El Clínico de Santiago deja en manos del juez la concesión de la muerte digna a Andrea

Será un juez quien resuelva sobre Andrea, la niña de 12 años con una enfermedad grave y degenerativa a la que un hospital público de Santiago niega su derecho a morir dignamente que reclaman sus padres. La justicia decidirá si se refrenda el plan terapéutico que llevan a cabo los médicos o si, por el contrario, se aceptan las recomendaciones del informe del comité de bioética asistencial, que avaló la petición de los progenitores.

El gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, Luis Verde, ha defendido al equipo de pediatras que denegó la petición de los progenitores de Andrea. Ha asegurado que no existe “obstinación ni ensañamiento terapéutico” con la menor, y que de hecho “ya se está practicando una limitación del esfuerzo” del tratamiento. Pero para solventar las dudas, el hospital volverá a someterse a la opinión del juez, con el que ya se consultó a principios del verano.

La decisión del complejo hospitalario se toma después de que este lunes saliera a la luz la lucha de los padres de Andrea para poner fin al sufrimiento de su hija, que arrastra desde su nacimiento una enfermedad neurodegenerativa rara que la ha conducido a un estado irreversible, que se agravó en junio a causa de una trombopenia o merma de las plaquetas. La primera consulta al juez fue en el mes de julio, antes por lo tanto de que el comité de bioética emitiera su informe, con fecha del pasado 14 de septiembre, y antes también de que fuera de aplicación la ley gallega de derechos y garantías de la dignidad de las personas enfermas terminales, que entró en vigor el 16 de agosto.

“Seguiremos actuando conforme a lo que marca la legislación y la buena práctica clínica”, se ha defendido Luis Verde, quien ha asegurado que el servicio de Pediatría actúa “en la línea que marcan los principios de la buena práctica clínica y de la ética asistencial”. En esta nueva consulta, los pediatras facilitarán al juzgado tanto la historia clínica como el informe del comité, que avala la retirada de la alimentación asistida que la mantiene con vida.

Los médicos que atienden a Andrea aseguran que no será reanimada ni tratada si surge alguna enfermedad aguda, pero alegan que su vida en este momento no depende de ningún soporte mecánico para mantener sus funciones. Su única dependencia, añaden, es su incapacidad para ingerir alimentos, por lo que recibe directamente en el estómago líquidos y nutrientes mediante gastrostomía, que es la técnica “menos agresiva”.

Para los padres de Andrea, la alimentación asistida debe considerarse una obstinación terapéutica contemplada en la ley que regula en Galicia el derecho a una muerte digna. Los progenitores de la pequeña han recordado que no solicitan la eutanasia ni una sedación terminal, sino que no se le prolongue la vida “artificialmente” durante más tiempo. “Lo único que queremos es que Andrea cierre los ojos y podamos despedirnos de ella”, ha reclamado su madre.

El criterio del hospital ha encontrado el respaldo de la Xunta de Galicia. Entre la cascada de reacciones que ha provocado el caso de Andrea, una de las primeras en manifestarse ha sido la propia 'conselleira' de Sanidad, Rocío Mosquera, para afirmar que los médicos “cumplen con su obligación” y reclamar que se deje el asunto en sus manos. El presidente, Alberto Núñez Feijóo, mientras, ha instado a evitar “debates políticos abiertos sobre una situación dramática”.

La afirmación del titular del Gobierno gallego tiene como destinatario al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que este mismo jueves ha pedido a la Xunta que acepte la petición de la familia y se ha mostrado partidario de debatir sobre la eutanasia. “No cuenten conmigo para discutir con una persona que me da la sensación de que se acaba de enterar de que Andrea existe unos minutos antes de entrar en una radio”, ha afirmado Feijóo.

El portavoz del colectivo de SOS Sanidad Pública en Santiago, Xosé María Dios Diz, ha puesto nombre y apellidos al responsable de la denegación de la muerte digna a Andrea. En su opinión, el jefe de Pediatría del Complejo Hospitalario, José María Martinón, ha impuesto “una cuestión de tipo ideológico” al equipo de más de 20 pediatras que denegaron la petición de los padres. “No tiene sentido que no se aplique lo que están demandando los padres”, ha subrayado Dios Diz, quien ha recordado que la propia ley ampara esta posición de forma “clara y explícita”. El portavoz del colectivo ha criticado a la 'conselleira' por reclamar que decidan los médicos: “Hay que ir un poco más allá y cumplir la ley”.

También la Conferencia Episcopal se ha pronunciado en contra del “encarnizamiento terapéutico” en la asistencia a la niña gallega. “El médico tiene la obligación de intentar la curación y mejoría del paciente siempre que sea posible y, cuando no lo sea, permanece su obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfermo, aun cuando de ello pueda derivarse el acortamiento de la vida”, ha señalado el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo.

En rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal, Gil Tamayo ha explicado que la Iglesia está en contra de la eutanasia, “de la muerte provocada”, pero ha añadido que esta institución tampoco es partidaria “del encarnizamiento terapéutico”. Y en el caso de Andrea, ha matizado que se debe valorar la opinión de los médicos, pero también “el papel de los padres, que quieren lo mejor para su hija en medio del sufrimiento”, y el del comité de bioética.

La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha coincidido con Feijóo en pedir que “no se politice” el caso. En declaraciones a Europa Press Televisión, Joya ha opinado que lo que los padres de Andrea piden para su hija es “la aplicación de la eutanasia”. Todo lo contrario sostiene el presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, Luis Montes, que ha pedido “sensatez” y ha considerado que “sería muy doloroso” para los padres que tuvieran que llegar a los tribunales.