Último acto de la superintendente Schmidt: juicio al saqueo en la Ópera de Valencia

Fue un frío 20 de enero de 2015 cuando efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional coordinados en un aparatoso dispositivo por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia irrumpieron en el flamante Palau de les Arts de Valencia, diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava. Tras una sucesión de escándalos ligados a la gestión del Partido Popular en la Comunidad Valenciana que comenzó con el destape de la trama Gürtel en 2009, le había llegado al turno a la joya de la corona de la política cultural conservadora.

A escasos meses de las elecciones de mayo, se abrió una causa por malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental en la que resultaba detenida la intendente del Palau, la reconocida gestora cultural vinculada al universo operístico Helga Schmidt; el que había sido su gerente entre 2007 y 2011, Ernesto Moreno; y que salpicaba a algunas personalidades conocidas de la burguesía de la ciudad: Pablo Broseta, el pequeño de los hijos del catedrático asesinado por ETA Manuel Broseta; el abogado José Antonio Noguera Puchol; o el banquero Joaquín Maldonado.

Apartada del puesto en 2015, Helga Schmidt salió del Palau de les Arts por la puerta de atrás. Ella dice sentirse engañada y abandonada

La operación había surgido a raíz de un informe interno elaborado por un empleado del recinto operístico que derivó en un segundo informe de la Intervención de la Generalitat en el que se pusieron de relieve irregularidades en la contratación. Tras casi dos años de instrucción, el instructor decidió procesar a Schmidt y el resto de investigados, una decisión que se confirmó en un auto de apertura de juicio oral dictado el 5 de diciembre de 2017. El juicio comienza finalmente este martes, si bien el abogado de la intendente, el exfiscal Carlos Saiz, ha solicitado un aplazamiento tras haber sustituido recientemente por enfermedad a su colega Miguel Bajo al frente de la defensa.

La imagen de Helga Schmidt sentada en un banquillo de acusados es algo que ella seguramente nunca imaginó cuando en el año 2000 atendió la llamada del entonces presidente Eduardo Zaplana, recomendada por el tenor Plácido Domingo, para preparar el proyecto de contenidos del Palau de les Artes, que no abriría sus puertas hasta cinco años después, ya con Francisco Camps al frente de la Generalitat. Schmidt, que residió años en la ciudad alojada en un hotel de cinco estrellas junto a la playa, y fue pionera en los contratos de alta dirección de la Administración autonómica, llegaba con un currículum intachable y avalada por su gestión en los mejores coliseos del elitista universo de la música culta.

La instrucción reveló que la creación de Patrocini fue un artificio innecesario que no contribuyó a elevar las aportaciones económicas

Nacida en Viena en 1941, diplomada en la Sorbona de París, directiva de la Ópera de Viena como adjunta a Herbert von Karajan, directora artística del Covent Garden de Londres… Schmidt fue el fichaje estrella elegido por los responsables políticos conservadores valencianos para intentar poner el Palau de les Arts en el mapa y atraer a la ciudad a las primeras figuras de la ópera y la música clásica. Eran los tiempos de vino y rosas en los que la burguesía local se daba un baño de ilustración musical engalanada con sus abrigos largos y muchas veces aprovechando el gratis total del reparto de entradas bajo mano de la Generalitat o las instituciones que financiaban palcos y plateas, desde Iberdrola hasta la extinta Bancaja.

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Quizás enredada por Moreno o el abogado Noguera o de forma consciente (es lo que tendrá que dilucidarse en el juicio), Schmidt cometió su primer gran error al participar en marzo de 2008 en la constitución de Patrocini de les Arts, una sociedad “con evidente ánimo de lucro”, según el instructor, con la que el Palau externalizó, en teoría, la búsqueda de mecenas y patrocinadores, algo que ya hacía el equipo interno del coliseo valenciano. Se creó un lustroso consejo de administración de Patrocini en el que, además de Noguera Puchol como presidente, y Maldonado como consejero, se incorporaron nombres como el de Javier Serratosa (Nefinsa), el presidente del Consejo Jurídico Consultivo, Vicente Garrido; o Agnés Noguera (Libertas 7). La propia Schmidt se sentó en el consejo de la mercantil incumpliendo la ley de compatibilidades y su propio contrato, según el auto de apertura de juicio oral.

La idea de crear una mercantil encargada de buscar patrocinios privados se vendió inicialmente como un mecanismo brillante para implicar a personalidades y empresarios locales y foráneos y contribuir a la financiación del costoso Palau de les Arts, un complejo que se comía (y sigue haciéndolo) un importante bocado del presupuesto de Cultura de la Generalitat. No hay imagen más reveladora de la farsa megalómana en la que se embarcaron los gestores públicos durante el ‘boom’ económico de la primera década del siglo XXI que los barracones y el edificio cochambroso en el que estudian los alumnos de música, canto y danza del Conservatorio de Valencia, para los que nunca llegaba el presupuesto público, pese a las fotos de turno junto a las estrellas del 'bel canto'.

Patrocini pronto pasó de nacer como posible aliado que iba a contribuir a buscar apoyo económico a la programación del Palau a vampirizar y canibalizar patrocinios ya existentes y quedarse con las comisiones, pactadas inicialmente en el 10% y que escalaron hasta el 30% en una novación posterior. Según el auto de apertura de juicio oral, el acuerdo entre el Palau y Patrocini de les Arts se saltó todos los procedimientos de publicidad, concurrencia y transparencia. El coliseo dependiente de la Generalitat, que no logra estabilizar un equipo gestor desde hace cuatro años, llegó a pagar más de medio millón de euros a Patrocini por organizar eventos musicales como Viva Europa y a comprometer casi 523.000 euros por comisiones por patrocinios con entidades como La Caixa, la Fundación Caixa Catalunya, Aguas Font Vella o Electrocimba.

La Fiscalía pide hasta ocho años de cárcel para los encausados por malversación, prevaricación y falsedad documental

En paralelo, en la misma causa, se ha investigado el pago con importantes sobrecostes a una sociedad representada por Pablo Broseta, Radcliffe & Asociados, de campañas de publicidad y comunicación que en realidad realizaba una tercera empresa, La Imprenta Comunicación Gráfica. “El Palau De Les Arts pagó a Radcliffe & Asociados S.A. por sus servicios un sobrecoste carente de toda justificación (como mínimo por importe de 294.419,65 € y pudiendo llegar hasta los 786.971,65 €). Este sobrecoste no justificado supone un perjuicio a los fondos públicos por dicho importe, consecuencia de la actuación de los acusados Ernesto Moreno Murcia y Pablo Broseta Dupré”, señala el auto judicial.

Por estos hechos, el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, decidió asignar a los encausados responsabilidades civiles por importe de 495.603 euros para Helga Schmidt; 899.667 a Ernesto Moreno; 495.603 a Noguera y Maldonado, cada uno; y 404.064 euros a Broseta.

Fulminada de su puesto en 2015 por la entonces 'consellera' de Educación y Cultural, hoy posible aspirante del PP a la alcaldía de Valencia, María José Catalá, Schmidt salió de Valencia (y de España) por la puerta de atrás de camerinos. Sin gloria ni aplausos. Enferma. Asegura que nunca cobró nada de los patrocinios externalizados y que se sintió engañada y abandonada por quienes pensaba que eran sus protectores en Valencia. Este martes comienza el juicio, con un posible aplazamiento a petición de la defensa de la exintendente, para quien la Fiscalía reclama siete años de cárcel.