Los agentes de la UCO defienden el origen de la investigación a Zaplana con los 'papeles del sirio'

Ha sido uno de los elementos más controvertidos del caso Erial. En junio de 2015, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedieron a un piso de Valencia del abogado de Marcos Benavent, investigado en la causa de Imelsa y Taula, y se incautaron de diversa documentación relativa al procedimiento que llevaban en curso. Entre este material aparecieron cinco documentos, un artículo de prensa de El Economista sobre los parques eólicos adjudicados por la Generalitat valenciana y otros cuatro papeles con nombres y datos de empresas, algunas en Luxemburgo, como Imison Internacional, ligada a la familia Cotino. Tras unas primeras indagaciones y peticiones de documentación, los agentes interrogaron a Benavent, el autodenominado 'yonqui del dinero'. Este les dijo que los documentos se los había entregado un ciudadano de origen sirio, Imad al Naddaf Yalouk, quien al ser interrogado afirmó haber encontrado la documentación en una residencia en la Plaza de la Legión Española de Valencia. Se trataba de una vivienda que había sido propiedad del exministro de Trabajo hasta diciembre de 2016. Así nació el caso que ha llevado a Zaplana al banquillo de los acusados.

Desde que arrancó formalmente la investigación, la defensa de Zaplana ha tratado de cuestionar ese "hallazgo casual" de documentación que sirvió para iniciar la causa de Erial. Los abogados del expresidente de la Generalitat han reclamado su nulidad como prueba, con el objetivo de reclamar la nulidad de todo el procedimiento por entender que estaba contaminado de origen. Es la teoría del árbol envenenado, que ya sirvió a Zaplana para quitarse de encima el caso Naseiro cuando se anuló al declararse fuera de la legalidad las grabaciones que lo sustentaban.

A través de recursos lo han intentado durante la instrucción, aunque tanto la jueza instructora del Juzgado 8 de Valencia como la Audiencia Provincial de Valencia han rechazado esta pretensión. Este viernes, los agentes de la UCO que participaron en aquel registro, y declaraban como testigos en el juicio, han defendido la legalidad de su actuación, han explicado que actuaron en todo momento por mandato judicial, que seleccionaron esos documentos en el despacho del abogado de Benavent por entender que podían ser indiciarios de delitos y que remitieron al juzgado a través de un oficio todas sus sospechas en cuanto obtuvieron las primeras impresiones de que los papeles podían ser la punta del iceberg un posible caso de blanqueo de capitales al analizar en su conjunto los documentos.

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"Comuniqué a mi superior posibles indicios penales que no tienen que ver con Taula, pero con alusiones al envío de dinero Luxemburgo", explicó uno de los agentes en su testimonio, tras detallar que previamente el equipo que ejercía de Policía Judicial hizo un análisis de comprobación reclamando documentos notariales y consultando fuentes abiertas en Internet (noticias de prensa). "Me llamaron la atención dos protocolos notariales con compraventas de participaciones en Luxemburgo", señaló. Según dijo, era posible ver al trasluz de los papeles encontrados números de cuentas bancarias que habían sido tachados.

Otro de los agentes, que ejercía de Jefe de Grupo, explicó que es habitual que documentos que en apariencia no tienen una relación directa con los casos en marcha son requisados en los registros y terminan por arrojar nuevas pistas sobre los casos. "Hay ocasiones en las que la existencia de patrimonio oculto en el extranjero se descubre a raíz de entrada y registros de ese tipo. Hicimos un análisis somero en el registro", señaló tras admitir que los papeles no hacían referencia directa a las empresas del caso Taula y que, aun así, decidieron llevárselos. "A mí también me parecían de interés, tenían nombres de sociedades, y aparecía la palabra de Luxemburgo", señaló para añadir que, por su experiencia policial, los vínculos con el país centroeuropeo forman parte de causas ligadas a delitos económicos. “Después de once años de experiencia, dedicándome a la investigación económica y a otros casos de corrupción, una documentación así, para mí, significaba esa posibilidad de blanqueo”, insistió.

Muchas de estas referencias a Luxemburgo, nombres de sociedades y adjudicaciones se han demostrado ciertas. Los hermanos José y Vicente Cotino han confesado que se amañaron concursos y que pagaron mordidas a cambio. También el jefe de gabinete de Zaplana en la Generalitat, Juan Francisco García, ha admitido que se condicionaron los concursos y que se repartieron mordidas a cambio. Joaquín Barceló, amigo de la infancia del exministro, ha declarado que el dinero que se movió por el extranjero procedente de las comisiones era del expolítico y que él ejerció de testaferro suyo en cuentas bancarias y sociedades.

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Las defensas de algunos de los investigados, especialmente la de Zaplana, liderada por exfiscal Anticorrupción Daniel Campos, fue especialmente incisiva con los agentes, llegando incluso a tratar de buscar contradicciones con el fin de cuestionar su actuación policial. La petición de nulidad de toda la causa volvió a ponerse encima de la mesa en las cuestiones previas en el arranque del juicio el pasado mes de marzo. El presidente del tribunal, Pedro Castellano, comunicó a las partes que la cuestión de la nulidad será algo que se decida cuando finalicen las vistas y los tres magistrados deliberen y se pronuncien en forma de sentencia.

Los 'papeles de sirio' son uno de los elementos que se arguyen en esa búsqueda de nulidad. El abogado de Zaplana sostiene que se trata de documentos incautados del despacho de un abogado defensor, si bien los agentes explicaron que su entrada y registro, no solamente contaba con autorización y mandato del juzgado 18 del caso Taula y se hizo en presencia del decano del Colegio de Abogados de Valencia, sino que el letrado de Marcos Benavent, Ramiro Blasco Morales, colaboró en la detección de las cajas de documentos del caso Imelsa que iban buscando, les abrió la puerta del piso-despacho y les indicó qué cajas debían llevarse. Previamente, la Policía Judicial había detectado, a partir de los seguimientos, que se trataba de las mismas cajas que el hermano de Benavent había trasladado en un coche desde un almacén en Cofrentes.

Durante la primera etapa del caso Taula, Benavent colaboró con los investigadores. No solo en el asunto de Imelsa y piezas relativas a casos de corrupción que afectaba al Partido Popular de Valencia. También se ratificó en que fue Imad al Naddaf Yalouk quien le entregó esa documentación, bautizada como 'hoja de ruta' por los investigadores del caso Zaplana. Pero hace algo más dos años, coincidiendo con un giro de 180 grados en su estrategia de defensa, con cambio de abogado incluido y el cese de la colaboración con la Justicia, Marcos Benavent, afirmó en una de sus declaraciones en Taula que el asunto de los 'papeles del sirio' había sido "un montaje contra Zaplana".

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EFE

A la teoría de una supuesta conspiración se sumó en esas fechas el excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo. En una comparecencia en la comisión del caso Kitchen en el Congreso de los Diputados, a preguntas del parlamentario popular Luis Santamaría, amigo de Zaplana, el polémico comisario llegó a insinuar una posible operación del PSOE contra el exministro de José María Aznar: "Creo recordar que había un interés, no sé por qué, en destruir al Sr. Zaplana y se utilizó a un informador sirio, un confidente del CNI, no recuerdo ahora su nombre, para ver las fórmulas, en fin, de ver cómo, en fin…". Villarejo obvió que la detención del expresidente de la Generalitat se había producido con el popular Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Pero el abogado de Zaplana llegó a presentar un escrito solicitando la declaración como testigo de Villarejo para que explicase la "operación política" contra su cliente.

Este viernes, Campos no se atrevió a preguntar a ninguno de los agentes de la UCO que participaron en los registros, descubrieron los documentos y arrancaron la investigación contra Zaplana por una supuesta conspiración u operación oculta del Estado contra su cliente. Pero sí está previsto que Benavent (que acumula ya dos condenas en el caso Taula y no puede presumir de éxito en su decisión de dejar de colaborar con la Justicia) y Villarejo declaren como testigos a petición de las defensas. Los periodistas que siguen el juicio dan por hecho que darán espectáculo. Otra cosa es que el tribunal se los crea.