Fariña y asesinatos: una comisaría de Ourense, en el punto de mira de la Justicia

Dos juzgados de Ourense tratan de esclarecer por separado la maraña de presunta corrupción en la comisaría de la Policía Nacional de la ciudad. Los ingredientes son propios de novela negra: celos profesionales, mensajes anónimos, robo de armas, colaboración con narcotraficantes y un supuesto suicidio con pinta de asesinato. Por este último caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad ha imputado a dos hermanos gemelos, también policías, de los que sospecha que pudieron deshacerse de su compañero y simular que se había quitado la vida. Lo habrían matado porque sabía demasiado sobre muchas de las cosas que pasaban en comisaría, y entre esas cosas que sabían se encuentran las que investiga otro juez, el del número 1: la operación Zamburiña, por la que la Fiscalía acaba de acusar a tres policías de asesorar y proteger a narcotraficantes.

La fiscal cerró esta semana el escrito de acusación de la operación Zamburiña, en el que propone penas que suman 102 años de prisión para cuatro policías de Ourense y nueve integrantes de dos bandas dedicadas al tráfico de drogas, consideradas por la acusación como grupos criminales. El ministerio público relata la “relación simbiótica” entre los agentes, entre ellos el entonces jefe de la unidad antidroga, y los clanes, liderados por Josefa P. G., alias 'Pucha', y José Ramón R. R., conocido como 'Tronquito'. “Aprovechándose de su cargo”, los policías supuestamente prestaban cobertura a la actividad delictiva de ambos grupos. Los narcos recibían “protección” en sus operaciones, pero también “eliminaban competencia” a través de operaciones facilitadas por ellos, que permitían incrementar el prestigio profesional de sus presuntos protectores.

Los narcos recibían "protección", pero también "eliminaban competencia" a través de operaciones facilitadas a la Policía

El fiscal acusa al exjefe antidroga Antonio R. F. de un delito contra la salud pública, de revelación de secretos y omisión de perseguir delitos, por los que reclama siete años y seis meses de prisión. Para su compañero Felipe M. A., a quien atribuye además tenencia ilícita de armas, pide siete años y nueve meses, mientras que para la también policía Herminia Mercedes C. G. solicita seis años y tres meses. El ministerio público propone asimismo multas de hasta 300.000 euros e inhabilitaciones de hasta 15 años para cada uno de los tres agentes implicados por delito de drogas y revelación de secretos. El cuarto agente, José Antonio R. F., comprometido solo por revelación de secretos, se enfrenta a una posible pena de 5.400 euros de multa y dos años de inhabilitación. Todos ellos pertenecían al grupo de estupefacientes.

El caso se inició después de que en noviembre de 2014 apareciera el primero de una serie de anónimos sobre una supuesta trama corrupta que comenzó a investigar Asuntos Internos, para dar cuenta al juez y la Fiscalía. Los cuatro policías estuvieron implicados desde 2015, cuando fueron detenidos los otros nueve presuntos narcos a los que también acusa la Fiscalía. La investigación permitió además el hallazgo de más de ocho kilos de droga y dos armas ilegales. Fue la operación Zamburiña, en la que la supuesta red de tráfico de drogas dirigida por Pucha quedó descabezada, y los cuatro agentes policiales quedaron apartados del servicio por presunta connivencia. La complicidad era tal que, según el escrito de la fiscal, Antonio R. F. “llegó incluso a asesorar sobre la forma de actuar para realizar operaciones de compra o venta de drogas con éxito, con total impunidad”.

Los cuatro policías estuvieron implicados desde 2015, cuando fueron detenidos los otros nueve presuntos narcos a los que también acusa Fiscalía

Las escuchas telefónicas son la prueba principal que ha permitido fundamentar las acusaciones. Gracias a ellas, se pudo documentar, por ejemplo, un aviso a Pucha para advertirle de que “un sujeto ha querido delatarla”. También se relata la información que presuntamente facilitaban a los traficantes —cuando se sentían vigilados— sobre matrículas de coches, que en algún caso eran vehículos camuflados de la Guardia Civil o de Asuntos Internos. El grupo policial incluso abrió supuestamente una “investigación simulada”, denominada Compadre, para incorporar los nombres de los protegidos a la base de datos policial, de forma que saltara una alerta si alguna otra investigación los implicaba y poder darles el aviso. Fue cinco días después de que los implicados tuvieran sospechas de ser investigados en Pontevedra.

“No se trata”, sostiene la fiscal, “de una mera colaboración con simples confidentes para obtener información útil para el desarrollo de sus investigaciones, sino que van un paso más allá, facilitando abiertamente la actividad ilícita de las personas dedicadas a actividades contra la salud pública, con las que mantuvo un trato habitual, provocando con ello, además, la frustración de cualquier intento de investigación por parte de otros grupos de investigación”. Era una colaboración, añade, “que llegó a ser 'vox populi' en el mundillo del tráfico de estupefacientes”.

El juicio del caso, en el que policías y traficantes compartirán banquillo, determinará en qué desemboca la Zamburiña, pero la supuesta corrupción policial en Ourense no acaba ahí. Queda por resolver el aparente suicidio el 9 de abril de 2016 del agente Celso Blanco, que desembocó año y medio después de producirse en la detención de dos de sus compañeros de comisaría, hermanos gemelos, como presuntos responsables de su muerte. La relación entre los protagonistas de la Zamburiña y Roí P. L. y su gemelo y Bernardo es un misterio que difícilmente podrán resolver dos investigaciones que avanzan por separado, aunque no faltan en el ámbito policial quienes insistan en vincularlas.

El juicio del caso, en el que policías y traficantes compartirán banquillo, determinará en qué desemboca la Zamburiña

Según informó la prensa local, las actuaciones de juez y fiscal en el caso Zamburiña son observadas con recelo por los mandos de la comisaría, parte de la plantilla —representada por el sindicato SUP— y el principal grupo de la investigación, la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV). Desde ese entorno, se exonera al exjefe del grupo de drogas y a los otros tres policías implicados, a los que no atribuyen más que una simple mala praxis en el trato con confidentes. A los gemelos y al fallecido Celso Blanco, en cambio, les imputan el robo de seis armas y el anónimo enviado a Asuntos Internos que revelaba las irregularidades en el seno de la comisaría. Según esta tesis, los hermanos y el supuesto suicida habrían trazado un plan basado en pruebas falsas para perjudicar a sus compañeros. Y habrían simulado el falso suicidio de Blanco para que asumiera las culpas.

La vinculación entre uno y otro caso sería una cuestión de “celos profesionales” del jefe al frente de la Unidad de Estupefacientes hacia otro inspector, responsable del Grupo Operativo de Respuesta del mismo centro. Se metía en sus asuntos y les dejaba en mal lugar, sostienen fuentes relacionadas con el caso. Los gemelos habrían urdido el robo de tres pistolas en el verano de 2014 del búnker de la comisaría, para después atribuírselo ante Asuntos Internos a una red corrupta de agentes para pagar a sus confidentes del mundo del narcotráfico. En definitiva: el origen de la Zamburiña, que acaba de derivar en un escrito fiscal poco proclive a las tesis del SUP. La titular del juzgado número 3, mientras, investiga a los gemelos, entre otros presuntos delitos, por el homicidio de Celso Blanco. Una maraña de corrupción que seguirá investigándose por separado.