La pequeña Nicolasa gallega niega "rotundamente" cualquier tipo de fraude

En España aún no se hablaba del pequeño Nicolás cuando Mónica A.F., de Ourense, comenzaba a usar las mismas técnicas en beneficio propio. Consistían básicamente en dárselas de influyente para estafar presuntamente a unos cuantos incautos. Llevaba en ello siete años, cerca de una veintena de ingenuos engañados y decenas de miles de euros ingresados según la policía cuando le echaron el guante, a principios del mes pasado. Ahora que el Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense ha levantado el secreto de sumario, su abogado reivindica la inocencia de su cliente y rechaza “rotundamente” la comisión de cualquier delito. La fiscalía discrepa y cifra en hasta 18 las personas que fueron timadas con la expectativa de encontrar un trabajo que nunca llegó. Según las denuncias, alguna llegó a pagar 30.000 euros.

No fue una sorpresa que Mónica A.F., de 44 años, fuera rápidamente bautizada como la pequeña Nicolasa ourensana, aunque en realidad llevaba un par de años practicando supuestamente las mismas trampas cuando Francisco Nicolás Gómez Iglesias saltó a la fama al ser detenido en 2014. En una ciudad de apenas 100.000 habitantes como Ourense, hacerse pasar por alguien importante sin serlo en realidad y no ser descubierto era prácticamente un milagro, pero a su favor jugó la vergüenza de las víctimas, que tardaron en reaccionar, y la manga ancha de algunas autoridades. El comisario de policía de la ciudad reconoció que desde 2015 sabían de sus andanzas, pero justificó la inacción policial por la ausencia de denuncias. El caso es que finalmente bastó que se presentara una para que la ficción se desmoronase. Fue detenida el pasado 3 de diciembre.

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La acusada no era del todo una desconocida, pero abultaba sus influencias. Una de sus bazas favoritas son las fotografías que coleccionaba con Mariano Rajoy o con Alberto Núñez Feijóo, muchas de ellas conseguidas en los encuentros de inicio de curso político que el PP –partido en el que milita– solía celebrar en septiembre en el castillo de Soutomaior (Pontevedra), un acto que no se perdía, y en el que no era difícil acceder a los líderes del partido. También coleccionaba retratos con el presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, entre muchos otros. En una provincia famosa por la proliferación de casos de enchufismo, no le fue difícil encontrar incautos que picaran sus ofertas de empleo público a cambio de dinero. Según la policía, al menos 18 accedieron a pagar, aunque solo 13 han presentado denuncia. En cuanto a la cantidad presuntamente estafada, los cálculos más conservadores hablan de 60.000 euros.

Su caída se debió a un exceso de ambición, que le llevó a denunciar a una de sus víctimas. Fue un caso extraño. De acuerdo con lo publicado por la prensa local, el estafado que destapó el caso había recuperado sus 30.000 euros por un empleo prometido y no logrado, pero tenía que hacer frente a la cólera de unos cuantos amigos a los que había arrastrado hasta la falsa conseguidora sin resultados. Reclamó en su nombre, y para sacárselo de encima, Mónica le denunció por amenazas, lo que activó el protocolo de protección y provocó que el denunciado perdiera su licencia de armas. Y por ahí no estaba dispuesto a pasar, así que se decidió a contarlo todo.

La del falso agresor fue la denuncia que provocó el fin de siete años de presuntas estafas. En su acusación, presentada en agosto, detallaba que la Pequeña Nicolasa había cobrado en metálico y entregado un papel, una especie de recibo donde se especificaba que el donante pasaba a ser “militante y compromisario del PP”. De nada sirvió que Mónica retirara la denuncia. La Fiscalía de Ourense ya se había interesado por el caso, y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) se hizo cargo de la investigación para averiguar lo que estaba ocurriendo. La presunta estafadora no tardó en ser detenida.

La víctima de la licencia de armas dijo más. Según relató a la policía, se lo había contado todo al entonces subdelegado del Gobierno, Roberto Castro, primero en una reunión privada y posteriormente en un encuentro celebrado en junio de 2018 en la comisaría de policía, en la que además de Castro estaba presente otra persona que fue identificada como el comisario. Ambos le animaron a presentar denuncia, pero no fue hasta que intervino el fiscal que se destapó el caso y la sospechosa fue detenida.

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El propio comisario, Juan Carlos Blázquez, admitió cuando se produjo la detención que hacía tiempo que sabía de las posibles estafas. También reconoció que analizó la supuesta actividad delictiva de la detenida con el anterior subdelegado del Gobierno, quien citó al comisario en su despacho para estudiar la situación. “Hubo quejas de víctimas, que nos aseguraron que había pagado sumas de dinero tras prometerles un puesto de trabajo en la Administración”, reconoció Castro, que coincidió con Blázquez en que se limitaron a instar a los afectados a presentar denuncia, pero que estos se negaron. Temían las consecuencias de sus propios actos: desde pagar por un puesto de trabajo en la Administración a conseguir falsos certificados de aptitud. Esta afirmación contrasta con la información facilitada por fuentes policiales tras la detención, cuando se habló de la existencia de hasta 13 denuncias.

El comisario y el entonces subdelegado del Gobierno no eran los únicos altos cargos que lo sabían. Según ha reconocido ahora, el alcalde de Os Blancos, Xosé Manuel Castro, tuvo conocimiento a principios del pasado verano de que una persona estaba ofreciendo trabajo en nombre del PP. “Recibí varias llamadas informándome de que una mujer rubia se paseaba por el polígono de San Cibrao ofreciendo trabajo en la Administración”, relató. Se hacía pasar por mano derecha de cargos políticos. “Yo pedí una explicación, porque de ser así, que se había ofrecido trabajo a cambio de dinero, yo me daba de baja. Me dijeron que eso era falso, un bulo, y dejé morir el cuento”. El PP anunció que se personará como acusación particular en el proceso judicial contra la detenida.

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Según fuentes policiales, Mónica A.F. se presentaba como mano derecha de distintos cargos públicos, de los que facilitaba sus nombres sin tapujos. Para adornarlo, repartía tarjetas de visita y documentos con membretes de administraciones públicas y del PP. Tenía una habilidad especial para entablar relación de amistad con sus víctimas, con el objetivo de manipularlas más fácilmente. Algunos de los estafados residen en Suiza, país en el que vivieron sus padres y del que tiene la nacionalidad. También contribuía a darse credibilidad el coche de alta gama en el que se movía, valorado en más de 80.000 euros. Entre los afectados hay varios miembros de una misma familia. En algunos casos, sus víctimas entregaron presuntamente todos sus ahorros a la Pequeña Nicolasa, y alguno tuvo que pedir un crédito para hacer frente al pago.

Mónica quedó en libertad tras prestar declaración en diciembre, aunque en calidad de investigada por 11 delitos de estafa continuada. Ahora que se ha levantado el secreto sumarial, y analizada ya toda la documentación de las diligencias judiciales, su abogado, Jorge Álvarez, apela a la presunción de inocencia de Mónica y niega que exista la comisión de ilícito penal alguno. “Se niega rotundamente que exista estafa alguna por importe de 60.000 euros o cualquier otro importe”, sostiene el abogado.