Anticorrupción pide cuatro años de cárcel para los Calabuig (Aguas de Valencia)

La Fiscalía Anticorrrupción ha presentado un escrito de acusación ante la Audiencia Nacional en el que reclama la apertura de juicio oral y la pena de cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación contra el ex consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, y el ex director general de Bancaja, Aurelio Gómez Izquierdo, por un delito de administración desleal en la compra de participaciones de Costa Bellver, una inmobiliaria propiedad de la familia valenciana Calabuig, dueños a su vez de la concesionaria Aguas de Valencia.

En el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, el Ministerio Público considera a los empresarios, uno de los grupos más influyentes en la Comunidad Valenciana, colaboradores necesarios de unas operaciones que provocaron en 2009 un perjuicio de más de 30 millones en el Grupo Bancaja, posteriormente intervenido por el FROB. Por ello reclama la misma pena para los hermanos Eugenio, Enrique, Pedro, Celia y Mercedes Calabuig. A su vez solicita dos años para José Cortina y Manuel Setién (ambos directivos de Bancaja Habitat), también por cooperación necesaria.

La Fiscalía sostiene que Parra y los Calabuig sortearon la ley deliberadamente para beneficiar a la familia "de forma fraudulenta"

La instrucción de esta pieza, en manos del juez Santiago Pedraz, se remonta a 2012, cuando el FROB decidió enviar a la Audiencia Nacional operaciones presuntamente irregulares protagonizadas por Parra en el Banco de Valencia, intervenido con un agujero multimillonario.

La entidad valenciana, a través de la sociedad Agval, con la que compartía con los Calabuig la propiedad de la concesionaria Aguas de Valencia, decidió en 2009 destinar fondos de su filial a adquirir participaciones de Costa Bellver, una inmobiliaria que la familia castellonense había adquirido a su vez meses antes los fundadores originales y a sus primos por 18,7 millones de euros, a un precio medio de 30.896 euros por acción.

En mayo de 2009, Agval, en la que Domingo Parra ejercía de secretario del consejo de administración, comenzó a comprar acciones de Costa Bellver a los Calabuig y su sociedad Fucsa. Sin embargo, el precio pagado fue muy superior al que apenas tres meses antes habían desembolsado estos. La filial del banco desembolsó 49,9 millones de euros, lo que significaba valorar cada acción de la compañía en 84.088 euros.

El baile de títulos no se frenó ahí. Un paquete importante de esas acciones (536 de 594) fue revendida en julio desde Agval a Bancaja Hábitat a un precio similar. Hábitat llegó a ostentar el 46% del accionariado de Costa Bellver efectuando un pago un 195% superior al efectuado dos meses antes “sin que se haya acreditado una causa que justificara ese aumento de precio de la acción”, señala el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

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Eduardo Segovia / Agencias

Durante la fase de instrucción, Pedraz encargó un informe pericial al Banco de España que fijaba el valor real de las acciones de Costa Bellver en el mercado en 26.190 euros cada una en 2007 y en 16.899 euros en 2009. El informe fue fechado en agosto de 2017 y ratificado posteriormente en noviembre del mismo año pasado. La última compra de títulos de Costa Bellver por parte de Agval se produjo en julio de 2009 por 46,2 millones de euros (de nuevo a 84.088 euros por acción).

Anticorrupción señala que Domingo Parra no sometió la operación al consejo de administración del Banco de Valencia “incumpliendo la normativa interna” de la entidad. La Fiscalía sostiene que tanto él como los Calabuig sorteraron "las normas básicas de actuación bancaria de forma consciente y deliberada” cuando aprobaron en los órganos de gobierno de Agval la adquisición de participaciones de Costa Bellver, a pesar que existía “un conflicto de intereses” y que se beneficiaba “de forma fraudulenta” a la parte vendedora, en este caso los hermanos y su empresa Fucsa.

El escrito de acusación reclama 30 millones al exbanquero y los empresarios por el perjuicio económico a Bancaja y el FROB

Una circunstancia similar se produjo en la recompra por parte de Bancaja, socio de control del Banco de Valencia. Por orden de Aurelio Gómez Izquierdo y de José Cortina, el consejero delegado de la filial Bancaja Hábitat, se realizaron los desembolsos económicos sin que fueran analizados por el consejo de administración “ni por un órgano tasador de la misma, que hubieran podido detectar un precio por acción muy superior al real”. El perjuicio para Bancaja fue de 25,2 millones, señala el escrito.

Insiste Anticorrupción en que los hermanos Calabuig y la empresa Fucsa “obtuvieron unas ganancias con la venta de acciones de Costa Bellver que de otra forma no hubieran conseguido”. Y añade: “Causando los acusados un perjuicio económico a las entidades financieras que representaban”.

Esta es la razón por la que Anticorrupción reclama también una responsabilidad civil para los acusados de 5,4 millones en favor del FROB y de 25,2 millones en favor de Bankia Hábitat, de los que deberán responder de forma “directa y solidaria”.

La empresa volvió a manos de la familia

Paradójicamente, en virtud de las condiciones del rescate financiado por la Unión Europea, Bankia tuvo que desprenderse de sus participaciones empresariales. Una de ellas fue la que Bancaja Habitat tenía en Costa Bellver, considerada no estratégica. El banco inició una búsqueda competitiva de inversores para colocar el paquete de la inmobiiaria. Procedió a la subasta en marzo de 2016 y llegó a firmar una opción de venta. Pero se vio obligado a comunicar la operación a sus socios de Fucsa (que aún conservaban participaciones) por si querían ejercer el derecho de adquisición preferente que los otorgaba la ley. Así lo hicieron. El 13 de abril de 2016, pagaron un millón de euros (a 1.293 euros por acción) por unos títulos que habían vendido siete años antes por algo más de 65 millones (a una media de 84.000 euros), según recoge el escrito del Ministerio Público.

Bankia exige ahora una indemnización por el perjuicio que considera que sufrió con el cruce de compras de la sociedad Costa Bellver.

CaixaBank se descuelga

La que se ha descolgado del procedimiento judicial es CaixaBank, heredera del Banco de Valencia, pese a que Anticorrupción cifra en 5,4 millones el perjuicio que sufrió con las operaciones presuntamente irregulares. Caixabank ha renunciado a cualquier acción que le pudiera corresponder en este caso”, indica el escrito de la Fiscalía. Este alejamiento del banco que preside Jordi Gual de los procesos que afectan a los Calabuig está relacionado con los acuerdos suscritos en julio de 2014 para dar por finalizada la guerra con la familia castellonense por el control de Aguas de Valencia. La familia de empresarios, a través de Fucsa, pagó a la entidad catalana con sede en Valencia 90,4 millones de euros por el 49,9% que poseía en Agval. Al tratarse de la mercantil que Parra empleó para canalizar la compra de Costa Bellver, CaixaBank ha renunciado a realizar reclamaciones económicas.