Abogados del Estado: una élite, una oposición muy dura... y cantera para el PP

La Abogacía del Estado nació en tiempos de la Restauración y se reconvirtió en los Servicios del Jurídicos del Estado en 1985. Es un cuerpo de élite de la Administración compuesto por poco más de 600 letrados, casi la mitad en excedencia, y ahora está en el foco de la actualidad por la exigencia de ERC de que favorezca la causa de su jefe Oriol Junqueras ante el Tribunal Supremo. Los responsables de asesorar jurídicamente a las administraciones y organismos públicos y defender los intereses del Estado ante todas las instancias judiciales pasan unas de las oposiciones más duras que hay en España, pero después tienen las mejores salidas políticas o empresariales. Los abogados del Estado han nutrido durante años los gobiernos del Partido Popular, primero los gabinetes de José María Aznar y muy en especial los de Mariano Rajoy. Y con Pablo Casado al frente del PP la saga continúa en el Ayuntamiento de Madrid con el alcalde José Luis Martinez-Almeida.

Después de sacar la licenciatura en Derecho, los aspirantes a abogado del Estado dedican entre 3 y 5 años a preparar las oposiciones en régimen de consagración plena para enfrentarse sucesivamente a tres tribunales, someterse a exámenes de 10 horas y desembocar en dos pruebas prácticas finales que incluyen la simulación de actuar en un asunto judicial y la presentación de un informe jurídico.

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Soraya Sáenz de Santamaría como vicepresidenta del Gobierno de Rajoy es la abogada del Estado que más lejos ha llegado en política después de aprobar las oposiciones con 27 años. Y la promoción de 1996, la llamada 'Gloriosa', la que más altos cargos ha llegado a copar: de sus 35 integrantes, 14 se repartieron entre la élite del Ejecutivo (subsecretarios, directores generales o responsables de organismos públicos varios), y las grandes empresas.

Rajoy sentó en su gabinete a tres abogados del Estado. Además de Sáenz de Santamaría, el presidente del PP contó en el Consejo de Ministros con María Dolores de Cospedal como titular de Defensa. Ella fue también fue la mano derecha de Rajoy como secretaria general del partido desde 2008 hasta el congreso del relevo en 2017. En ese mismo periodo fue también presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015. Retirada de la política al mismo tiempo que su jefe, Cospedal recuperó su plaza de abogada del Estado y, como tal, desempeña sus funciones de asesora jurídica en el Tribunal Supremo.

Otro abogado del Estado ministro, de Agricultura tanto con Aznar como con Rajoy, fue Miguel Arias Cañete hasta que después de encabezar las listas al Parlamento Europeo del PP se convirtió en comisario, puesto en el que se acaba de jubilar de la política después de casi cuatro décadas de servicio.

La élite de los servicios jurídicos de la Administración fue más cantera que nunca para el PP en los segundos escalones de los ministerios con el primer gabinete de Rajoy. Jaime Pérez Renovales, número 2 de 'La Gloriosa', redactó desde Presidencia del Gobierno y como subsecretario el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones (CORA), un organismo desde donde diseñó un ambicioso proyecto de modernización y ahorro en el sector público aplicado hasta donde lo permitieron las competencias de las Comunidades autónomas. Pérez Renovales se convirtió después en director de la asesoría jurídica del Banco Santander.

Otros altos cargos de la Administración procedentes de la misma promoción fueron Miguel Temboury, subsecretario de Economía y Competitividad; Luis Aguilera en el Ministerio del Interior o Lourdes Centeno, vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

A propuesta de Sáenz de Santamaría, el también abogado del Estado y miembro de 'La Gloriosa' Leopoldo González-Echenique llegó a director general de RTVE. De la misma promoción forma parte Iván Rosa, el marido de Sáenz de Santamaría que dejó los servicios jurídicos de la Administración para trabajar para Telefónica.

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El caso de Edmundo Bal es la excepción después de décadas de trasvases de la Abogacía del Estado a altos cargos en los gobiernos del PP. Bal saltó a las listas de Ciudadanos después de negarse a firmar el informe que reclamaba el Gobierno para que los independentistas catalanes procesados por la intentona secesionista del 1-O solo fueran condenados por el delito de sedición y no por el de rebelión.

Independientes por el hecho de tener plaza fija de alto funcionario, más una salida fácil al estar muy cotizados en el mundo de la política y la empresa, los abogados del Estado se encuentran con la papeleta de que su informe para el Supremo le tenga que valer a Pedro Sánchez para contentar a Junqueras.