Batalla legal entre el Gobierno y la Xunta por la ley gallega del litoral: el Constitucional echa el primer freno a la norma

La batalla legal entre el Gobierno central y la Xunta por las competencias del litoral gallego aterrizó este martes en el Tribunal Constitucional. En un pleno celebrado hoy, el alto tribunal admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, contra los artículos 10 y 11 -y la disposición transitoria primera de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 7/2022, de 27 de diciembre. Se refiere, concretamente, a dos artículos de la ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos para el 2023 que hacen referencia al litoral para el ejercicio de las competencias en materia de costas.

El primero (artículo 10) regula el ejercicio de las competencias para la reposición de la legalidad y el segundo (artículo 11) en la prescripción de la obligación de restituir o reponer la legalidad por infracciones cometidas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. Ambos estarían en correlación con la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia (Ley 4/2023) impulsada en septiembre del pasado año y aprobada por el Consello de la Xunta el 23 de abril y refrendada por el parlamento -con mayoría popular- en julio.

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El Constitucional informó que deja en suspenso "la vigencia y aplicación de los preceptos recurridos" desde la fecha de interposición del recurso, el pasado 28 de septiembre, y entiende "que podrían vulnerar las competencias del Estado en el dominio público marítimo-terrestre (art. 132.2 de la Constitución) y la legislación básica en materia de protección del medio ambiente litoral (art. 149.1.23ª).

Estos dos artículos planteaban rebajar a 15 años el plazo obligatorio para la restitución del terreno por obras ilegales en los espacios de dominio público marítimo terrestre y abría la puerta a su posterior regularización, lo que choca frontalmente con la legislación estatal -Ley de Costas 22/1988 y modificada en Ley 2/2013- que no lo permite ni fija plazo alguno. En la práctica, supondría poder regularizar intervenciones urbanísticas en la costa o en sus proximidades pasados 15 años desde su construcción. Implicaría legalizar unas 300 industrias -entre ellas parques eólicos- y en torno a 4.000 construcciones que ya existen en la franja costera.

Segundo asalto pendiente en TC

Este fue el primer asalto, pero no es el único frente abierto en la batalla legal que el Estado y la Xunta mantienen por la gestión del litoral gallego. De los 7.905 kilómetros de costa que suma España, entre las diez comunidades costeras de la península y los dos archipiélagos, Galicia es la que más kilómetros de costa concentra: 1.498, el 19% del total, de acuerdo a los datos del INE.

En paralelo, el Constitucional tendrá que pronunciarse en breve sobre el segundo de los recursos interpuestos por el Gobierno contra esa ley gallega del litoral. Fue la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, la que comunicó la decisión del Gobierno en funciones de recurrir la norma con el aval del Consejo de Estado tras el Consejo de Ministros del pasado 10 de octubre, acusando al ejecutivo gallego de atentar contra las competencias estatales en 31 de sus 73 artículos, prácticamente la mitad del texto.

"Vulnera abiertamente la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la legislación de costas", manifestó entonces la ministra, en una intervención muy dura contra el Ejecutivo gallego, al que acusó de "invadir y apropiarse" de competencias que no están reconocidas ni contempladas en el Estatuto “reduciendo indebidamente” la protección de algunas especies.

La réplica llegó inmediatamente desde la Xunta, que reclamó el informe del Consejo de Estado. "No lo entendemos", lamentó el presidente Rueda, que afeó al Ejecutivo central que hubieran informado en rueda de prensa sin comunicarlo previamente a la Xunta y cuestionó que no se les hubiera facilitado el informe jurídico. "No podemos ni defendernos", declaró.