La minera Edgegawater pierde su arbitraje contra España por una mina de oro en Galicia

En 2013, después de años de respaldo, la Xunta de Feijóo dio carpetazo súbitamente a uno de los proyectos medioambientalmente más polémicos en Galicia: el de la mina de oro que la multinacional canadiense Edgewater pretendía explotar a cielo abierto en Corcoesto (Cabana de Bergantiños, A Coruña). Después de arrostrar durante meses las críticas de ecologistas y partidos de la oposición, incluso una investigación de la fiscalía, el Gobierno gallego daba marcha atrás. De las repercusiones de aquella rectificación da cuenta el desplome que la minera experimentó ese día en bolsa, del 16,6%. Empezó una batalla política y judicial que acaba de suponer para Edgewater una derrota crucial, al desestimar la comisión de arbitraje de la ONU las pretensiones de la compañía.

La decisión fue adoptada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés). Tras una audiencia celebrada en París el 14 de abril de 2018, el Tribunal Arbitral rechazó por unanimidad cuatro objeciones jurisdiccionales de España, que ejercía la representación de la Xunta a través de la Abogacía del Estado, pero confirmó por mayoría de dos contra uno una de ellas, lo que provocó la desestimación de las reclamaciones. La multinacional, que asegura haber gastado 35 millones de dólares en el proyecto, pretendía una compensación total e inmediata por la pérdida de inversión. Ahora se plantea interponer un procedimiento de anulación ante tribunales franceses.

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Para Antolín Fernández Antuña, abogado del equipo que representó España en el arbitraje en París, se trata de una “gran victoria” en un asunto especialmente complejo. Edgewater, en cambio, ha emitido un comunicado en el que expresa su decepción, y adelanta que está considerando “vías de reparación legal, incluido un procedimiento de anulación en los tribunales franceses”. En la misma nota, la empresa precisa que las acciones de mediación fueron iniciadas en 2016 por Mineira de Corcoesto, la marca española de la multinacional, bajo el tratado de inversión bilateral España-Panamá y las Reglas de Arbitraje de la Uncitral de 1976. Respecto al voto contrario a la única objeción –pero definitiva— admitida de las presentadas por España, informó de que el miembro del tribunal se basó en que la decisión de la mayoría erró tanto en la ley como en los hechos, y que el tribunal tenía jurisdicción y debería haber decidido en favor de la reclamación.

Los de Corcoesto, en Cabana de Bergantiños, son filones explotados en tiempos de los romanos que llamaron la atención de los canadienses a finales de la pasada década, cuando la crisis de 2008 disparó el precio del oro. La Consellería de Medio Ambiente de la Xunta publicó en 2012 la declaración de impacto a favor de la explotación, que preveía la extracción de 1.095.000 onzas en un período de 13 años. El material empleado para separar el metal precioso de la roca era el cianuro. Concluida la explotación, quedarían 89 millones de metros cúbicos de estériles triturados hasta milésimas de milímetro y balsas con 11 millones de metros cúbicos de lodos. En las piscinas de lixiviados podrían quedar acumuladas 12 toneladas de cianuro.

Esa declaración ambiental fue la que desató definitivamente las protestas de ecologistas y grupos de la oposición, que denunciaron irregularidades y arbitrariedades en la tramitación. Uno de esos grupos denunció ante la justicia la desaparición de objeciones a la mina en los informes medioambientales de la Xunta a medida que avanzaba el tiempo. Constataban una “progresiva y llamativa rebaja de las exigencias” que demostraría el “claro trato de favor” a la multinacional. Incluso la Fiscalía de Medio Ambiente abrió diligencias de investigación penal, por el uso de tecnología altamente contaminante en un área de especial interés natural

Mineira de Corcoesto afirmaba que su proyecto supondría la creación de 271 puestos de trabajo y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, elevaba la cifra a 1.400, al considerar los empleos inducidos. Eran tiempos en los que la Xunta consideraba la explotación un proyecto estratégico, que supondría una inversión de 110 millones de euros. El asunto fue tratado en la reunión que mantuvo Feijóo en julio de 2013 con el entonces embajador de Canadá en España, Jon Allen, a la que se incorporaron los 'conselleiros' de Economía e Industria y de Medio Ambiente.

La compañía llegó a deslizar que el presidente de la Xunta había pedido dinero a cambio de la concesión

Pero la polémica cambió de rumbo ese mismo año, solo unos meses después de ser aprobada la declaración ambiental, cuando la Xunta, contra todo pronóstico, anunciaba que no autorizaría la reapertura del filón si la empresa canadiense no acreditaba una “viabilidad” y unos “requisitos ambientales, técnicos y económicos” que no cumplía. Empezó ahí una batalla que tiene su último capítulo, quizás el definitivo, en la resolución de la comisión de arbitraje de Naciones Unidas. Una batalla en la que la compañía llegó a deslizar que el presidente de la Xunta había pedido dinero a cambio de la concesión.

Las acusaciones de corrupción las realizó el director de la multinacional, George Salamis. “Amigos del presidente [Alberto Núñez Feijóo] llegaron con ofertas de ayuda, lo que normalmente significa dólares en una maleta Samsonite”, escribía en un correo electrónico enviado el 12 de noviembre de 2014 al responsable de la filial en España. El 'email' fue incorporado al proceso judicial contra la Xunta abierto por Edgewater, como parte de su argumentación para establecer las trabas puestas por la administración. Feijóo tachó la acusación de “calumnia”, que atribuyó a que la empresa “no asumió que no se puede venir a Galicia a hacer negocio”.

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El proyecto ya estaba muerto, pero el certificado de defunción definitiva se selló en octubre de 2015, cuando el Gobierno gallego resolvió la declaración la caducidad de las concesiones mineras. La empresa nunca desistió oficialmente del proyecto ni de su intención de recuperar los 35 millones de dólares que asegura haber invertido, en una lucha que trasladó a los juzgados. Consideró que esa declaración y las acciones de la Xunta eran “manifiestamente ilegales y violan las obligaciones del Reino de España en virtud del derecho internacional”, por lo que anunciaba una batalla judicial.

En 2018, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avalaba la paralización basada en la falta de solvencia financiera y técnica del proyecto, y en marzo de 2019, el Tribunal Supremo respaldaba esa decisión. Acudió entonces Edgewater al arbitraje de Uncitral, pero ahí se ha perdido una de las pocas balas que la canadiense tenía en la recámara, si no la última.