informe contra la actuación de la xunta

El Defensor del Pueblo asesta un duro golpe a la polémica mina de cobre gallega

Reprueba la actuación del Gobierno autonómico y de la promotora del proyecto extractivo de Touro, próximo a Santiago

Foto: Miles de personas claman en Santiago contra la mina de Touro-O Pino. (EFE)
Miles de personas claman en Santiago contra la mina de Touro-O Pino. (EFE)

El proyecto de la mina de cobre de Touro, en las proximidades de Santiago, se enfrenta a otro duro correctivo, el que le aplica el Defensor del Pueblo, que en un informe revela los inconvenientes del plan liderado por la multinacional Atalaya Mining y denuncia las deficiencias de la actuación de la Xunta. El documento, firmado por Francisco Fernández Marugán, señala que la mina se tramita con una evaluación ambiental incompleta y con expedientes sancionadores insuficientes, además de precisar la obligación de descontaminar los ríos de la zona antes de su eventual reapertura. Su informe ha sido saludado por las organizaciones ecologistas y criticado por la Cámara Oficial Minera de Galicia, que lo ve "plagado de contradicciones".

El informe fue realizado a instancias de una organización ecologista y con información de las 'consellerías' de Economía y Medio Ambiente de la Xunta. El Gobierno gallego interpreta el plan de Touro como una modificación de la concesión otorgada en 1958 para la extracción de pirita de hierro, aunque con un sustancial incremento de la afección superficial. Para el comisionado, en cambio, la modificación de la extensión supone necesariamente la modificación de la concesión, y no un simple cambio del proyecto. "No puede sostenerse", como hace la Xunta, que es "una mera modificación" del proyecto, "con el fin de excluir la tramitación prevista" para concesiones mineras. El Defensor acusa también al Ejecutivo autonómico de actuar de forma deficiente "por no sancionar al titular de la explotación por no presentar los planes de labores anualmente si la explotación estuvo en funcionamiento".

El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán. (EFE)
El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán. (EFE)

El Defensor reclama a Economía que resuelva el procedimiento de compatibilidad de derechos mineros con otros usos de interés público, en particular con su incidencia social y en el medio rural. "Y si se declara la prevalencia de otros intereses púbicos respecto a los nuevos derechos mineros, desestimar la solicitud de reinicio de actividad extractiva de cobre", alerta. Demanda además que se solicite al ente autonómico Augas de Galicia un informe de suficiencia de medios hídricos para el desarrollo de esta actividad, ante las dudas existente de que estén garantizados. La Xunta deberá asimismo impulsar un nuevo plan de actividades extractivas y someterlo a evaluación ambiental estratégica, antes de elevarlo al Consello de la Xunta.

En cuanto a Medio Ambiente, sugiere una inspección de la calidad de las aguas de los ríos directamente afectados por la mina de Touro. El objetivo consiste en averiguar el estado de la calidad de las aguas y si se cumple la normativa, comprobar que se han adoptado todas las medidas preventivas y correctoras para que cesen los vertidos irregulares e iniciar un procedimiento sancionador por las infracciones que se adviertan, incluido el incumplimiento de los plazos dados para la implantación de estas acciones. También se invita a esa 'consellería' a incluir en la declaración de impacto ambiental como condicionantes las medidas que aseguren la calidad de las aguas antes de iniciar la actividad, así como restaurar los espacios afectados por la actividad minera que hayan quedado sin restaurar y no estén afectados por el nuevo proyecto, igualmente de forma previa a la nueva actividad.

Francisco Fernández Marugán tacha de "insuficiente" la información remitida por la Xunta sobre la inspección del yacimiento y tira de las orejas al departamento de Economía por no haber inspeccionado la actividad en cinco de los últimos diez años. Sobre las inspecciones realizadas el año pasado, el informe acusa al Ejecutivo autonómico de ocultar información, pues no aportó ni el informe del inspector de Minas ni explicó de manera concluyente los nuevos procedimientos sancionadores. El Defensor del Pueblo subraya también que la explotación de áridos, que se realiza desde 2003, carece de un plan de restauración aprobado.

Son consideraciones que figuran en un informe de 19 páginas plagado de denuncias de irregularidades en el procedimiento y de advertencias del impacto ambiental que puede tener el proyecto de la empresa Cobre San Rafael, SL, participada por Atalaya Mining —con sede en Chipre y que explota las Minas de Riotinto en Huelva— y Explotaciones Gallegas, esta última como titular de los terrenos. La empresa calcula que creará en la zona algo más de 400 empleos directos y unos 1.000 indirectos, con una inversión inicial de 200 millones de euros. Sus planes pasan por la recuperación de una vieja explotación en los municipios de Touro y Pino, abandonada en 1986.

Más de 140 asociaciones, 33 ayuntamientos, dos diputaciones (las de A Coruña y Pontevedra) y 26.000 ciudadanos a título particular han expresado su rechazo al proyecto, que abarca casi 700 hectáreas con posibilidad de ampliarse a 2.000. El proyecto de explotación y evaluación de impacto ambiental provocó una avalancha de alegaciones y ha sido objeto de críticas desde el ámbito científico. Una de ellas la realizó a instancias de la Xunta la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), un grupo de estudio y defensa medioambiental encabezado por prestigiosos científicos, que alertó de consecuencias como la desaparición de hasta 20 manantiales y cinco depósitos de agua que abastecen a no menos de un centenar de viviendas y explotaciones ganaderas de siete localidades y la propia red de agua potable del municipio. Las críticas se extienden al riesgo para la ría de Aorusa, donde se encuentra el mayor banco marisquero de Galicia, conectada con la mina por el río Ulla.

La mina de cobre también pone en peligro la consideración del Camino de Santiago como Patrimonio de la Humanidad. Icomos, el órgano asesor del comité para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial de la Unesco, alertó en un informe de que el proyecto supone "una clara violación de la normativa de protección" que no solo invade el entorno del Camino Francés, sino que conlleva "la destrucción material de parte de su trazado". "En el caso de la pérdida de los valores excepcionales por los que fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial un Bien Cultural, o que el Estado parte no solvente los peligros comprobados o potenciales que afecten al Bien, este puede ser excluido de la Lista del Patrimonio Mundial", previene el documento, firmado el pasado 29 de octubre por la presidenta del comité español de Icomos, Alicia Castillo.

La Cámara Minera, en cambio, respalda el proyecto y censura el informe del Defensor del Pueblo. Su director, Diego López, afirma que el documento "contiene contradicciones desde el punto de vista legal", en tanto que la actuación de la Xunta "es lo contrario a deficiente". Sostiene López que el estudio firmado por Marugán "mezcla varios proyectos como si se tratara de uno solo". "La explotación actual tiene todos los permisos legales para operar, es un proyecto aprobado, que cumple los requisitos exigidos en el momento de su aprobación", apunta.

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