Ascires, Quirón, Imed, Vithas… Disputa millonaria por las resonancias en Valencia

La Generalitat valenciana ha decidido ejecutar por fases su plan de rescate de servicios médicos privatizados durante los años de gobierno del Partido Popular. La Conselleria de Sanidad que dirige la socialista Carmen Montón se prepara para tomar el control a partir del 1 de abril del departamento de salud de La Ribera, el primero de los que cayeron en manos de la concesionaria sanitaria Ribera Salud. Este hospital y sus centros de atención primaria dieron nombre al llamado modelo Alzira, por el cual el Consell del popular Eduardo Zaplana encargaba a una empresa privada la construcción y dotación de las infraestructuras y le cedía su gestión al tiempo que le entregaba unas cantidades económicas en función de la población atendida.

Dos décadas después, este contrato original (al que siguieron otros: Elx, Manises, Dénia y Torrevieja) finaliza y Sanidad ha decidido no prorrogarlo y asumir la gestión asistencial de forma directa. La concesionaria participada por Centene y Banco Sabadell ha recurrido el acto administrativo por razones de forma y solicitado su suspensión cautelar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que de momento ha rechazado sus pretensiones.

Carmen Montón ha optado por un modelo mixto de transición que durará al menos dos años en el que las empresas del sector ya empiezan a posicionarse

Esa determinación con Ribera Salud a la hora de revertir sus activos sanitarios a la red pública no tendrá réplica al 100% en otro de los servicios privatizados cuyo contrato toca a su fin, el de las resonancias magnéticas y el diagnóstico por imagen. Se trata de otro contrato millonario que entró en vigor en 2008 y que presta una unión temporal de empresas compuesta por Eresa (ahora Ascires), Inscanner y Beanaca. La adjudicación fue muy criticada por los partidos de la oposición durante los años de gobierno del PP tanto por su importe como por el hecho de que se propiciase un único lote que acabó en manos de la alianza empresarial compuesta por los grupos locales.

Erescanner, que así se llama la UTE, presta servicio en 16 hospitales públicos y su contrato, que ha sido prorrogado, finaliza el próximo 30 de septiembre. Un informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente al ejercicio de 2013 concluyó que la Generalitat podría llegar a ahorrarse hasta 16,7 millones si asumía la prestación con medios públicos, aunque desde el adjudicatario se alegó que el órgano fiscalizador no tuvo en cuenta el volumen comparativo entre resonancias realizadas en el sector público y el privado a la hora de realizar sus estimaciones económicas.

La 'consellera' Montón había anunciado que su departamento asumiría de forma íntegra el servicio, pero finalmente, ante la evidencia de que la Generalitat no está preparada todavía para prestarlo, ha optado por un modelo mixto de transición. Tal como establecía el contrato, los hospitales públicos integrarán como propios los equipos de Erescanner, ya amortizados, y comenzarán a realizar las pruebas de forma directa. A estos equipamientos sumarán otras nueve máquinas financiadas por la Fundación Amancio Ortega.

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Víctor Romero. Valencia

Además, con el fin de que no haya un vacío en el servicio, Sanidad ha iniciado el procedimiento para concertar con el sector privado las pruebas de radiodiagnóstico. La intención es licitar cinco lotes. Los tres primeros son temporalmente más cortos (seis meses) y pasan por contratar unidades móviles para los hospitales de Requena, Vinarós y la Vila Joiosa. Los otros dos lotes restantes supondrán la prestación de radiología en las provincias de Valencia y Alicante. En total, se estima que se pondrán en manos de contratistas privados cerca de 16 millones de euros, un precio más barato del que actualmente paga Sanidad a Erescanner. Pero no es descartable que lo que en principio se presenta como 24 meses de contrato implique nuevas prórrogas, una posibilidad que ha agitado a los actores sanitarios con presencia en la Comunitat Valenciana.

Los socios de Erescanner no tienen ninguna intención de reeditar su UTE, por lo que es muy probable que Ascires e Inscanner-Beanaca pujen por separado. No serán los únicos. En el sector se da por hecho que habrá más aspirantes, todos aquellos grupos privados que tienen las resonancias en su cartera de servicios. Aquí entran Vithas (la firma de los Gallardo que el año pasado cerró la compra de Hospitales Nisa) o el Grupo Imed, que acaba de abrir un nuevo hospital privado en el área metropolitana de Valencia.

Igualmente se da por hecho que estudiará los pliegos el Grupo Quirón, aunque en su caso puede producirse un conflicto de intereses, pues su jefe de Radiología en el Hospital Quirónsalud Valencia, Luis Martí Bonmatí, lo es a su vez del servicio de Imagen Clínica del Hospital La Fe de Valencia, uno de los centros de referencia del sistema público.

La presencia del jefe de Imagen del hospital público La Fe como responsable de Radiología de Quirón en Valencia puede generarle conflicto de intereses

En ámbitos empresariales se ha especulado con la posibilidad de que el abogado José María Mas Millet tenga también interés en forjar alguna alianza sanitaria para pujar por algunos de los lotes, pero el modelo de transición elegido lo hace más apetitoso para compañías con equipos e instalaciones ya en marcha, en servicio y con consultas de diagnóstico de procedencia privada que complementen las que recibirán desde el sector público. Mas Millet ensayó negocios sanitarios en los años noventa con Juan Villalonga. Incluso sigue sin liquidar dos sociedades compartidas con el expresidente de Telefónica, Euromedical Care y Health Europe, aunque sin actividad societaria ni registral.

El letrado también participó en el intento de comprar a los dueños de Eresa (la familia Saus) un paquete accionarial en la sociedad Sistemas Genómicos, fundada por el biólogo Manuel Pérez-Alonso. Finalmente no se produjo acuerdo y Pérez-Alonso decidió abandonar Sistemas Genómicos y crear una nueva empresa, Imegen, de la que Millet fue consejero hasta noviembre del año pasado, cuando pasó a estar controlada por Qualitas Equity Partners, el fondo de capital riesgo participado por la familia Polanco. Los Saus y sus exsocios han mantenido un duro pulso en los tribunales que finalmente han ganado los propietarios de Eresa (Ascires).