La UDEF confirma la denuncia de sobornos del 8% en Mercasa que Javier de Paz archivó

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha hallado nuevas pruebas que acreditan la implicación de la empresa pública Mercasa, dedicada a la construcción y gestión de grandes mercados centrales de abastecimiento, en el pago de comisiones ilegales en el extranjero para llevarse contratos. Los hallazgos apuntan al consorcio público-privado que constituyó el ente para ejecutar proyectos en el exterior. Las pesquisas, dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, han aflorado ya el pago de presuntos sobornos por importe de más de 20 millones de euros.

Los nuevos documentos comprometen a Javier de Paz, presidente de Mercasa entre 2004 y 2007 a propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Solo unas semanas después de llegar al puesto, recibió una denuncia de Francisco Salamanca, antiguo director comercial de la corporación, que describía una trama instalada en la cúpula de la sociedad para abonar comisiones de hasta el 8% a través de sociedades instrumentales para asegurarse el contrato para la construcción del nuevo Mercado Central de Santo Domingo. Los fondos iban presuntamente destinados a conseguidores locales que tenían hilo directo con las autoridades del país.

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De Paz, amigo personal de Zapatero, antiguo secretario de las Juventudes Socialistas y actual consejero de Telefónica, llevó la denuncia al consejo del consorcio y al servicio jurídico de Mercasa. En la primera instancia, los responsables de la parte privada, hoy imputados, negaron el relato de Salamanca. Y en el servicio jurídico, el dictamen fue que las acusaciones carecían de base. Ante esa doble negativa, De Paz optó por meter la denuncia en un cajón. Nunca se hicieron investigaciones internas, ni se dio traslado a la Fiscalía ni a un juez. Fuentes de su entorno aseguran que el directivo no tenía más elementos entonces para tomar otra decisión.

La causa que se instruye en la Audiencia Nacional está demostrando ahora que el ex director comercial estaba en lo cierto y que, tras esa primera denuncia, continuaron cometiéndose graves irregularidades en la compañía pública. Según recoge un informe de la UDEF al que ha tenido acceso El Confidencial, los investigadores han hallado contratos y un memorando interno que confirman la existencia de comisiones ilegales en torno al proyecto de Santo Domingo (también se han detectado pagos similares en Angola, Argentina y Panamá). El consorcio de Mercasa pagó presuntamente las comisiones a través de dos mercantiles, Jardines de Bani y Chárter Marítimo del Caribe, supuestamente controladas por los empresarios dominicanos que habían mediado para cerrar el acuerdo.

El consorcio de Mercasa pagó presuntamente las comisiones a través de dos mercantiles, Jardines de Bani y Chárter Marítimo del Caribe

La utilización de dos sociedades no sería casual. En los documentos descubiertos, los responsables del consorcio en aquella época admitían que “la legislación vigente” permitía un gasto “de hasta el 5% en concepto de comisiones comerciales”. “El restante 3% [para llegar hasta el 8%] deberá ser satisfecho a otra entidad”, admitieron los directivos. Además, tenían otro problema: la inexistencia de trabajos para justificar ni siquiera el 5% permitido como máximo.

De las pruebas se desprende que optaron por pagar el 5% de la comisión a Jardines de Bani y el otro 3% a Chárter Marítimo del Pacífico, y que las transferencias se justificaron con “documentos (tochos)” para aparentar que los pagos respondían a servicios de asesoramiento efectivamente prestados. Solo por la primera fase del Mercado de Santo Domingo, valorado en 29,7 millones de dólares, se pagaron dos millones en la misma moneda a las mercantiles de los conseguidores.

Estos nuevos indicios refuerzan la tesis apuntada en informes anteriores por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil —responsable de las pesquisas en un primer momento— y por la denuncia que llegó a Javier de Paz de que Jardines de Bani y Chárter Marítimo del Pacífico fueron utilizadas por el consorcio participado por Mercasa para pagar comisiones presuntamente ilegales.

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Los destinatarios finales del dinero no han podido ser localizados. Ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional han conseguido identificar qué personas se escondían tras esas mercantiles, que no tenían actividad conocida, aunque emerge la sombra del empresario local Daniel Aquino Méndez, investigado en su país en la actualidad por intermediar para que otra empresa extranjera, el fabricante de aviones Embraer, se llevara un contrato a cambio de sobornos a autoridades políticas y militares.

La UDEF también ha encontrado entre los archivos del consorcio “un compromiso con el Senado dominicano consistente en un pago único de 165.000 dólares americanos a los 20 días del primer cobro inicial [por el Mercado de Santo Domingo] (…) desconociendo el concepto del presunto pago puesto que no se ha encontrado referencia alguna a este punto”. Asimismo, el informe refleja que el consorcio se utilizó para cargar a Mercasa, su parte pública, gastos operativos que en realidad deberían haber sido asumidos por la parte privada. Según los agentes encargados de las diligencias, se manipularon facturas para tratar de disimular esos gastos.

Para tratar de ampliar la información disponible, los expertos en delitos económicos de la Policía han solicitado a su enlace del cuerpo en Santo Domingo que busque datos adicionales sobre esas mercantiles y otras relacionadas en la operación del mercado e investigue a sus teóricos administradores.