No vuelva usted mañana, tampoco estaremos: ¿Qué pasa con el funcionariado canario?

El empleo público en Canarias bate récords. Las quejas también. La pandemia ha dejado una herencia envenenada: aumento exponencial de citas previas para hacer gestiones, departamentos que solo atienden consultas telefónicas o por correo electrónico y puestos vacíos como consecuencia del teletrabajo. Las críticas, algunas subidas de tono, se multiplican y ponen en el punto de mira la gestión de un sistema público que emplea al 20% del total de asalariados de las islas, según la última EPA, distribuidos por todos los niveles de las administraciones públicas.

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“No hay derecho a que llamemos a resolver problemas y nadie nos coja el teléfono o que vayamos a los edificios administrativos y parezcan tiendas de saldo porque solo hay mesas, sillas y muebles”. Así de rotundo se ha expresado Óscar Izquierdo, presidente de los empresarios de la construcción de Santa Cruz de Tenerife.

Su homóloga en Las Palmas, María Salud Gil, también ha solicitado la presencialidad de los empleados públicos en sus oficinas para agilizar los expedientes “y que atiendan los problemas y consultas de los ciudadanos y de las empresas”.

En el área de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es donde dirige las críticas el decano del colegio de arquitectos de Gran Canaria, Juan Torres. Califica de bunkerización lo que está sucediendo en ese departamento que, a raíz de la pandemia, no permite las visitas de estos profesionales “produciendo un grave retraso en los expedientes”.

“No hay derecho a que llamemos a resolver problemas y nadie nos coja el teléfono o que vayamos y sólo haya mesas”

Para Torres, ahí no acaban las dificultades que causa la excesiva burocratización. Se queja también de las continuas correcciones a las que se ven sometidos los proyectos que se presentan “cuando lo lógico es que los técnicos municipales nos las comuniquen todas a la vez”.

3 días a la semana de teletrabajo ¿controlado?

A la polémica se acaba de unir el Gobierno de Canarias con los preparativos de un decreto que regulará el teletrabajo y que permitirá a determinados empleados públicos extender hasta 3 días a la semana su tarea desde casa.

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Para la mayor empresa de Canarias que supone el gobierno autonómico trabajan 70.627 personas con cifras de enero de 2022, último dato oficial publicado. De ellos, 30.159 lo hacen en el ámbito de la educación, 30.422 en el de sanidad, 2.775 en justicia y superan los 7.000 los adscritos a las consejerías y sus organismos autónomos, máximos candidatos para poder trabajar a distancia.

La gran incógnita es el control de estos empleados cuando ni siquiera presencialmente existen parámetros similares al sector privado para medir su productividad. Una continua exigencia de las patronales que miran con recelo aumentar ahora de 1 a 3 los días con la próxima norma, aunque desde el Gobierno de Canarias son tajantes: no habrá teletrabajo sin cumplir objetivos.

En paralelo, el consejero regional de Función Pública reconoce situaciones lamentables en el desarrollo cotidiano de esta administración. Admite sin rodeos que algunas veces “es más fácil hablar con el presidente o con los consejeros que con el funcionario”, pero descarta que esto sea achacable al teletrabajo y animó a denunciar estos comportamientos.

Un consejero admite sin rodeos que algunas veces “es más fácil hablar con el presidente o con los consejeros que con el funcionario”

Desde el sindicato CSIF rechazan que esta modalidad sea un privilegio, aseguran que no debe suponer una merma en la atención a la ciudadanía y se muestran convencidos de la efectividad de la puesta en marcha de indicadores de calidad y seguimiento.

Mientras la polémica se abre en canal en Canarias, el Gobierno central, como respuesta a la crisis energética, viene aplicando un máximo de 3 días de teletrabajo y 2 presenciales para aquellos empleados públicos que su ocupación lo permita. En otras comunidades autónomas, hay de todo. En Baleares y Asturias acaban de reglamentar el teletrabajo de forma estable en los primeros días de febrero y lo han hecho de manera dispar. En el caso del otro archipiélago podrán desarrollar su tarea hasta 4 días fuera de las oficinas y en el segundo solo se permiten 2. La mayoría de las autonomías están pendientes de una regulación definitiva y, por el momento, se mueven en una horquilla de entre 2 y 3 días.

Sobre el papel, y destacando que hay empleados públicos ejemplares, todas las reglamentaciones aseguran que se establecerán mecanismos de control, pero queda por dilucidar cómo se ejecutará en la práctica. Mientras, se espera la aprobación de la nueva ley de Función Pública del Estado por la que sus asalariados podrán ser apartados de su puesto si no cumplen de forma adecuada las tareas.

Citas previas y colas en servicios sensibles

No solo el teletrabajo está cuestionado. En las islas se han multiplicado las citas previas como paso ineludible para acceder a un gran número de servicios públicos y lo que podía ser un factor positivo para realizar cómodamente las gestiones, también está suponiendo considerables retrasos para efectuar algunos trámites.

Retrasos o directamente absoluta imposibilidad. Es lo que sucede en la Seguridad Social para intentar solventar aspectos tan sensibles como la pensión, la incapacidad temporal o el ingreso mínimo vital y cuyo origen es la falta de personal, según denuncian los sindicatos.

El Confidencial pudo comprobar en la web de este organismo nacional que no existe opción de obtener una cita en ninguna oficina de la provincia de Las Palmas, ni en las de Tenerife y La Palma. La única elección que le queda al usuario es tomar un avión o barco hacia La Gomera o El Hierro, cruzando el archipiélago de punta a punta si se parte desde las islas orientales.

Aunque siempre quedan las viejas prácticas del siglo XX: sumarse a largas colas, que se inician desde la madrugada a las puertas de estos centros, para intentar hacerse con uno de los turnos que se reparten en el día y que solo representan el 20% de las citas diarias. O recordar a un mordaz Larra que ya señalaba hace dos siglos la lentitud de la burocracia española con su vuelva usted mañana, y que hoy ni siquiera es posible.