La Inspección de Trabajo en Canarias destapa un 40% más de empleo sumergido

La recuperación económica en Canarias ha irrumpido con fuerza acompañada de un notable repunte de la actividad laboral fraudulenta. La tarea de los inspectores de trabajo en las islas ha sido frenética durante 2022 para destapar un empleo aflorado que ha crecido un 40% en relación a 2019, año prepandémico.

Los datos que arroja la estadística son contundentes: en las 17.093 visitas que se realizaron a empresas durante el pasado año, unidas a otros métodos de comprobación, la inspección desveló 21.096 irregularidades que se distribuyen en 6.275 empleos aflorados -a diferencia de los 4.472 que se registraron en 2019- 12.451 contratos temporales transformados a fijos y 2.280 ampliaciones de jornada a tiempo parcial.

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Para ponerlo en contexto, en Canarias están registradas 60.673 sociedades mercantiles, según los datos a enero del ISTAC. Atendiendo solo a las visitas, la labor de los inspectores en el 28% del total de los centros de trabajo logró destapar un volumen de irregularidades que ayuda a entender el 25% del PIB de economía sumergida que se estima en las islas.

Aunque la estadística del ministerio de Trabajo de 2022 en relación a la actividad inspectora del país aún no está publicada, históricamente, el archipiélago se ha situado entre las comunidades autónomas con mayor índice de fraude debido al peso de la hostelería y el comercio, sectores en los que más empleo sumergido se detecta. De escandalosas califican las cifras el viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, y el director territorial de la Inspección de Trabajo Francisco Guindín, quien llega más lejos: “En este país debería legislarse para que los empresarios que mantengan trabajadores clandestinos incurran en responsabilidades penales”.

85 millones entre sanciones y liquidaciones

La inspección de trabajo en las islas generó resultados económicos cifrados en más de 85 millones de euros. En materia de sanciones se propusieron 33,2 millones y en el ámbito de las liquidaciones, en concepto de cuotas no liquidadas a la Seguridad Social, se alcanzaron los 52,1 millones hasta noviembre de 2022, último dato disponible.

Además de los 12.451 contratos temporales en fraude de ley y los 2.280 contratos parciales cuyas horas efectivas de trabajo estaban por debajo de las declaradas, destaca la detección de 4.134 trabajadores que no estaban dados de alta. También se registraron 1.685 infracciones por horas extraordinarias no pagadas ni compensadas junto a incumplimientos en materia salarial con más de 2,8 millones de euros en salarios recuperados.

En cuanto al afloramiento de empleados sin ningún tipo de contrato legal, habría que remontarse hasta 2014 para encontrar una cifra superior a la actual. Ese año, la inspección forzó el alta en la Seguridad Social de 4.553 trabajadores. Ni siquiera en los años de la burbuja inmobiliaria se alcanzaron los números de 2022.

Según el viceconsejero Santana “estamos ante hechos gravísimos que requieren un refuerzo de las actuaciones inspectoras para que no se sigan vulnerando los derechos laborales ni se dañe a la actividad económica legal”. Por su parte, Guindín apunta hacia “los empresarios irresponsables que no entienden que el peor ahorro posible está en los costes de un trabajador legal” y para explicar este aumento del empleo aflorado alude también a que los inspectores cada vez cuentan con mejores herramientas y experiencia para rastrear indicios de una actuación fraudulenta.

Según el viceconsejero Santana “estamos ante hechos gravísimos que requieren un refuerzo de las actuaciones inspectoras"

Una labor que podría ser más efectiva a tenor de las denuncias sindicales de este colectivo en el ámbito nacional, con convocatoria de huelga incluida, en protesta por la escasez de plantilla y para reclamar una reorganización de la estructura de la inspección.

Más de 11.000 requerimientos por riesgos laborales

Durante 2022, en las islas se realizaron 11.611 requerimientos en materia de prevención de riesgos laborales, aunque estos derivaron en solo 1.471 sanciones por importe de 5 millones de euros debido, principalmente, a las condiciones de seguridad, formación de los trabajadores y medios de protección personal.

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Esta diferencia tan llamativa entre requerimientos y sanciones se debe, según explica Guindín, a que “preferimos que las empresas destinen el importe de las posibles sanciones a mejorar la seguridad de sus empleados siempre que no se hayan causado lesiones y que la normativa nos lo permita. De esta forma, ganamos todos”.

En este mismo ámbito de riesgos laborales, los accidentes de trabajo investigados ascendieron a 499, de los que 17 fueron mortales y 161 graves o muy graves generando multas por valor de 1,3 millones de euros.