Cuotas desviadas y trama societaria: el clan familiar de los enfermeros de Vigo

El colectivo de enfermería, tan reconocido en el último año, se ha instalado en Vigo en la más absoluta perplejidad. El presidente desde hace 36 años del colegio provincial, un señor respetado y con una vida de lo más austera, es sospechoso de haber provocado un agujero de 11 millones de euros, procedentes básicamente del desvío de las cuotas de sus 4.400 colegiados. El pasado 11 de marzo, Carlos Fernández; su mujer, Carmen Gayoso; y su hija Estefanía eran detenidos y posteriormente encarcelados por presuntos delitos de administración desleal, blanqueo y falsedad documental, y comenzó a aflorar una historia que está muy lejos del relato de humilde practicante que se forjó durante décadas.

La denuncia partió del secretario desde hace 20 años del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra (Coepo), José Faustino Portela, que acusa al eterno presidente de hundir la institución con su gestión. Lo que a muchos parecía un enfrentamiento entre dos sectores del organismo encerraba prácticas supuestamente delictivas que desencadenaron la operación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo. Los agentes registraron la sede viguesa del colegio —cuenta con otra menor en Pontevedra— y la vivienda de Fernández. El juez decretaría posteriormente prisión
provisional para el clan familiar.

El presidente desde hace 36 años del colegio provincial es sospechoso de haber provocado un agujero de 11 millones de euros

El estallido del caso coincide con la investigación abierta a la cúpula del Consejo General de Enfermería (CGE) por presuntas maquinaciones fraudulentas, destinadas a camuflar ante sus afiliados un viaje de lujo a Singapur, Camboya y Vietnam para casi 40 personas bajo el pretexto de un congreso de enfermería en Singapur. Pero el caso destapado ahora en Vigo guarda una curiosa similitud con el que le costó el cargo al anterior presidente del CGE, Máximo González, amigo personal de Carlos Fernández y que dimitió en 2017 tras permanecer 30 años en el cargo. Se acusa a González de apropiarse de la sede de la entidad, tasada en 9,5 millones de euros, a través de una fundación controlada por él y de la que es presidente vitalicio.

Fuentes del consejo se confiesan asombradas ante la similitud entre los dos casos. En el de Vigo, la investigación también afecta a la sede y a una trama societaria. Las oficinas centrales de Vigo y Pontevedra pertenecen a Galaprint S.L., una empresa supuestamente del sector de las artes gráficas que, según la denuncia, está vinculada a la familia Fernández. Galaprint cobraría un alquiler anual de en torno a 83.700 euros, aunque los locales no son precisamente de lujo: la de Vigo se encuentra en el patio trasero de un viejo edificio rodeado de fincas semiabandonadas. A nombre de esa empresa figuran varios garajes y un piso, este sí en una de las zonas más caras de Pontevedra. La UDEF investiga si esas propiedades fueron adquiridas con fondos procedentes de las cuotas de los colegiados desviadas por el clan de los Fernández.

La investigación trata de averiguar si el enfermero ya jubilado tejió un entramado societario desde la sede registrada, donde además de las instalaciones colegiales también tienen su domicilio social el denominado Instituto Galego de Formación Sanitaria y Promoción Social, que imparte cursos para la institución, y Gestión Jurídica Gallega, que presta asesoramiento jurídico, ambas vinculadas presuntamente al presidente del colegio. El denominado Sindicato Galego de Profesionais da Sanidade tiene su sede en el mismo local.

De acuerdo con las pesquisas de la UDEF, la hija del presidente —apodada como “la jefa” por los trabajadores— lidera la empresa de Gestión Jurídica, mientras que su mujer se encarga de la secretaría técnica, pese a no constar que haya sido elegida para el cargo.

Según la denuncia, Carlos Fernández habría dejado de ingresar al Consejo Estatal entre 8 y 11,5 millones de euros procedentes de las cuotas de los colegiados. Siempre según la información de la que tira la Fiscalía, esos fondos se desviaron a las citadas empresas supuestamente instrumentales, bien mediante el pago de alquileres, bien mediante la prestación de servicios cobrados por encima del precio de mercado. El Juzgado de Instrucción número 2 autorizó el pinchazo del teléfono del presidente para comprobar estas sospechas y no tardó en desencadenar la operación. Ahora deberá designar un interventor para que audite las cuentas de la entidad.

Aunque con escaso eco, Portela venía denunciando públicamente presuntas irregularidades en la gestión del colegio

Aunque con escaso eco, Portela venía denunciando públicamente desde hacía tiempo presuntas irregularidades en la gestión del colegio. La bomba tendría que haber estallado en enero, cuando envió un comunicado a los medios de comunicación en el que informaba de dos condenas al pago de cuotas al Consejo General de Enfermería de España, pero el presidente contuvo las críticas con un contraataque: "Lleva más de 20 años en la junta de gobierno y ha sido persona de mi confianza. ¿Se da cuenta ahora?". La primera condena era antigua, de 2014, por valor de 4,5 millones de euros. La segunda, reciente y dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra, por 1,5 millones.

Además, el colegio tuvo que afrontar recientemente una sanción de 120.000 euros tras una inspección de trabajo, y fue la carta de despido a ese empleado la que destapó la segunda de las sentencias.

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Según Portela, ahí se informaba de la obligación de reconocer a varios trabajadores “como personal laboral de la entidad, ya que mantenían hasta entonces una relación de falsos autónomos (...) percibiendo sus salarios a través de otra empresa”. Fernández nunca informó de esas sentencias a los colegiados, sostiene el secretario del Coepo.

Carlos Fernández tenía solo 29 años cuando en 1985 se hizo con la presidencia del colegio, aunque no la logró como el candidato más votado sino mediante un pacto con otro aspirante. Tras revalidar el cargo en 1989 y 1993, su reelección cuatro años más tarde acabó en los tribunales, con la acusación de manipular los votos por correo. El asunto se archivó y, tras una nueva victoria en 2002, no se celebrarían nuevas elecciones hasta 2018, cuando se impuso nuevamente gracias al voto postal en un proceso que está en los tribunales.