La fiebre del litio: ilusión y alarma en el gran filón del noroeste peninsular

Unos se frotan las manos y otros ponen el grito en el cielo. Ilusión y alerta se extienden a partes iguales por el noroeste de la Península, donde se encuentra una de las mayores reservas de litio de Europa. De Cáceres al norte de las provincias de Pontevedra y Ourense, pasando por la región más septentrional de Portugal, los proyectos se multiplican al amparo del auge del coche eléctrico, que precisa del más ligero de los minerales para sus baterías. La mayor mina del continente abrirá en 2020 en Cepeda, Montalegre (Portugal), a escasos 10 kilómetros de España. A este lado de la frontera, Cáceres se revuelve contra una explotación en su término municipal, mientras en Galicia los ecologistas están alerta ante las prospecciones en hasta nueve municipios.

El caso de Cáceres permite aventurar que no todo es riqueza con la extracción del 'oro blanco'. Allí, la idea de explotar una mina a cielo abierto en San José de Valdeflórez, en la Sierra de la Mosca, cuenta con una gran oposición ciudadana, a la que se suma la alcaldesa María Elena Nevado, del PP, que tacha el propósito empresarial de “especulativo”. En Galicia, la alerta está en fase embrionaria, pero los proyectos van tan en serio como el coche eléctrico. Las prospecciones las realizan las empresas Salamanca Ingenieros, la canadiense Solid Mines España y Recursos Minerales de Galicia, y se desarrollan en los ayuntamientos pontevedreses de Fornelos de Montes, Cerdedo, Covelo, A Lama y Forcarei, y en los orensanos de Avión, Beariz, Boborás y O Irixo.

Además del intenso consumo de agua que acarrean las minas, presentan otros peros: la contaminación de la propia agua, impactos en el paisaje...

La Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) ha sido una de las primeras entidades en alertar del impacto en el medio que pueden provocar todas estas explotaciones, si finalmente prosperan, ya que conllevan los inconvenientes habituales de las extracciones a cielo abierto. Además del intenso consumo de agua que acarrean, presentan otros como la contaminación de la propia agua, impactos en el paisaje, introducción de caminos de exploración en ecosistemas sensibles, instalación de infraestructuras, impacto en la flora y fauna de la actividad industrial donde antes no la había y generación de residuos sólidos y químicos, entre otros efectos perniciosos. Sin desdeñar el riesgo de accidentes, con conocidos antecedentes en España.

El temor ecologista en Galicia se ve agravado por la aprobación en 2017 de la Ley de Implantación de Iniciativas Empresariales, tachada de “depredadora” por organizaciones como Adega. “Es una ley que facilitará la exploración y explotación de litio, una ley que favorece la inversión de capital extranjero para extracción de riqueza, que cotizará en las grandes bolsas financieras internacionales”, afirma un portavoz de la organización, con un lenguaje no muy distinto del de la alcaldesa cacereña del PP.

La clave de la ley, afirma Adega, reside en que aumenta la competencia de la dirección de Minas de la Xunta para resolver las solicitudes, “al margen de las consideraciones de ayuntamientos y de otros departamentos de la Administración, como Medio Ambiente o Patrimonio”. La Xunta trata de tranquilizar a los opositores con la promesa de una minería “sostenible”, aunque no oculta que sus esfuerzos se centran en “aprovechar y optimizar todos los recursos mineros con los que puede contar” la comunidad. El hecho de que el actual responsable de Minas de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces, esté imputado por supuesto trato de favor a una mina de wolframio explotada por una filial de Sacyr no tranquiliza a los ecologistas.

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Antonio Villarreal. Penouta (Ourense) Gráfico: Cristina Suárez

Ante la proliferación de planes mineros en la comunidad, la Xunta impulsó este mismo año la marca Minería Sostenible de Galicia, una campaña para contrarrestar supuestos “mitos y desinformación” contra el sector. La iniciativa surge desde la Cámara Oficial de Minería de Galicia, cuyo presidente, Diego López, ha salido en defensa del litio. “Difícilmente una empresa que opere en Noruega, Suecia, Australia o Canadá pondrá en riesgo su imagen promoviendo proyectos en Galicia con un entorno social tan desfavorable”.

Existen en España y Portugal minas de extracción de litio para la cerámica, pero todavía no opera ninguna de óxido del mismo mineral para baterías de los coches eléctricos, que es el punto de inflexión que ha revolucionado el sector. Se espera que para el año 2025, la demanda de litio en todo el mundo ascienda a 300.000 toneladas anuales, necesarias para satisfacer la creciente reconversión de la industria del motor hacia el coche eléctrico, lo que multiplicará por más de 10 la demanda actual. Es un escenario ideal para la especulación, según Adega, que denuncia que los precios se han incrementado en un 200% en los últimos tres años.

En España y Portugal todavía no opera ninguna mina de óxido del mismo mineral (el litio) para baterías de los coches eléctricos

Portugal cuenta ya con más de 40 solicitudes de prospecciones, lo que ha llevado a su Gobierno a lanzar un concurso de licencias para la exploración del territorio que ha atraído a numerosos inversores extranjeros, como la australiana Fortescue Metals, Group Exploration o Savannah Resources. Estas licencias de prospecciones se concentrarán en ocho zonas establecidas por la Dirección de Energía y Geología (DGEG), de las que tres se encuentran a menos de 70 kilómetros de la frontera gallega.

El más avanzado de todos los proyectos del país vecino se sitúa a 12 kilómetros de la frontera con Ourense. Tras varios años de litigios, debido a la competencia entre dos compañías por hacerse con la denominada Mina del Romano, el Gobierno portugués firmó en abril con la empresa de Braga Lusorecursos el contrato de explotación de los depósitos de litio y minerales asociados ubicados en Montalegre, muy cerca de Verín. La mina, que será la mayor de Europa, supondrá una inversión estimada de 500 millones de euros y, según sus promotores, supondrá la creación de cerca de 500 empleos. Una investigación de la RTP, la televisión pública de Portugal, descubrió que el propietario de la compañía, Ricardo Pinheiro, es uno de los acusados ​​en el mayor caso de fraude con fondos comunitarios que se recuerda en el país. Mientras unos cruzan los dedos para que la inversión se materialice, otros lo hacen para que se frustre un proyecto con creciente oposición a uno y otro lado de la frontera.