El Banco de España cifra en 60.600 millones las pérdidas por el rescate a la banca

“Me gustaría especificarlo muy claramente, aquí no hay un coste para los contribuyentes españoles”. Esta es sólo una de las frases que repitió el Gobierno (esta en concreto es de Luis de Guindos) cuando se aprobó el rescate europeo a la banca española para dejar muy claro que "no costará ni un euro". Hoy el Banco de España pone las cifras sobre la mesa y sus cuentas son muy diferentes: el Estado perderá finalmente 60.600 millones de euros, el 80% de los 77.000 millones inyectados.

Esta cuantía se financió por dos vías: una parte fue dinero público de los contribuyentes, que se canalizó a través del Frob y otra, aportaciones de la banca al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). En total, el Frob inyectó 56.800 millones de euros, de los cuales el Banco de España estima que se perderá en torno al 70%. Lo que no iba a costar ni un euro serán finalmente 39.500 millones de euros que no se recuperarán.

En cuanto a la participación del FGD, que se financia con aportaciones de la banca, pero que forma parte del Estado, ya que se cataloga como parte de la Administración Central, ascendió a casi 22.000 millones de euros. De este dinero se perderá finalmente algo más del 90%, en un agujero que asciende a 21.000 millones de euros. "Es una cifra que está pendiente, por la privatización de Bankia y BMN", ha señalado el ministro de Economía esta mañana en Bruselas a los medios, "lo de los 60.600 millones quedan condicionado a esto".

Estos son los cálculos del Banco de España recogidos en su libro blanco 'Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014' publicado hoy, con el que quiere completar la información de la crisis del sector financiero que se desató en el año 2008. Desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero empezó a rescatar entidades financieras se han destinado casi 77.000 millones de euros a la causa, un cálculo que no incluye los avales entregados a las entidades financieras, ya que no son inyecciones de capital y una buena parte ya se han recuperado.

La historia ha enseñado a los economistas que es mejor rescatar un banco que dejarlo caer (Lehman Brothers es probablemente el mejor ejemplo), pero ahora que la crisis se está acabando y que vuelven los beneficios al sector, los contribuyentes españoles toman conciencia de que los bancos no devolverán las ayudas y serán ellos quienes tengan que pagarlas (hasta hoy son deuda pública, esto es, no se han pagado).

A finales de 2015 el Estado había recuperado algo más de 4.100 millones de euros, apenas el 5% de todo el dinero inyectado (el BdE no ha cerrado los datos de 2016 a la espera de conocer los resultados del Frob). De esta cuantía, en torno a 3.500 millones se corresponden a ayudas públicas del Frob y unos 700 millones a las aportaciones del FDG. Esto no significa que se haya perdido el 95% restante, ya que a día de hoy el Estado conserva dos activos importantes que generarán un ingreso a las arcas públicas cuando los venda: Bankia y BMN. El Banco de España estima que el Gobierno puede recuperar otros 12.200 millones de euros con las desinversiones que tiene pendientes (ya ha conseguido algo más de 1.300 con la desinversión en Bankia) y otros instrumentos híbridos que conserva.

En total se recuperarán en torno a 16.300 millones de euros de los 77.000 gastados, esto es, sólo se recuperará uno de cada cinco euros. De los 60.600 millones de euros que se perderán, en torno a 39.500 millones correrán a cargo del contribuyente, mientras que 21.000 millones los ha aportado el FGD. ¿Cuánto son 60.600 millones? Sirva como comparativa que esta cuantía sería suficiente para volver a llenar la 'hucha de las pensiones' que se ha vaciado durante la crisis, hasta el punto de superar el máximo histórico de ahorro que se alcanzó en el año 2011.

De Zapatero a Rajoy

Aunque la mayor parte de las ayudas se concedieron bajo el paraguas del rescate europeo, no fueron todas. Todas las inyecciones de dinero público se canalizaron a través del Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), instrumento que se creó en 2009 bajo la presidencia de Zapatero. En total utilizó casi 57.000 millones de euros, un 74% de todas las ayudas. El resto fueron aportaciones del Fondo de Garantía de Depósitos, una entidad enmarcada dentro de la Administración Central cuya gestión está compartida entre el Gobierno, el Banco de España y la banca y que se financia con aportaciones de estas últimas.

A pesar de todo lo que se ha dicho, el contribuyente español todavía no ha empezado a pagar el rescate. Las ayudas se financiaron con deuda, en total con 50.300 millones de euros según los datos de Eurostat. España no ha salido del déficit ningún año, lo que significa que todavía no ha podido empezar a pagar el coste de las ayudas a la banca, que sigue pesando sobre el pasivo de las Administraciones Públicas. El apoyo al sector financiero fue uno de los motivos por el que la deuda pública española se disparó hasta superar el 100% del PIB durante la crisis. De hecho, el coste de las ayduas financieras no deja de aumentar y en 2016 el Estado destinó en torno a 3.000 millones de euros para apoyar a las entidades nacionalizadas.

El rescate más costoso para el Estado será el de Catalunya Banc, según las estimaciones del BdE. Esta entidad recibió 13.900 millones de euros, de los cuales 12.600 corrieron a cargo del Frob y 1.300 del FGD. Con ese dinero se saneó la entidad y se vendió posteriormente al BBVA y el Estado apenas ha recuperado el 8% del capital inyectado. El resto, algo más de 12.700 millones de euros, se han perdido para siempre.

Sin embargo, Catalunya Banc no fue la entidad que recibió más dinero público, fue BFA-Bankia. El banco procedente de la fusión de siete cajas de ahorro recibió 22.400 millones en inyecciones de capital e instrumentos híbridos, aportados todos ellos por el Frob, esto es, dinero de los contribuyentes. De toda esta cuantía, el Banco de España estima que se recuperarán unos 9.750 millones de euros con la venta de la entidad en el futuro (ya se han colocado 1.300 millones). Esto significa que el coste del rescate de BFA-Bankia ascenderá a 12.700 millones de euros.

La mayoría de las entidades que recibieron ayudas públicas ya están rescatadas, saneadas y vendidas, por lo que el Estado ya sabe que no recuperará ni un euro más de lo que haya podido conseguir hasta ahora. En total son casi 47.200 millones de euros que ya se pueden dar por perdidos, pase lo que pase. El mantra de que no se sabe cuánto dinero se perderá finalmente con todo el rescate a las entidades financieras viene de que el Estado conserva el capital de BFA-Bankia y BMN, pero entre las dos entidades el BdE calcula que se pueden conseguir poco más de 10.000 millones, lo que será insuficiente incluso para financiar sus propios rescates. De los 47.200 millones que ya se han perdido, 28.200 millones fueron aportados por el Frob y 19.000 millones por el FGD.

El 'carry trade'

El cálculo de las ayudas públicas del BdE excluye los avales del Estado a la banca, que supusieron una ayuda importante durante la crisis. Pero hubo otras ayudas 'encubiertas' cuyo impacto nunca se ha calculado. Fueron las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo a los bancos en 2011 y 2012 que posteriormente éstos utilizaron para comprar deuda pública. Las entidades recibían los fondos europeos de los dos programas LTRO a unos tipos de interés muy favorables, y los destinaban a comprar deuda pública en una operación conocida como 'carry trade'.

En ese momento las primas de riesgo de los países periféricos estaban muy estresadas, por lo que ofrecían un tipo de interés muy elevado. Los bancos se beneficiaron durante varios años de ese diferencial de tipos que permitió engrosar su cuenta de resultados. O como explica el BdE, “obteniéndose así importantes ingresos por el diferencial existente en los tipos de interés”, aunque no realiza un cálculo de cuánto ganaron los bancos con esta operativa. El resumen de esta operación era una transferencia del Estado a los bancos a través de los intereses de la deuda, en una operación que las entidades financiaban con el dinero barato del BCE.

En ese momento (inicios de 2012) España atravesaba los peores momentos de la crisis. Las entidades estaban ahogadas en los mercados financieros y las empresas destruían empleo a raudales. Para recuperar la confianza de los mercados, el ministro de Economía, Luis de Guindos, puso en marcha un proceso para elevar la solvencia de la banca obligando al sector a acumular provisiones de varios miles de millones. Fue el decreto conocido como Guindos I (posteriormente vendría el segundo), que aumentó la restricción de crédito y llevó a pérdidas a todas las entidades. El 'carry trade' se convirtió en el único negocio rentable para los bancos, además sin incorporar riesgo a sus balances, ya que la deuda pública se consideraba un activo de máxima calidad.

¿Quién tuvo la culpa?

El informe del Banco de España sobre la crisis del sector financiero huye de analizar quiénes fueron los culpables de que el Estado vaya a perder en torno a 60.600 millones de euros. El texto de la entidad se limita a describir lo que ocurrió sin conclusiones, pero hay algunas excepciones. Son pequeñas licencias que se toma la entidad para fijar su posición. Una de ellas es en la que defiende su labor de supervisión, que permitió al sistema bancario español “resistir razonablemente bien los primeros efectos de la crisis financiera internacional”. Entre 2007 y 2009 las entidades españolas apenas sufrieron presión en los mercados “entre otros aspectos, por la práctica supervisora española”, señala la entidad. Posteriormente vino el descalabro de la economía y todo se vino abajo.

También deja un pequeño 'recado' a la CNMV por la comercialización de productos de alto riesgo a clientes sin conocimientos financieros. El escándalo de las preferentes fue la punta de lanza de todos los instrumentos híbridos colocados por las entidades con el visto bueno de la CNMV. Fue una situación excepcional de las entidades españolas, ya que en otros países apenas ocurrió. “El caso español revestía la singularidad de que gran parte de estos instrumentos (83% del volumen invertido) habían sido comercializados entre inversores minoristas”, señala el BdE, que reconoce que fue “un problema de inadecuada comercialización de parte de estos instrumentos a clientes minoristas, que desconocían el riesgo que estaban asumiendo”.

El Estado no pudo buscar fórmulas que no incluyesen la inyección de capital porque no hubiese podido despedir a los banqueros

El BdE también critica la mala gobernanza de las entidades antes de la crisis, que dificultaron los rescates. Si las ayudas se hubiesen canalizado a través de préstamos no convertibles en capital, el Estado podría haber recuperado más dinero, sin embargo, era necesario cambiar a los equipos directivos para profesionalizar la gestión de las entidades, de lo contrario, presidentes como Rodrigo Rato (de Bankia) hubiesen podido continuar al mando de las operaciones. Para forzar su salida, era imprescindible inyectar capital para que el Estado se quedara en propiedad esas entidades y pudiese cambiar sus cúpulas. Este fue uno de los motivos por el cual se descartó la opción que podría haber sido más favorable, ya que “sólo atacaban a los síntomas, sin producir la necesaria reestructuración”, señala el BdE.

El Banco de España explica que denunció a la Fiscalía hasta 70 casos “susceptibles de ser constitutivos de delito” debido a la mala gestión de las entidades. También el Frob ha sido muy activo ante los tribunales, personándose en 21 procedimientos penales y ha trasladado 57 informes 'forensic' a la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada.