VENCE LA CONCESIÓN DE LA AP-7

Ábalos confirma: los valencianos dejarán de pagar peaje... y Abertis perderá 146 millones

El ministro afirma que los vehículos circularán de forma gratuita por el tramo de la AP-7 que gestiona la filial Aumar. Una parte del sector turístico aboga por instaurar un nuevo peaje blando

Foto: Peajes en El Vendrell, en Tarragona. (EFE)
Peajes en El Vendrell, en Tarragona. (EFE)

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, despejó este martes las dudas sobre el futuro modelo de explotación en el tramo de la Autopista del Mediterráneo (AP-7) que discurre entre Alicante y Tarragona. Ábalos aseguró que "al vencimiento" del contrato con la operadora Abertis el próximo 1 de enero, la AP-7 "dejará de tener peajes". "Hemos licitado la conservación de esa carretera con cargo al Presupuesto General para cuando llegue su vencimiento, igual que la AP-4 de Sevilla-Cádiz", señaló en declaraciones a À Punt, la televisión autonómica valenciana.

El ministro respondía así a la petición por parte de un sector empresarial alicantino de que ponga en marcha una suerte de "peaje blando" en el nuevo periodo que se abre el año que viene para financiar nuevas infraestructuras relacionadas con la carretera, como accesos a cascos urbanos o enlaces desde carreteras secundarias. También el sector turístico de la Costa Blanca ha mostrado sus reticencias a liberar una vía por el efecto que podría tener en el incremento del tráfico y, por tanto, en la percepción de los visitantes que la usan para llegar a destinos como Benidorm, Xàbia (Jávea), Dènia y otras poblaciones costeras.

Sin embargo, la presión social para terminar un modelo de explotación que se remonta a finales de los años setenta es muy fuerte. La concesión de Abertis ha sido prorrogada en varias ocasiones atendiendo a criterios económicos. Es una de las vías de mayor tránsito de España, especialmente los meses estivales, y, aunque cuenta con alternativas gratuitas de competencia autonómica en algunos tramos, son muchas las poblaciones de norte a sur de la Comunidad Valenciana a las que es imposible acceder por autovía si no es pagando. La determinación de Ábalos, influido también por la posición del PSPV, la segunda federación del PSOE en número de afiliados, es clara en favor del fin de la autopista de pago y el levantamiento de las barreras. Su electorado no entendería otra cosa, y más en plena campaña electoral.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos. (EFE)
El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos. (EFE)

Una de las razones por las que los contratos con Abertis se han renovado es el coste de mantenimiento de la autopista, que Fomento se ha ahorrado hasta ahora. El Gobierno anunció en agosto la licitación de los contratos de conservación por importe de 129 millones de euros. Ábalos insistió este martes en que se ha iniciado la tramitación administrativa de esos contratos. No obstante, no está claro si llegarán a tiempo para asumir el control de las carreteras el próximo 1 de enero y Fomento estaría barajando algún tipo de acuerdo puente con Abertis, según ha informado 'Economía Digital'. Todo ello, pendiente, como es evidente, de que de las elecciones del próximo 10 de noviembre no salga un Gobierno favorable a la renovación de la concesión, algo que no parecen dibujar las encuestas.

La mercantil Aumar, que es la flial que gestiona el tramo de la AP-7 que se va a liberar desde Alicante hasta Tarragona, aporta un buen bocado en términos de ingresos y beneficios a Abertis. En 2018, dos años antes del final de la concesión, se apuntó un resultado neto de más de 146 millones de euros sobre una cifra de negocio de 306 millones. Es decir, el margen neto es de casi el 48%, un gran negocio para la cotizada especializada en infraestructuras, que explota una carretera completamente amortizada desde hace varios años. Abertis se embolsó ese ejercicio un dividendo de 100 millones de euros. Las cuentas de 2019 todavía no se han publicado, pero es muy probable que arrojen un suculento beneficio para la operadora en el último año de concesión. Un aporte de liquidez a su balance que, muy probablemente, no recibirá en 2020 con la finalización del contrato.

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