finca donde se casaron el exministro de Educación José Ignacio Werty su novia Montserrat Gomendio (exsecretaria de Estado) ha acabado en la Fiscalía Anticorrupción. Una denuncia anónima acusa al alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría Novoa, del PP, de prevaricar al oficiar el enlace de la pareja en una instalación sin licencia y que él mismo había ordenado clausurar. Dos asociaciones madrileñas, la de hoteleros y la de restauración, también han denunciado al alcalde por "inactividad administrativa" y permitir este enlace y otros sabiendo que no se podían realizar. Además, la Fiscalía Provincial de Madrid tiene abiertas en estos momentos 14 diligencias previas contra el regidor y parte de su equipo por delitos urbanísticos, aunque él asegura que se trata de una conspiración de un grupo de funcionarios y que algunas de las denuncias ya han sido archivadas.

Wert, ahora embajador español ante la OCDE, y Gomendio, directora general adjunta de Educación en el mismo organismo, protagonizaron una de las bodas políticas de este año. La pareja se casó el 11 de julio de 2015 en la finca La Camarga, situada en el kilómetro 30 de la A-1, en el término municipal de Colmenar Viejo. La instalación tiene 500 hectáreas, está situada en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y reunió ese día a casi toda la plana mayor del PP, incluido el presidente Mariano Rajoy y su esposa. El problema es que la finca llevaba ya varios años sin la licencia pertinente para protagonizar este tipo de eventos.

A la boda del exministro acudió casi toda la plana mayor del PP, incluido el presidente Rajoy

Un portavoz de la empresa que explota la finca asegura que "todo esto es un despropósito" y define la situación asegurando que "parte de lo que se ha dicho no es falso, pero tampoco es real". La Camarga, reconoce, no tiene licencia, "pero no porque no la queramos tener, sino porque la tramitación administrativa es lenta. Solicitamos la licencia hace años, y mientras se nos concede, la propia Administración nos dijo que tenemos derecho a plena actividad si cumplimos unos requisitos, que cumplimos: un informe medioambiental, un informe urbanístico y una declaración de responsabilidades".

La empresa que explota la finca, de 'catering', empezó su actividad en 2003. En febrero de 2008, la Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración (AMER) denunció ante el Ayuntamiento de Colmenar Viejo que se estaban realizando en esta finca banquetes de boda sin licencia de actividad. Hubo varias quejas al Consistorio, entonces gobernado por José María de Federico, que no hizo nada. El 15 de enero de 2012, AMER y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) pusieron la primera denuncia por la vía contencioso administrativa en el juzgado número 28 de Madrid.

Puerta automatizada en un camino

Luego vino la apertura de un expediente por parte de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid tras otra denuncia realizada por un grupo de agentes forestales, que hicieron constar "la instalación de una carpa de 500 metros cuadrados desmontable, que es utilizada como salón para bodas y eventos". Los agentes denunciaron además que los propietarios de La Camarga habían colocado una puerta de acceso automatizada a la finca, obstaculizando así un camino público, el Camino de la Sacristía. "En lugar de quitar la puerta, los propietarios de La Camarga dejaron el mando a distancia que abría la puerta en el Ayuntamiento", explica Mariano Martín, concejal de Ganemos Colmenar.

Con estos precedentes, el Ayuntamiento no tuvo más remedio que actuar. Lo hizo por primera vez el 27 de junio de 2013, dictando una "orden de cese, clausura y precinto de actividad ejercida sin licencia de funcionamiento". La junta de gobierno local que ordenó el cierre estaba presidida por Miguel Ángel Santamaría. Además, en un decreto de 13 de agosto de 2013, el Ayuntamiento también requería a La Camarga que retirara inmediatamente la puerta para que se pudiera seguir transitando por el camino público. El decreto advertía incluso que si no se quitaba la puerta, ejecutaría subsidiariamente una obra valorada en 467 euros.

Tampoco pasó nada. El Ayuntamiento tuvo que reiterar sus amenazas el 5 de junio de 2014. Tras rechazar las alegaciones de los dueños de La Camarga, ordenaba "el cese inmediato en el ejercicio de la actividad no autorizada". Si el 15 de julio de 2014 no se cumplía la orden, la Policía Local tenía orden de acudir a las cuatro de la tarde para precintar la finca. El precinto se produjo finalmente el 27 de julio.

"Es verdad que se produjo ese precinto, pero de una parte de la finca que utilizamos como almacén. Recurrimos ese precinto porque entendimos que no era legal. Al igual que la puerta, que tiene el permiso del Ayuntamiento. Lo que pasa aquí es que los problemas internos del Ayuntamiento, entre el alcalde y un grupo de funcionarios, nos están afectando a muchos, y a nosotros particularmente nos está afectando comercialmente", explica el portavoz de La Camarga.

A falta de sentencia

A pesar de todo ello, la pareja Wert-Gomendio pidió fecha para su enlace el 30 de junio de 2015, según fuentes municipales. Once días después se producía la boda, oficiada por un alcalde que sabía que La Camarga no tenía la licencia definitiva y que la finca debía estar clausurada por una orden que él mismo firmó. "Esto es muy grave. Una orden de Rajoy para que se case uno de sus exministros y el alcalde se salta un precinto", señala Martín.

Un portavoz de AMER y AEHM afirma que su denuncia está a la espera de sentencia. "Denunciamos la pasividad y la desidia del alcalde, que a pesar de nuestras denuncias sobra las actividades ilegales de La Camarga no hizo nada. Y cuando lo hizo, ya que precintó, no hizo nada para mantener ese precinto. Nos han estado tomando el pelo". Las dos asociaciones esperan que el juez obligue al Ayuntamiento a hacer efectivo el precinto de esta finca mientras no obtenga las licencias oportunas.

La Camarga explica que en la Comunidad de Madrid ha habido un vacío legal hasta el año 2012 para las empresas de 'catering' que explotan fincas para eventos, "fincas que no están abiertas al público y que organizan actos temporalmente". "El reglamento es de finales de 2012 y desde entonces estamos esperando las licencias solicitadas. Había 500 fincas en nuestra misma situación", afirma. El Confidencial ha intentado, sin éxito, conocer la versión del Ayuntamiento de Colmenar Viejo.